Puedes comentar, criticar, aportar o discutir cualquier opinión aquí reflejada.

Para leer el articulo pincha en el titulo y se abrirá en su totalidad.

Debajo de cada artículo se abre la opción "Comentario", escribe tu opinión, crítica o aportación y pulsa "enviar".

 


Si lo que quieres es escribir, envíanos tu escrito a agrupacion@socialistasdealmoradi.es y lo publicaremos.

dom

19

ago

2018

Reforzamiento del Sindic/ a de Greuges

 

 

 El Consell aprobó el pasado 3 de agosto el Proyecto de Ley de la Sindicatura de Greuges, institución autonómica regulada, hasta ahora, por una Ley del año 1988. En diciembre hará 30 años (Arturo Lizón, primer Sindic). La Consellería de Transparencia ha sido la impulsora de este proyecto normativo que cuenta con 96 artículos. La institución estatutaria pretende englobar el conjunto de derechos incorporados en nuestro Estatuto (Titulo II), con la reforma de abril del año 2006, anudándoles a los del Titulo I de la CE. En la exposición de motivos se proyecta la lucha contra la desigualdad social, y la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia. Hay en el nuevo texto pretendido una lucha en pos de la participación ciudadana, en pos de una ética pública, de la transparencia y el buen gobierno. En el seno del texto aprobado como proyecto de ley por el Consell se conjugan armoniosamente aquellos conceptos entorno a la cohesión social, esqueleto vertebrador. El poder público tiene el deber de rendir cuentas a la ciudadania.

 

 

 El proyecto de ley se nos presenta como un instrumento jurídico ex novo, acomodado a la nueva realidad social, para que a la Sindicatura de Greuges se le de un revulsivo y un dinamismo en su trabajo cotidiano. Ya está bien que se le identifique sólo como una magistratura moral o de persuasión. Cumple un papel trascendente en el ámbito territorial valenciano y en el modelo de Estado social y democrático de Derecho, vigente en la Comunitat.

 

 

 Es difícil encorsetar en un articulo las ideas-fuerza que se contienen en el texto. Pero hemos de reseñar algunos aspectos de interes. Para elegir al Sindic o Sindica la mayoría necesaria pasa de 2/3 a 3/5 partes del pleno de Les Corts. Se troca numéricamente de titular de la Sindicatura y dos adjuntos, a tres adjuntos /as, priorizando la igualdad de género, al punto de que debe de haber una presencial mínima del 50% de mujeres entre la persona titular y las sindicaturas adjuntas (en total, 4). Hay una mayor concreción y detalles del conjunto de instituciones y administraciones públicas valencianas sometidas a investigación. Llama la atención la posibilidad – iniciativa de la misma Sindicatura- de utilización de formulas de conciliación /mediación cuando se entrevea la posibilidad de acordar entre quejoso y administración investigada. Sabido es que nuestra institución autonómica no es entidad legitimada para acudir directamente ante el Tribunal Constitucional para impetrar justicia en este orden jurisdiccional. No obstante lo cual, el proyecto de ley contiene la posibilidad de instar la (i)) interposición de recursos de amparo (interesándoselo al Defensor del Pueblo y al Ministerio fiscal). Contiene también la facultad de instar (ii) recursos de inconstitucionalidad ante el TC (interesándoselo a Les Corts, al Consell y al Defensor del Pueblo); igualmente la posibilidad de interponer (iii) conflictos de competencia ante el TC (interesándole, entre otros, al mismo Consell). Naturalmente, que cuando se aprecien razones fundadas para instarlo.

 

 

 Llama la atención el compromiso que asume la nueva normativa de la Sindicatura en su labor de promoción, difusión y divulgación de la actividad cotidiana. Esta labor inmensa no puede permanecer oculta, debe salir a flote. A las instituciones se las quiere y se las ama cuando se las conoce, y cuando sabemos de la loable labor que despliegan en su contribución al Estado Social. Es muy importante el “procedimiento”, para que éste no se eternice, y así la norma establece que la conclusión de las quejas a instancia de persona interesada concluirá en 3 meses, con “resolución motivada”, indicando si ha sido vulnerado el derecho o libertad de la persona. De cara a la seriedad y debida atención a la institución, es importante señalar que si se apreciase indicios racionales de la “presunta comisión de ilícitos penales” en las conductas obstaculizadoras, en los comportamientos hostiles, o cuando se produzca un sistemático entorpecimiento de las autoridades o personas cuyas actuaciones o inactividades investigue, se dará cuenta al Ministerio Fiscal o incluso comunicar a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

 

 

Este texto apunta maneras. Vamos a ver si en la tramitación parlamentaria incluso se mejora.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

1 comentarios

mar

07

ago

2018

Se avanza en violencia de genero

 

 Piano, piano si va lontano. Se ha de recordar que el Pleno del Congreso vino en aprobar en septiembre del año pasado un texto propuesto por todos los grupos parlamentarios para insuflar vida a un Pacto de Estado en materia de Violencia de Genero y Doméstica. Hay derechos fundamentales en juego como la igualdad (art. 14 CE), el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE), debiendo el poder público remover obstáculos para que eso no suceda (art. 9.2 CE). La violencia de genero se ha cobrado la vida de 947 mujeres en toda España desde el año 2003; tantas como la banda criminal ETA en más de 40 años. Tristísimo. Dicho pacto había sido elaborado sobre la base de propuestas formuladas, en 43 sesiones llevadas a efecto, por 66 expertos/as en violencia contra las mujeres, dando sus opiniones en la Subcomisión creada ad hoc. Se colige, entre todos, que debe haber una ruptura del silencio y un reforzamiento de la prevención. Esto es un claro espacio público que nos concierne a todos, nada recóndito, pues.

 

 La educación es nuclear para superar el presente estadio: (i) reforzar valores de igualdad, (ii) prevención de violencia, asi como (iii) la educación afectivo- sexual. Hay que introducir novedosos indicadores de seguimiento en los protocolos contra el acoso escolar. La implicación de los medios de comunicación es básica para trocar la situación  y no difundir ideas sexistas. De ahí la necesidad de poner en funcionamiento un Código de Publicidad no Sexista. Hay que luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, debiendo las empresas de una determinada entidad elaborar propuestas contra el acoso laboral. Esta es la realidad que viene, que está aquí.

 

 Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, son al fin y a la postre, los receptores de la delincuencia de genero. Y pesa sobre ellos una intensa labor que les supera. No puede ser que hagan jornadas maratonianas, terminando muchos de ellos a altas horas de la tarde. Eso lo vemos en el dia a día de la praxis. Se conforman unidades de apoyo en el ámbito municipal para identificar posibles victimas, sin necesidad de que exista denuncia penal previa. Se debe fiscalizar que en las empresas,  obligadas por norma, se aprueben los planes de Igualdad. Hay en consecuencia, todo un torrente de medidas que progresivamente deberán ser implementadas y anudadas con el necesario soporte presupuestario.

 

 Así, en el BOE del pasado sábado 4 de agosto, se da otro pasito más aprobando el Gobierno via Decreto-ley – instrumento normativo que considero no adecuado para estas materias- unas medidas urgentes para el desarrollo parcial del meritado Pacto de Estado. Através de esta norma de urgencia modifica algunos preceptos de la Ley Orgánica 1/2004 (primera norma aprobada por el Gobierno Zapatero) que no tienen dicho rango de ley orgánica. Se da una respuesta efectiva en relación a la asistencia a las victimas y a sus hijos e hijas menores. Esta norma de urgencia tiene por finalidad fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las victimas. Se trata de una mayor participación de la victima en el proceso penal. Los Colegios de abogados y procuradores deben ponerse las pilas para las designas inmediatas y urgentes de los letrados y procuradores del turno de oficio. Debe asegurarse su inmediata presencia. El Letrado deberá tener incluso la representación de la víctima hasta la personación de la misma en el proceso. Esto se engarza con la permisión a la victima de personarse como acusación particular “en cualquier fase del procedimiento”.

 

 Los titulos habilitantes para acreditar la condición de victima se amplían: no sólo sentencia, también orden de protección, o cualquier otra resolución judicial que acuerde medida cautelar, informe del Ministerio Fiscal que observe indicios, informes de los servicios sociales municipales, servicios especializados o servicios de acogida. Estos titulos propiciarán el acceso a las ayudas públicas pertinentes. Además va a ser una competencia básica de los Ayuntamientos, introduciéndose en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, según la Disposición final primera: o) “Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género”. Debemos estar todos unidos en esta gran batalla de la igualdad.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

mar

07

ago

2018

Neutralidad de los poderes públicos

 

 

 La neutralidad no es un concepto vacuo o sin alma. Hay neutralidad institucional ideológica y religiosa en nuestra Norma Fundamental.  Hace referencia al conjunto de garantías que el Estado ha de observar para asegurar la salvaguardia y realización efectiva de los derechos fundamentales a la (i) libertad ideológica y (ii) religiosa, en un régimen de pluralismo de convicciones y de creencias, en palabras del Tribunal garante de la Constitución.

 

 El mandato de neutralidad ideológica de las administraciones públicas se halla recogido en el art. 103.1 CE cuando señala que “La Administración sirve con  «objetividad» los intereses generales..”. Hay una exigencia normativa a los medios de comunicación de titularidad públicos (RTVE, etc.) para que esa neutralidad se proyecte en la recepción del pluralismo político-social, en una sociedad democrática. En definitiva, para que sea permeable al conjunto social. Cuando se exige esa neutralidad ideológica de los poderes públicos se está extendiendo, por ende, al servicio público. El Estatuto básico del empleado público expresa la objetividad, la profesionalidad y la imparcialidad en el servicio a los demás. Estas exigencias presiden el fundamento de la actuación de los servidores públicos ante la ciudadania. Y esto, por encima, o al margen, de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, corporativas o clientelares. Los servicios públicos han de hallarse a cubierto de toda colisión entre intereses particulares, políticos,  o de cualesquiera otro signo, y los intereses generales. Es algo así como el paraguas protector de la lluvia fina del subjetivismo interesado.

 

 Cuando se colocan cruces en espacios públicos municipales, cuando se coloca una pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat, a favor de políticos presos, se está afectando sobremanera la “neutralidad institucional”. ¿Porqué? Porque hay una «subjetivización ideológica» del gobierno de esa institución, que choca con la libertad ideológica de los que no piensan así. Cuando se accede a la gobernabilidad de una institución hay toda una separación entre el “ser” y el “deber ser”; entre lo interno y lo exógeno.

 

 Hay que preservar la imparcialidad ideológica; y así, sólo se pueden colocar en edificios públicos los símbolos y rotulaciones oficiales reconocidos por la Constitución y el Estatuto de Autonomia. Se debe preservar la imparcialidad ideológica de los espacios y edificios públicos, así como de los actos institucionales. 

 

 Esta misma exigencia se demanda de la neutralidad religiosa de las Administraciones públicas. Ninguna confesión tendrá carácter estatal (art. 16.3 CE), lo que viene a suponer la proclamación, formulada en sentido negativo, de la aconfesionalidad, neutralidad o laicidad del Estado. El art. 16.3 de nuestra Carta Magna trascribe la decisión del art. 137 de la Constitución alemana de Weimar, incorporado a la actual Ley Federal de Bonn de 1949, de acuerdo con el cual “no existe una Iglesia del Estado”.

 

 Esa exigencia constitucional conlleva que los poderes públicos asuman no identificarse ideológicamente con ninguna expresión colectiva del fenómeno religioso. De ahí – y es un ejemplo palmario- que los actuales ministros socialistas con su Presidente a la cabeza, hayan tomado posesión de sus cargos sin crucifijos o biblias, como antaño, sino ante la Constitución española, norma positiva superior ante la que se deben, con obligada observancia.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

28

may

2018

PSOE y moción de censura

 

 

 La situación que está viviendo la sociedad española – y las que le tocaría vivir con las siguientes sentencias sobre corrupción que van a ser dictadas por los Tribunales- es ya de absoluto vértigo. Como simple ciudadano me resisto a creer que tengamos inevitablemente que convivir con éste trágala permanente. Un día sí y otro también. El Presidente de Gobierno – aún a pesar de la gravedad de la sentencia de la AN- no se va a mover un ápice de su posición, respondiendo con argumentos banales a una sociedad que se ha hecho adulta, y que ha aprendido muchas lecciones. Incluso muchos militantes honestos de la formación conservadora han dicho que “basta”, que esto no es aceptable políticamente. Así es imposible continuar.  Se ha advertido ya que el Presidente –opcional, previa deliberación del Consejo de Ministros- no va a utilizar la capacidad de disolución de las Cortes Generales que le otorga el art. 115 CE, para hacerse el harakiri; y todas las formaciones son conscientes que ha llegado la hora del “relevo” en la gobernación del Estado. Que hay que pasar página.

 

 

 Como quiera igualmente que el Presidente no va a utilizar la «cuestión de confianza», residenciada constitucionalmente en el art. 112 CE, la situación tiene que ser, en consecuencia, “forzada”. Ciudadanos – 32 diputados- no puede proponer per se su moción de censura “instrumental” – como le califican, siendo constitucionalmente constructiva-, que sólo se habilita a la décima parte de los Diputados (35) para proponerla. ¿Qué otras opciones, pues, son proyectables para trocar esta situación de sempiterna hediondez?

 

 

 El Grupo parlamentario socialista, en ejercicio del art. 113 de la CE, ha planteado, raudo, la moción de censura (art. 113 CE) que es el instrumento más poderoso y efectivo de control parlamentario sobre el Gobierno. Esto es así, debido a la teleología que persigue, que no es otra que apartar al Gobierno. El modelo español de moción de censura, que se inspira en el modelo alemán, está pensado para garantizar al máximo la estabilidad del Gobierno. Esto explica las dos caracteristicas que la definen: (i) que se presente un candidato alternativo y que la (ii) mayoría exigida para su aprobación sea la mayoría absoluta.

 

 

 Es evidente – convendrán- que con 85 diputados, de 350 que tiene el Congreso, no se tiene capacidad para gobernar, pero si, si es apoyado por 176 diputados, para nombrar un interino Presidente de Gobierno y, por ende, un ejecutivo que desemboque en dar la palabra al pueblo para que soberanamente se pronuncie. Creo que este es el sentido de la presentación de este instrumento de exigencia de responsabilidad política. En consecuencia, si esta es la finalidad, el resto de fuerzas, que comparten la necesidad de cambio de rumbo directivo de este país, deberían de apoyar la misma. Y especialmente Ciudadanos. Repito: con el compromiso de que en meses se habría de convocar nuevas elecciones y que la ciudadania decida.

 

 

 Por supuesto que en ese breve lapso temporal, quien pretenda ser candidato, deberá de dejar muy claro que la unidad de España, y el respeto a la CE y al resto del ordenamiento jurídico están fuera de toda duda, y se exigiría en cualquier circunstancia la aplicación de la ley. Para evitar, claro está, cualquier suspicacia y presiones que se van dar inevitablemente. Es posible que en los dos días siguientes al de la fecha de presentación de la moción, puedan interponerse mociones alternativas, como señala el art. 176 del Reglamento del Congreso. El debate comienza con la defensa de la moción por parte de uno de los Diputados firmantes de la misma, sin límite de tiempo. Le sigue en el turno de la palabra el candidato propuesto para ser Presidente del Gobierno, al que tampoco se le marca ningún tiempo límite. No deja de ser curioso – como establece el art. 177.1 Reglamento Congreso- que esta intervención versará sobre el “programa político de Gobierno que pretende formar”. Creo que ese programa será muy parvo en objetivos dada la premura para la que ha sido nombrado. Normalidad. Acostumbrémonos a que esto es la aplicación del Estado constitucional.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

1 comentarios

lun

19

mar

2018

Bautizos y funerales civiles

  

 

Era noticia hace unos dias el Ayuntamiento de Riba-roja porque su Pleno municipal aprobaba bautizos y funerales civiles con el fin de aumentar –señalaban- los derechos de los habitantes de la ciudad. En realidad lo que hacian era aprobar la Ordenanza fiscal para el cobro de las pertinentes tasas por los matrimonios civiles, la acogida ciudadana (bautizos), el compromiso ciudadano (confirmación), y las exequias y despedidas de la comunidad sin féretro. En España se ha producido un gran cambio social e ideológico desde la libertad religiosa insita en el art. 16 de la Constitución. La sociedad democrática acuna la tolerancia y el respeto en la diversidad. Esta libertad comporta el derecho a que nadie sea criticado por optar libremente en función de sus creencias religiosas o morales, en asumir compromisos personales y celebrar ceremonias y ritos conforme a la pluralidad de confesiones existentes en España. Es nada más y nada menos que el valor superior de la libertad lo que está en juego. Este reconocimiento se dota de plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales. Señalemos que el contenido del derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente a injerencias externas de una esfera de libertad individual o colectiva que permite a los ciudadanos actuar con arreglo al credo que profesen.

 

 

Por tanto, muchos Ayuntamientos españoles han aprobado sus propias Ordenanzas reguladoras – en ejercicio de la potestad reglamentaria- del «envés de lo religioso» (la ceremonia civil) en locales adscritos por el poder público local. Esto, señalemos, no es ninguna novedad, porque en muchos municipios vascos es una realidad normativa desde hace tiempo. Tal es el caso de Santurzi, Zarautz, etc. También se ha dotado el Ayuntamiento de Betancuria, antigua capital de Fuerteventura, con tan sólo 714 habitantes en 2016. Igualmente en municipios asturianos como Aviles, Grado, Miéres, Riosa, etc. El fundamento de estas normativas se halla en los arts. 10 (la dignidad y el conjunto de derechos como fundamento  del orden político y de la paz social), 14 (igualdad formal sin discriminación) y 16 (libertad religiosa y de culto).

 

 

Lo que hacen los diversos entes locales que han aprobados estas Ordenanzas no es otra cosa que garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto de las personas y comunidades sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Es claro que la realización de funerales u homenajes civiles por fallecimiento nace de la necesidad social de ofrecer una ceremonia digna y personal a las personas que han escogido libremente vivir, sin aditamento religioso alguno, de conformidad a cómo la persona difunta concebía la vida.

 

 

La persona y su dignidad frente a la concepción de la vida merece un respeto. Y esa posibilidad de despedida u homenaje es un derecho y una libertad que el poder público puede y debe ofrecer al difunto y a su familia, si es su deseo. ¿Ha habido alguna actitud adacadabrante como consecuencia de la formalización de los matrimonios civiles oficiados por el Juez o por el Alcalde? Es evidente que no. Que hay resistencias de algún integrismo, nadie lo duda. Esto es extensible, claro está, a la celebración en locales municipales del bautizo civil de un niño/a, entendido como ceremonia civil y laica de bienvenida o acogimiento social a la comunidad de vecinos, y que consiste en un acto solemne en el que los padres puedan presentar a su hijo menor de edad y hacer público su compromiso de educarle en los valores cívicos de la dignidad de las personas. Y se anota en un Registro creado ad hoc.

 

 

Siendo rigorista, se ha de recordar aquello que decia Demócrates (s.1 aJC): “La vida es un tránsito; el mundo es una sala de espectáculos; el hombre entra en ella, mira y sale”. Pero también – y en su reverso- está la esperanza, la llegada, el compromiso, lo que ha de venir....

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

Doctor en Derecho

 

1 comentarios

vie

16

mar

2018

A CADA UNO LO SUYO

 

 

El pasado día 14 se publica en el Diario de la Vega la visita de la directora territorial de Educación, Tudi Torró a la localidad de Almoradí para continuar con las gestiones del Plan Edificant en este municipio. Fue recibida por la alcaldesa y la concejala de educación.

 

Posteriormente realizaron una visita a los distintos centros de la localidad para comprobar las demandas de las obras solicitadas, algunas de las cuales ya se encuentran en fase de licitación.

 

Dentro del plan, se incluye la construcción de un CEIP previsto para tres líneas y un total de 30 aulas con una inversión aproximada de 7 millones de euros.

 

El equipo de gobierno ha manifestado “ que tiene como prioridad, la construcción de dicho centro, por lo que seguirán trabajando y cumpliendo todos los objetivos marcados por la Conselleria.”

 

Sólo faltaba que se opusieran a colaborar con la Conselleria y se perdieran las mejoras en los centros existentes y la construcción de un nuevo colegio que hace falta para eliminar los barracones que existen en la localidad. Al mismo tiempo deben tener en cuenta que esta es su obligación que para eso les eligieron, para gestionar a favor de los ciudadanos.

 

Lo que les debe quedar claro es que cuando gobernaba su partido en la Generalitat, no pudieron ni siquiera plantear la construcción de este centro durante al menos dos legislaturas. Ha sido necesario que llegase un gobierno de izquierdas para que les plantease este gobierno qué necesidades tiene la localidad y darle soluciones. Este gobierno si administra los recursos a pesar de estar infrafinanciado y busca solucionar las necesidades de todos los ciudadanos.

 

Los gobiernos del PP, solamente se ha preocupado del partido, los amiguetes y el bolsillo propio, al mismo tiempo ha dilapidado el dinero que debían destinar a educación, sanidad, servicios sociales etc. Y lo dedicaron a la construcción de obras faraónicas o mausoleos ( el aeropuerto del abuelo, Terra Mítica, Ciudad de la Luz, Auditorio Internacional, circuito F1, etc) que han resultado ser ruinosas, sirvieron para desviar dinero, están sin uso o se han malvendido.

 

Por lo tanto creo que no deben arrogarse éxitos que no lo son puesto que les vienen dados por la buena gestión de un gobierno que sí piensa en los ciudadanos de toda la comunidad sin distinguir si son de Valencia, Castellón o Alicante. La política es un servicio, no es servirse.

 

Y como muestra de hacer política, comparen el trabajo del gobierno de la Generalidad, con el de la Diputación, que margina de las subvenciones a los ayuntamientos que son de otro signo político.

 

 

 

Miguel Gras.

 

1 comentarios

lun

04

dic

2017

Siempre nos quedará la Constitución

 

 

  Parangonando la célebre frase de Humprey Bogart a Ingmar Berman, hacia el final de la película “Casablanca” (Michael Curtiz, 1942) cuando se tienen que separar: “Siempre nos quedará Paris”, aún con los errores de traducción – dixit. Recurrimos a ella para intentar evadir o minimizar situaciones adversas, contrariedad, congoja por lo que estás viendo y dolor emocional. Eso mismo siente este escribidor cuando algunos políticos platican y se refieren a la Constitución con un cierto desdén. O se atragantan en loas que en un plis plas chocan, sonrojante, con la realidad de su quehacer cotidiano. La conclusión a la que inevitablemente colijo es que muy poquita gente tiene, de verdad, intenciones de adecuar la Carta Magna a la realidad social. Hay excusas por doquier. Por muchas soflamas que visualicemos.

 

  Es muy recurrente el argumento del Presidente del Gobierno, cuando reitera aquello de: “no hay demanda social”, y, “primero, saber qué se quiere reformar; que lo digan”. Cuando es él, precisamente por el puesto de preeminencia que ocupa, quien tendría que tenerlo claro y poner encima de la mesa su proyecto de reforma constitucional. O si no quiere reformarla, que lo diga con claridad. No con melifluas consideraciones. Hay actitudes forzadas, hay rictus puramente artificiosos y, sobre todo, sobreactuación, mucha sobreactuación. De sentimiento y querencia constitucional, lo justo, aún a pesar de todo lo que oigamos y veamos. El teatro es una rama de las artes escénicas que irradia un espacio de contemplación. Pues eso, que hay mucho teatro. Y la ciudadania, mientras tanto, en pura actitud contemplativa.

 

  En consecuencia, en esta legislatura no se verá la tan ansiedad reforma de la Constitución española de 1978. En esa línea se halla J. Pérez Royo ( La reforma de la constitución inviable, Catarata, 2015). Cree que no es posible su reforma porque la Constitución se hizo para que no pudiera ser reformada, en la medida en que descansa en un principio de igualdad “domesticado”, con la finalidad de asegurar la restauración de la monarquía. Y- señala- la alternativa es reforma o desintegración.

 

  Independientemente de los argumentos de éste constitucionalista, hay otras razones que entiendo subyacen: 1ª.- Precisamente porque hay cuatro partidos nacionales, con fuerte implantación, y cada uno va a su onda. Aún a pesar de que creíamos que una policromía política propiciaría más facilidad para el pacto y el acuerdo, estamos viendo claramente que no es así, para nada. Que hay más dificultad. Y en muchas ocasiones son los primeros espadas lo que quieren erigirse en protagonistas, sin mirar hacia detrás.  2º.-Porque ninguno quiere dar baza alguna al contrario (en temas tales como el espacio territorial, la introducción del modelo de Estado federal, ni siquiera en el trocamiento de algún principio rector de la política social y económica como derecho fundamental, etc.). Hay clara cortedad de miras. No hay mirada larga, puro ombliguismo. 3º.-Las mayorías reforzadas que establece la CE 78 impiden esos acuerdos, que deben tener una base popular de consenso muy extendida, 4º.-La oportunidad para hacerla. En los estertores de la legislatura, porque implica la disolución de las Cortes. Todo un recorrido de obstáculos muy alambicados.

 

  Creo que de esta pretendida reforma debiera participar la propia ciudadania, asumiendo el protagonismo que merece, interesando de los plenos municipales adopten acuerdos para pedir que las grandes formaciones políticas llegaren a algún tipo de acuerdo básico. Hemos de repetirlo: la ciudadania española no puede seguir siendo mera convidada de piedra. Son sus intereses los que están en juego. Porque la CE tiene un carácter vinculante (no sólo es pura norma político-institucional), porque hay que rellenar, a la par que remarcar más acentuadamente, los contenidos esenciales de los derechos fundamentales y ampliarlos; y de otra parte, hay que “europeizar” la Constitución.

 

 

  JUSTO GIL SANCHEZ  

 

0 comentarios

mar

17

oct

2017

Tac, tac, tac ¿cómo está lo mío?.

 

  Mira uno la pagina del Congreso de diputados sobre Propuestas de reforma estatutaria y encuentro una cierta desolación, antaño frondosa.  Durante esta XII Legislatura, se han presentado varias. La mas reciente es la presentada por la Región de Murcia el dia 10/05/2017, siendo su autora la Asamblea Regional, con mayoría minoritaria del partido conservador. Pretenden – por mor de la exigencia del partido Ciudadanos- señalar que “no hay margen, ni razón, para seguir manteniendo esta figura del aforamiento especial para los diputados de la Asamblea Regional de Murcia, ni para los miembros del Consejo de Gobierno, que si bien deben seguir protegidos en el ámbito de la libertad de expresión parlamentaria y política, no deben continuar ajenos a la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que ajenos a su normal desempeño parlamentario les impliquen de forma directa en cualesquiera procedimientos judiciales de cualquier ámbito jurisdiccional”. La situación parlamentaria de esta Propuesta es que se halla en la Comisión Constitucional del Congreso en fase de presentación de Enmiendas. Es difícil que fructifique si ésta propuesta de reforma no se incardina en la legislación estatal, con el consenso de los grandes partidos mayoritarios, y extensible a todos. ¿Cómo se va a aplicar en una Comunidad y en otra no? Aparte otros condicionantes técnico-constitucionales.

 

  Canarias, de otro lado, presentó su Propuesta de reforma estatutaria también en la XII Legislatura, la que comienza el día 19/07/2016, no obstante Rajoy es investido Presidente de Gobierno, en segunda votación, el día 29/10/16. Se trata de un potente texto estatutario de más de 200 artículos que pretende derogar su texto de 1982, intitulándose como “nacionalidad”. No ha salido todavía de la Comisión Constitucional en fase de reiteradas Enmiendas, con ampliaciones de plazo, trámite farragoso que se hace eterno, en algunas ocasiones.

 

  La Comunidad Autónoma Valenciana – reformado su Estatuto de Autonomia en el año 2006, via Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril- pretende una nueva reforma enmarcada en la exigencia de blindar la inversión del Estado en la Comunitat acorde a su peso poblacional, por un período de 7 años y excluido el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Se pretende una reforma parcial concretamente en su disposición adicional primera, con preservación de un modelo autonómico basado en los principios de  igualdad y de solidaridad interterritoriales. En la Exposición de motivos se señala que: “La Comunitat Valenciana no puede permanecer impasible porque, ciertamente, no pretende estar por encima de ningún otro territorio dentro de España, pero tampoco va a consentir que sus legitimas aspiraciones se vean truncadas por la consolidación de un modelo asimétrico..”. Dicha Propuesta fue presentada por Les Corts el 19/07/2016 en Congreso, siendo calificado el texto el dia 06/09/2016. Desde entonces se halla varada en la Comisión Constitucional en fase de presentación de Enmiendas con plazos prorrogados. ¿Hasta cuando se va a producir esta hibernación? ¿No hay nadie que “resucite” la iniciativa? ¿Cuántos están empujando?  Alguien deberá dar una explicación razonada.

 

  Tan sólo recordar que la reforma fue aprobada por Les Corts en marzo del año 2011 (friolera de más de seis años) y desde entonces viene recibiendo “esquinazos” por todos lados. Creemos llegada la hora de que se debata y se decida. ¿Nos lo pueden explicar, por favor?

 

  

  JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

09

oct

2017

Un 9 de octubre diferente

 

   Pero en positivo, añado. Desde julio de 1982 en que se aprueba nuestro Estatuto de Autonomia ha pasado la friolera de 35 años. El Real Decreto-Ley 10/1978 venia en crear el Consell del País Valenciano, en la denominada etapa preautonómica. La reforma del Estatuto, auspiciada por la Ley Orgánica 1/2006, es la última gran reforma de calado de nuestra norma fundacional e institucional básica. Otras reformas han quedado en el camino esperando mejor suerte y otra coyuntura política. La recuperación de las Instituciones de Autogobierno de los valencianos, asi como  de nuestro Derecho, ha sido una constante desde que el 25 de abril de 1707 fueron aniquiladas nuestras señas.

 

  En el preámbulo estatutario se autodefine la Comunitat Valenciana en su condición de «nacionalidad histórica». La historia de la via de acceso a la autonomía política, via intermedia entre los arts. 143 y 151 CE, y que generó gran conflicto a la sazón, queda ya en el recuerdo y en la querencia. La lucha de muchos nos han llevado al autogobierno, a un ordenamiento jurídico autóctono y a un conjunto de instituciones que conforman el «alma de lo valenciano», que no otra cosa es la Generalitat. Gracias de corazón a todas aquéllas personas que lucharon y dejaron jirones por conseguir nuestra realidad nacional, en las manifestaciones en que se reivindicaba “Amnistía, llibertad y Estatut d´ Autonomia”. No es necesario dar nombres, porque están en la mente de todos.

 

  Es día para recordarles, para reforzar nuestros lazos de hermandad y acercarnos a la realidad de nuestra historia más reciente. Se trata de ensalzar nuestras señas de identidad como pueblo valenciano. Pero el autogobierno no es autocomplacencia, amigos, es la expresión normativa para vivir mejor, desde la cercanía y el conocimiento directo de las problemáticas que nos aquejan. Y se quiere más cuando conocemos mejor. Hay que hacer pedagogía de nuestro entramado institucional. Quien no recuerda olvida y el olvido es sinónimo de la frustración misma.

 

  Es verdad que el momento en que nos encontramos es rabiosamente delicado, por nuestras propias carencias y limitaciones y por el tsunami territorial catalán que ahoga cualesquiera otros gritos y reivindicaciones. Que el idioma valenciano sea un punto de unión y nunca de fricción. Que sirva para hermanarnos en nuestra cultura. Nuestra Comunitat ansia un nuevo sistema de financiación que sea justo con nuestras necesidades, con nuestro nivel poblacional y con nuestra idiosincrasia. Necesitamos inversión e infraestructuras. El Corredor Mediterráneo es una de ellas que servirá para el acercamiento de nuestros productos a Europa. Llama la atención, cuando elaboro este articulo, que en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aparezca publicado (DOCV núm. 8144/07/10/2017) Decreto del Consell por el que se crea la Distinción Joan Lluis Vives de la Generalitat a la aportación valenciana a la construcción de Europa. Es cierto que no es posible comprender la realidad de nuestra Comunitat sin vincularla al ámbito europeo que impregna todos los ámbitos de nuestro quehacer.

 

   Es necesario el estrechamiento de vínculos entre la Universidad y la empresa. Es un dato económico financiero óptimo que el Banco de Sabadell enraíce su sede social en Alicante. Es una buena noticia, si bien sabemos el porqué de esa decisión. La Comunitat es amable y es acogedora. El emprendimiento está calando en nuestra tierra, la que tiene una base cultural y científica sólida. Ahora, en que va abriendo el sol, en definitiva la luz, es absolutamente necesaria la «estabilidad política», dejando las frivolidades a un lado, en un momento en que la Corrupción – que ha sido noticia permanente, dia a dia en los medios de comunicación, con la nefasta publicidad que ello comportaba- ya va siendo relegada a un segundo plano por la ética y por el respeto a la ley y a los recursos públicos, que son sagrados. Bon dia a tots.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

02

oct

2017

Ante la obstinación y el desafecto, poesía

 

  Anda nuestra España, convulsa y tensa. Una parte de la piel de toro se ve sojuzgada y oprimida y desea emprender su camino en soliloquio; quiere dar un portazo cual fractura de relación amorosa, la que fue bonita mientras se mantuvo, y ahora se troca desafecta y herida. No es un buen dia. Siento tristeza, mucha tristeza. Pero vendrán tiempos de concordia y reconciliación. No será el dia 2.0, tampoco el 3.0, porque rezumaran todavía jirones, desgarros de  un odio contenido. ¿Porqué?- me pregunto. Pasará un tiempo y se recompondrán las figuras. Otros actores vendrán y hablarán para enderezar el rumbo colectivo.

 

 

  La democracia herida, si,  herida- como se intitulaba el libro de A. Guerra (Espasa 1,997). Falta respeto, falta cariño, se adolece de hombres y mujeres de estado, sobran gruñones y chulipandrias.  Falta querencia. Hay demasiadas autosuficiencias y engreimientos. Y fíjense que todos nos necesitamos. Y me preguntarán ¿porqué estamos así, entonces?. Mi respuesta es simple: por la falta de ideas (llamase ignorancia anudada a la mendacidad)  y exceso de testosterona.

 

 

  ¡Cuántas mentiras se han lanzado impunemente, sin que se contradijera el relato¡. ¿Dónde ha estado la explicación sosegada, mensurada y científica de las personas que conocen nuestra historia? ¿Dónde el debate serio y clarificador para la ciudadania? Pero no podemos contradecirnos a nosotros mismos: los limites nos los damos los propios ciudadanos cuando aprobamos las normas. Y no podemos asaltarlas ni noquearlas. No podemos blandirlas, en lo alto de un mástil, ante el “colectivo”, como un trofeo mofándose de las mismas y de las resoluciones que dictan quienes están legitimados para decir el Derecho. Eso seria el caos.

 

 

  Si, creo que hay una auténtica crisis de las ideas. Hay muchos actores que deben pasar ya a la “reserva” forzada. Máxime en los tiempos que corren en que se ha rebajado considerablemente el nivel de mínimos aceptable. Nos quedan tantas cosas por hacer, que parece absurdo y ridículo que todo pueda girar entorno a conformar un lar en un espacio diferente, para mirarse el obligo y, acto seguido, decirse: “¡ah, es mío!”. Una nimiez en el océanos de problemas que nos circundan. Cuando todo se proyecta en un mundo global, cuando somos más fuertes desde el colectivo, nos viene la «unicidad», una visión alicorta de la vida.  Cuando el Estado social está siendo zarandeado y vilipendiado, se nos machaca con el ombliguismo político y cortedad en las alas. Remontad el vuelo, largo y fuerte –nos dirán quienes han vivido esta historia alguna vez.

 

 

  Ante la injusticia y la intolerancia, debemos responder con poesía. Miguel Hernández, en su libro “El hombre acecha” (1939) blandía el corazón de la esperanza en tiempos de la sinrazón cainita. Nos decia: “El odio se amortigua detrás de la ventana/. Será la garra suave/. Dejadme la esperanza”. Pedimos eso, que no nos arrebaten la esperanza.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

dom

24

sep

2017

Presión a los Tribunales

 

 

  Se vienen sucediendo, ya de forma reiterada, las acciones de “rodear”, en concentración, Palacios de Justicia, el último el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al hilo de los cargos de la Generalitat detenidos por decisión de un Juzgado de Instrucción. La imagen de miles de personas “rodeando” el Tribunal es una imagen reprobable y vergonzosa cuya finalidad es nítidamente espuria: influir en la decisión judicial mediante la presión en la calle. Se cree ingenuamente que las voluntades son maleables. Craso error. La Justicia emana del pueblo y es administrada por Jueces y Magistrados independientes y responsables «sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley». Esos son sus dos limites (art.1 Ley Orgánica del Poder Judicial). Y los justiciables que no se hallen conformes con las resoluciones adoptadas por los órganos jurisdiccionales – en sociedad civilizada- tienen la via de los pertinentes recursos que establece el propio ordenamiento procesal o ley de ritos. Esto, que es una obviedad, y es archiconocido hasta por cualquier lego en Derecho, se está conculcando una y otra vez. Y como el que oye llover.

 

 

  Bajo el ardid de ejercitar derechos civiles se esconde el fraude de ley, el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Desde luego la bona fides no se halla presente, Dejémonos de las medias tintas y de las equidistancias calculadas (Colau, incluida). No se trata tanto de ejercer el derecho de manifestación y reunión en lugar de transito publico, contenidos en el art. 21 Constitución, y desarrollada por su Ley Orgánica 9/83, cuanto de ejercitar una veraz coacción que influya.

 

   Lo más triste es ver a la Presidenta del Parlament – y segunda autoridad de la Generalitat de Catalunya- en las mismas puertas y arengando. Esto es inaudito para cuantos creemos en el Estado de Derecho y en la primacía de la Ley, entendida como expresión de la voluntad popular. Si no creemos en este modelo de organización jurídico-social ¿qué nos queda, entonces? ¿La barbarie? ¿La resolución de los conflictos por la via de la fuerza? ¿Imposición del más corajudo?. Ese no es el camino. Ha faltado explicación seria y rigurosa, para que los ciudadanos tomen conciencia de las consecuencias. Las meras “emociones” nos conducen sólo a generar “ruido”, y éste esta exento de inteligencia y reflexión.

 

 

  Estamos aprendiendo un “montón”- como alguien diría, en proyección vulgata-; sobre todo «aquello que no se debe de hacer». Algo así como el envés de lo empírico. Nuestro aprendizaje en las facultades de Derecho chirría a partir de la realidad que se está viviendo, a la par que visualizando. Conviene discutir desde el argumento serio y contrastado. Pero nadie presione a nadie, mucho menos a las instituciones que dan vida a nuestro sistema democrático. León Felipe decia que: “En un mundo injusto el que clama por la justicia es tomado por loco”. A fe que este escribidor, al menos de momento, se sitúa – o cree situarse- entre los cuerdos. Pero todo se andará........

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

dom

17

sep

2017

Fichero de morosos y derecho al honor

 

 Señalemos que el Derecho Constitucional está en nuestra cotidianeidad, en el día a día, pudiendo verse afectados “derechos fundamentales” (coadyuvante, sostén y fundamento del orden político y de la paz social), en determinadas situaciones. Pero el “procés” catalán – como se está viendo- lo volatiliza todo. Es tema pantagruélico. No hay que desanimarse. El derecho de las personas físicas a la protección de datos personales es derecho contenido en la Carta de derechos fundamentales UE (art.8.1) y en el Tratado de funcionamiento UE (art.16.apdo1).  Un fichero de morosos es algo así como una base de datos que refleja quienes tienen pagos pendientes. En consecuencia, para saber su situación, entidades financieras y empresas pueden acceder a esos ficheros para saber si tienen alguna deuda o embargo. Se trata, por tanto, de «ficheros de solvencia». Son de titularidad privada destinados a facilitar información sobre la solvencia de los clientes o potenciales clientes de las empresas asociadas a dicho registro. En mayo 2018 entrará en vigor el Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación directa. El Gobierno, no obstante, está tramitando nueva Ley Orgánica que sustituya a la de 1999.

 

 Les incluyen normalmente entidades financieras u otras (empresas de telefonía, por ejemplo) incluyendo las cuotas impagadas así como los datos del cliente incumplidor. Deben ser notificados los interesados en el plazo de treinta dias desde que se hayan registrado sus datos.. La consulta de un listado de morosos en una práctica muy habitual a la hora de adoptar decisiones sobre riesgo de crédito.

 

 Ocurre que, en algunas ocasiones, hay una inclusión indebida en dichos ficheros, por deudas inexistentes o discutidas, o no vencidas, o por una cuantía ínfima. En estos casos, puede haber una afectación de un derecho constitucional recogido en el art. 18.1 CE, como el «derecho al honor». Se trata de un derecho personalísimo. Y para defendernos de ésta situación, aparte de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), blandiendo el art. 18 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, o acudir a la Oficina de atención al consumidor del municipio (OMIC), podemos acudir a una procedimiento preferente y sumario de protección de derechos fundamentales. La consecuencia, de obtener una sentencia estimatoria, será obtener una «indemnización por daños morales» así como que se ejecuten los actos y comunicaciones que fuesen necesarios para excluir a la persona de los ficheros de morosos en los que se le había incluido.

 

 La indemnización por daños morales (debe atender a la difusión, tiempo transcurrido con la anotación, la cantidad de consultas que se han hecho, incerteza de la deuda, naturaleza de las empresas que han consultado los ficheros, etc.)  se conjuga por la existencia de una «intromisión ilegítima en el derecho al honor».

 

 Aquéllas circunstancias generan un notorio perjuicio en la fama y estima del perjudicado (reclamaciones extrajudiciales de despachos de abogados, cartas, requerimientos, etc.). La jurisprudencial del Tribunal Supremo ha dicho que «no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico», pues al tratarse – el derecho al honor- de derechos protegidos por la Constitución, como derechos reales y efectivos, están enraizados en un Estado social y democrático de Derecho y merecen una «protección especial». Se señala que la correlativa exigencia de una reparación tiene que ser acorde con el relieve de los valores e intereses en juego.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

dom

03

sep

2017

Radicalización y papel de los municipios

 

 Estamos viviendo en una sociedad en el que la violencia y el extremismo aparecen por doquier. Las secuelas del terrorismo yihadista, protagonizado por jóvenes, que creíamos «integrados» en nuestra sociedad, es un dato empírico. Asombrados quedaron sus profesores y educadores sociales cuando advirtieron la autoría de los atentados de Barcelona y Cambrils. No daban crédito, porque les habían tratado y no rezumaban el odio y la barbarie que les ha hecho arrebatar la vida de otros congéneres. Hay radicalismos que se estructuran, en muchos casos, bajo la égida de la depresión económico-social, la marginación, la falta de futuro y horizonte, como caldo de cultivo. En otros casos, y en sus mismas tripas, se halla la maliciosa interpretación de determinadas religiones. Para eso está el Observatorio del pluralismo religioso. Existen unas concausas muy plurales. No hay un vademécum.

 

 Sinceramente este escribidor desconocía hasta hace poco que existiera un Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta. Es bien cierto que la seguridad nacional es instrumento nuclear de la garantía del bienestar de todos nuestros conciudadanos a la par que estabilidad de la Nación. En el Preámbulo de la Constitución de 1978 se proclama como aspiración el «garantizar una convivencia democrática» a la par que «proteger a los españoles en el ejercicio de los derechos..»”. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de la seguridad pública, fundamento de nuestra tranquilidad social.

 

 En la lucha contra cualquiera manifestación de radicalización violenta, de individuos o colectivos, debe haber, claro está, una implicación de los poderes públicos (Administraciones, en su conjunto) y de la propia sociedad civil. El violento, o los violentos están en la sociedad, están en las calles, están relacionados, usan las redes, tienen costumbres, en algunos casos se manifiestan ante los demás.

 

 Hemos de señalar que en el Grupo Nacional de lucha contra esa lacra se hallan Ministerios, CNI, Fundación Pluralismo y Convivencia, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con su Presidente, Abel Caballero, a la cabeza. Este Plan parece se halla en la línea preventiva siendo su teleología el detectar focos de radicalización. Fruto de que no ha sido explicado es su nulo conocimiento social. No ha habido ningún debate en la sociedad. Me llama poderosamente la atención que de los 8.000 Ayuntamientos que hay en España, sólo 13 de ellos se hubieran adherido al meritado Plan. Creo que hay mucho desconocimiento por parte de las entidades locales, pero, además, es que deben allegarse con las partidas presupuestarias y hay coto al gasto. Es la pescadilla que se muerde la cola. Pido colaboración que genera gasto pero, “oiga, no se exceda, no se exceda ¿Vale?”. Contradicciones de la cosa publica.

 

.Señalemos que son los Servicios sociales de los Ayuntamientos los que juegan un papel de primeros conocedores de determinadas realidades, como los colectivos de riesgo. Debe implicar, para los Ayuntamientos adscritos, un intercambio de información, designa de representantes con determinados colectivos para la fluidez comunicativa, en definitiva, la firma de un protocolo en el que se marquen los compromisos a asumir. Es claro, por tanto, que los Plenos de los Ayuntamientos deben empezar a adoptar acuerdos para coadyuvar a la seguridad pública.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

28

ago

2017

La función parlamentaria

 

 Hay una cierta actitud quejumbrosa, casi larvada, en relación con el desempeño de la función parlamentaria; ésta debería de ubicarse más agregada al problema concreto, a los colectivos, a los territorios. En definitiva, se adolece de proximidad, de conocimiento empírico del problema. Hay que estar en el cogollo de las “problemáticas” para allegarse a la instancia parlamentaria. Los ciudadanos debieran de conocer y familiarizarse con el nombre de sus diputados y senadores autonómicos y nacionales y el papel que verazmente desempeñan. Alguien podría decir, no sin cierta sorna, que se bucee en la web institucional y lo conocerá. No es eso, no es eso, amigos. Antaño conocíamos a nuestros diputados, se recorrían las comarcas, los pueblos, departían, explicaban su labor, se les escuchaba, se llevaban en sus ilusionantes alforjas las reivindicaciones para canalizarlas parlamentariamente. Nada es como antes. Pero cualquier tiempo pasado no fue mejor. Porque los presentes deberán de ser más provechosos. Pero la presente situación de atonía debe trocarse. Asi, no y no.

 

 Es muy importante el status del parlamentario para el desempeño de una función pretendidamente libre. Los parlamentarios, al fin y a la postre, vienen en administrar y gestionar el depósito de la soberanía popular y, de manera indirecta, actualizan y defienden los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Esto entroncaría con el básico derecho de participación política que se contiene en el art. 23.1 CE. Naturalmente que tienen una esfera de protección personal. Como ha señalado el Tribunal Constitucional: “Las prerrogativas parlamentarias han de ser interpretadas estrictamente para no devenir privilegios que puedan lesionar derechos fundamentales de terceros”. Esos privilegios – que en realidad son garantías-, para algunos pueden confrontar con el principio de igualdad (arts. 1.1 y 14 CE) y el derecho al juez predeterminado por la ley, o con el mismo derecho a la tutela judicial efectiva (art.24.1 CE), por ejemplo. Dentro de ese status parlamentario hallamos, entre otras, la (i) inviolabilidad, y cuya titularidad pertenece en verdad a la Cámara. El parlamentario tiene que expresar libremente su pensamiento, utiliza la palabra, ejerce libertad de expresion, a la par que ejerce con libertad el derecho de voto. No puede verse mediatizado por nada ni por nadie. Se trata de proteger la libre discusión y decisión parlamentaria.

 

 Otra manifestación del parlamentario es (ii) la inmunidad (para diputados y senadores), conformándose en jurisprudencia constitucional como prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales, y que por manipulaciones políticas, se obstaculice el asistir a las sesiones de las cámaras y por ello alterar indebidamente su composición. Se sitúa, por tanto, en el ámbito penal. No obstante, en caso de flagrante delito la situación cambia. Se exige la petición de suplicatorio para proceder penalmente (autorización de la cámara respectiva). Otra manifestación es el (iii) fuero específico residenciado en la Sala de lo Penal del TS, si se trata de un senador o diputado, o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad autónoma, si se trata, por ejemplo, de diputado o consejero autonómico. La idea motriz que se pretende y se extrae es la de que conociendo a nuestros representantes nos hacemos coparticipes o no de su egregia y noble función.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

dom

13

ago

2017

Supervivencia del Estado autonómico y financiación

 

 

  El estado descentralizado que diseñó la CE 1978 en el art.2, junto al Titulo VIII de la norma suprema, condiciona su existencia a la obtención de recursos y a la prudencia en el gasto. Son las dos caras de una misma moneda. No puede haber disociación. El diseño cambiante de los modelos de financiación, la multiplicidad de factores que han de ser tenidos en cuenta, o la preeminencia de unos sobre otros, ha hecho que, hasta ahora, no haya una satisfacción plena, y algunas Comunidades autónomas, como la valenciana, y con muchísima razón, se hayan sentido claramente discriminadas. Téngase en cuenta la cantidad sustantiva de competencias que diseña la CE y el contenido de sus diferentes Estatutos de Autonomia. La Sociedad del bienestar (el Estado social, en suma) claramente está en juego. Dependiendo de cómo se resuelva el modelo de financiación podremos hablar de viabilidad o no del Estado descentralizado que nos dimos hace casi 40 años. Pero, ¡ojo!, no dejemos de lado a las entidades locales, que son las artífices del apuntalamiento del Estado social (art. 1.1 CE), las que están a pie de obra, sosteniendo las “necesidades” de muchas familias zaheridas por la maldita crisis, que no han generado.

 

  Téngase en cuenta que los gastos en servicios básicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales pueden representar del orden de casi el 75% de los gastos que soportan.  Hace unos días las Comisiones de expertos (financiación autonómica y local), las que fueron creadas en Consejo de Ministros en febrero de 2017 para “actualizar” los Sistemas de Financiación, entregaron sus sendos informes a la señora Vicepresidenta y al Ministro de Hacienda. El sesgo e impronta de los informes es el de la formulación de todo un vasto conjunto de  propuestas, para, acto seguido, ser debatidas por las entidades territoriales afectadas, y por la propia ciudadania, que tiene también algo que decir. Aquellos informes ya están en manos de los consejeros que, en reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pudieron visualizar sus contenidos. También en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Bien es verdad que de esas comisiones de expertos formaban parte representantes de las CC.AA y de las EE.LL. En consecuencia, estaban próximos al conocimiento de sus contenidos. En el ámbito autonómico se pretende ampliar la autonomía y corresponsabilidad fiscal, eterno objetivo, siempre cumplido a medias. Sus grandes nutrientes – como casi  siempre- devienen del IVA, IRPF y los Impuestos Especiales, reforzamiento en los tramos autonómicos, así como afectación del Impuesto sobre Sucesiones-Donaciones y Patrimonio. Mayor capacidad para fijación de copagos. Se contemplan dos tramos en el IVA, uno para Comunidades y otro para el Estado (IVA colegiado en al argot de los expertos). Actualmente obtienen el 50% de la recaudación del impuesto y sin capacidad normativa sobre el mismo. Y se pretende la “armonización” en todo el territorial nacional del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Se atiende, pues, a la actual disfunción de tipos en las distintas CC.AA, que ha generado tratamientos fiscales diferentes, siendo objeto de critica fundada.   

 

   En el ámbito de la financiación local parece que se quiere introducir una tasa turística que venga en gravar las pernoctaciones, reforma de la financiación del transporte público en las ciudades y se pretende sustituir el impuesto sobre las plusvalías inmobiliarias (impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) por un tributo sobre plusvalías que venga en grabar la ganancia patrimonial real, cuando verazmente se haya producido. Se trata, por tanto, de adaptar ese tributo a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional tributar cuando ha habido pérdida en la transmisión, cuando no ha habido ganancia. Y eso no estaba contemplado en la actual normativa hacendística local. Las entidades locales han sido files cumplidoras del objetivo de estabilidad financiera y presupuestaria. ¿Se cumplirá el objetivo que a final de año haya un pacto político que pergeñe el nuevo modelo de financiación para los próximos años? Asi lo deseamos todos.

 

 

  JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

dom

06

ago

2017

Colleja de la Comisión Europea por la corrupción

 

 

La corrupción es un detritus que está extendido en todos los niveles de las administraciones públicas. Y hay que succionarla allegando las suficientes máquinas de desemboce, y haciéndolo, además,  con la máxima celeridad. Ya no se admiten demoras, pues la metástasis avanza a poco que se escarbe. A nadie escapa que el fraude y el desvío inmisericorde de fondos públicos inciden gravemente en la recuperación económica, pero mucho más en las conciencias de los españoles de  a pie, que ya no toleran. En roman paladino, como dijera Gonzalo de Berceo, esto se llama  hacer cambios in radice en nuestro ordenamiento jurídico. Que han habido reformas legales para intentar mitigarla (ley de transparencia, financiación de partidos, conflictos de intereses, declaración de patrimonios, etc.), si, pero timoratas, no de calado, no de enjundia o que sean perceptibles por el común de la ciudadania. Así, la normativa sobre transparencia se está incumpliendo. ¿Y que? ¿Alguien dice algo? ¿Nos rasgamos la vestiduras? Las normas se aprueban para ser cumplidas, debiendo de dar ejemplo los poderes públicos (art. 9.1 en relación con el 103.1 CE).

 

 Es por ello que el ejecutivo europeo ha considerado como absolutamente insuficientes las medidas adoptadas por  España, censurando, acto seguido, que no se hubiera diseñado toda una «estrategia concreta»; en definitiva: un planning de actuación contra esa lacra que pudre los cimientos de nuestra democracia. Le había sido recordado ya en el informe del 2016 la exigencia de aprobación de normas que protejan a los denunciantes (todos sabemos cómo han terminado algunos valientes que se han atrevido a “hablar”). Y lamenta, creo que sarcásticamente, que para luchar contra la corrupción se restrinja los tiempos de instrucción en los juzgados reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal pudiendo generar espacios de impunidad. Es poco menos que el mundo al revés. Resolver metástasis con aspirina.

 

 Es muy triste leer que España se pone a la altura de países como Turquía, Brasil y Libia, por ejemplo, lugares en  donde más ha crecido la corrupción. Y hemos de envidiar a países nórdicos como Dinamarca, en la cúspide de la transparencia. Convendrán que el estío es un buen momento para parar y reflexionar sobre qué estamos haciendo mal. Y no hay que quitar buena voluntad a nadie, pero es difícil que el partido en el gobierno que tantos y tantos casos ha generado - desde distintos niveles de las administraciones públicas- pueda ser el adalid o impulsor de ese cambio radical que se necesita.

 

 Por tanto, habiendo dado el CIS un espaldarazo a la opción socialdemócrata de este país, debe ser aprovechado para abanderar, en este ámbito, la «regeneración institucional», debiendo sumarse Ciudadanos y Unidos Podemos a esa catarsis colectiva. Pero con la moderación y seriedad que la sociedad española está pidiendo. Nada de piruetas. De ahí que traiga a colación las palabras de Calderón de la Barca: “El valor es hijo de la prudencia no de la temeridad”. El terreno de juego es muy amplio para que los jugadores puedan desenvolverse. Levántese ya el telón.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

 

0 comentarios

mar

01

ago

2017

La defensa del Estado ante la insurgencia

 

 

Lo que pretende este breve articulo es tan sólo referenciar algunos de los instrumentos legales de que se dota nuestro Estado democrático y de Derecho ante una clara rebelión, auspiciada por el separatismo del Govern autonómico catalán, en conjunción con la mayoría de su Parlament. El Gobierno español está reaccionando tarde y mal. Creo minimizó la andanada separatista creyendo que tan sólo se trataba de una pirueta propagandística que se habría de difuminar cuando caminara un poco. Sin embargo, los pasos que se están dando evidencian, bien a las claras, que se está ante un nítido y persistente proceso de insurgencia, con la imposición a la bravas del referéndum secesionista del próximo 1 de octubre. Y cada vez más, el diapasón de trámites que se suceden sube enteros en esa proclama de decidida desconexión.

 

Uno de los instrumentos defensivos del Estado que siempre sale permanentemente a colación es (1) la aplicación del art. 155 CE ( medidas necesarias para obligar a la Comunidad), que demanda dos exigencias: 1) nítido incumplimiento de la CE y de las leyes por la Comunidad Autónoma; y 2) se atente gravemente el interés de España. El problema en la aplicación del meritado precepto constitucional es que ya nos hallamos en situación tardía (Jorge De Esteban), porque éste se tiene que llevar a efecto a prevención, anticipadamente. De seguirse todos los trámites que se exigen parlamentariamente se tardarían bastantes meses, y será una aplicación ex post, cuando lo normal es que se haga ex ante. La aplicación de la (2) Ley de Seguridad Nacional (2015), tenia por objetivo la lucha solidaria contra el terrorismo de corte internacional o nacional, y el leit motiv de la norma es precisamente que haya una coordinación-colaboración con las Comunidades autónomas. E igualmente su sentido lo es para una “situación de interes para la seguridad nacional”, decidiéndose por Real Decreto declarado por el Presidente de Gobierno. En consecuencia, parece que su aplicación no es de recibo.

 

La  (3) utilización del Tribunal Constitucional es el asidero permanente de que está haciendo uso el Gobierno del Estado (recurso de inconstitucionalidad y la impugnación constitucional de disposiciones y resoluciones de órganos autonómicos), usando de la paralización /suspensión de las disposiciones por plazo no superior a cinco meses. Y otorgándole unos poderes “ejecutivos” en la reforma de 2015, cuando su finalidad debe ser la “declarativa” de todo aquello que es conforme o no a la CE. Con capacidad incluso sancionadora si se incumplen las sentencias. Pensando mal, creemos que se ha intentado dejar de lado al Senado por su obligatoria intervención en la aplicación del art. 155 CE. Y que sea el TC quien ventile este “marrón”.

 

De otra parte, se hallan los (4) Tribunales ordinarios de justicia, llámense, por ejemplo, Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), para encausar desobediencias, malversaciones de caudales públicos de los miembros del Govern o Parlament, como consecuencia de su aforamiento, con la necesaria intervención del Ministerio Fiscal, etc. Por supuesto que el  (5) art. 116 de la CE contempla el Estado de excepción, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o los servicios públicos esenciales resulten gravemente afectados. Además, el (6) Estado de sitio cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional,  y que no pueda resolverse por otros medios ordinarios. Se trata, por tanto, estas dos últimas medidas (excepción y sitio) de instrumentos excepcionales o Derecho de excepción, como consecuencia de que con la legalidad ordinaria no se hubiera podido sofocar.

 

    Ojala todo esto fuera ciencia ficción. Y desgraciadamente no lo es. Mucho me temo que se van a producir momentos de extrema tensión por la cuestión separatista catalana, que el Estado de Derecho deberá resolver. Creo no exagerar cuando señalo que estamos en un momento crucial de nuestra reciente historia político-constitucional desde la aprobación de la Constitución en 1978. El empecinamiento de unos y otros nos han hecho llegar hasta aquí.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

17

jul

2017

Integridad y éticas públicas, como norma

 

 

La dedicación a lo público exige un plus. En lo público hallamos la idea sublime del «interés general» que subyace en su esencia. Y como decía Ortega y Gasset: “En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive”. Es verdad que los fenómenos de corrupción empresarial, institucional y política han sido letales para generar el decaimiento y desafección de la ciudadanía hacia  las instituciones, y, si me apuran, hacia el propio modelo de partidos, con una proyección endogámica, arcaica y puramente piramidal, sin más. Llama poderosamente la atención que las Cortes de la Comunidad autónoma de Aragón hayan aprobado la Ley 5/2017, de 1 de junio, denominada de “Integridad y Éticas publicas” (BOA de 16 de junio). Contemplamos cómo una asamblea legislativa autonómica se ha atrevido a normar, entre otros aspectos, sobre comportamientos cívico- morales.

 

 El Preámbulo de la ley refiere, como alicorta, que la respuesta a la negritud que hemos vivido durante todo este tiempo – que parece una eternidad, anudamos- sea sólo el impulso de actuaciones judiciales o adoptar sesgos estéticos puramente partidistas para “lavar” imagen.  Señala que es indispensable “una acción sostenida de inmersión del conjunto de las instituciones y de la sociedad entera en la cultura de la integridad en general y de la ética pública en particular”.

 

 Tenemos que interiorizar socialmente que la democracia se estructura sobre tres pilares esenciales: a) la transparencia (no hay nada que esconder); b) la participación activa (no a ser meros convidados de piedra durante 4 años, ni hallarnos en sempiterna actitud genuflexión); y c) la integridad y éticas públicas (confianza absoluta en la honradez de quienes nos representan, y que se van a mover por criterios de objetividad y desinterés). Este rubicán todavía no lo tenemos ni asumido, y mucho menos superado. Nos hallamos en ese proceso de deglutir esa exigencia social. De cualquier forma es tremendamente positivo, y de mucho interés – por la sensibilidad que se proyecta en su seno - que emerjan estas iniciativas desde algunos poderes públicos subástateles. Normar significa imponer, exigir, obligar al respecto sobre determinados comportamientos por la consecuencia coercitiva que se deriva. Nos hallamos ante el derecho positivo.

 

 Naturalmente que esas exigencias morales deben ser aprendidas en la escuela, en un proceso educativo desde nuestra más tierna infancia. Y que esa educación, esos valores que nos han sido insuflados en el centro docente los veamos hechos realidad cuando, siendo más talluditos, nos acerquemos a las instituciones. Y observemos, por ende, la simbiosis entre prédica y realidad. Esta ley propone un tratamiento integral de ese conjunto nada corpóreo que es la integridad y la ética en lo público (escuela, estatutos de altos cargos, publicidad de la actividad de los lobbies, instrucciones sobre órganos de fiscalización previa, estatuto del denunciante, introducción de Principios como los de buena fe, confianza legítima, transparencia y servicio efectivo a los ciudadanos, etc.).

 

 Esto es un avance, a partir de la época decadente que hemos vivido. Y parafraseando al filósofo alemán Vaibinger, Hans Todo progreso no es sino un error constantemente rectificado”. Se trata, por tanto, de corregir para progresar. Bienvenida sea esta norma.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

vie

14

jul

2017

Gobierno débil, oposición débil.

 

 

Dato objetivo. La debilidad es la nota que caracteriza la situación parlamentaria española. Lo hemos visualizado con la frustrada y frustrante moción de censura, presentada por Unidos-Podemos. Desgraciadamente los números parlamentarios no daban para un éxito político. Estaba cantada, por tanto. Pero se ha proyectado como la anti-moción de censura para cualquier observador interesado por la actualidad política. Excepto, claro está – y es fácil adivinarlo- que lo único que se pretendiera fuera el puro egocentrismo político. Todos sabemos, y la ciudadania lo tiene muy presente, la caterva de reproches imputables al partido del gobierno en el lodazal de la corrupción, pero la moción de censura, si se presenta, es para ganarla, porque de no conseguirlo, como ha sucedido, genera frustración e incluso da alas a quien se pretende censurar. Ni una brisa se ha movido.

 

 Que los números son trascendentales es todo un axioma. Y los grupos parlamentarios deben querer el progreso y el interes de España, y no huir de ella (PDCat., ERC, Bildu, etc..). Pero, además, hay que dialogar previamente con el resto de grupos para ahormar el para qué y con quién. Dos aspectos clave que los presentantes ni siquiera se han llegado a plantear en su premura y celeridad políticas.

 

 La oposición se halla fragmentada, con visiones dispares de cómo engarzar su papel. Ésta no sólo es control sino, también, y fundamentalmente, iniciativa parlamentaria. Un partido socialdemócrata debe aprovechar la presente situación, no quedar arrinconado ni escorado. La vida parlamentaria, hoy más que nunca, se debe mover al trote de las iniciativas que presenten en las Cortes Generales la oposición política, mayoritaria ella.

 

 No obstante lo cual, señalemos que el horizonte a corto plazo no es halagüeño. Y de ello da fe, y lo muestra, el dato objetivo  que no se haya presentado ningún proyecto de ley, a excepción del de presupuestos. No se atisba en el horizonte la aprobación de ninguna ley, llamada de calado (Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc.). Hay una huida hacia delante. Diera la impresión que se fuera como a recomponer fuerzas, o, como dirían otros, a tomar vitaminas o reconstituyentes. Y fiarlo todo a unas nuevas elecciones.

 

 Pero la ciudadania no desea que se vaya de nuevo a una confrontación electoral, quiere que el juego de los pactos políticos propicie la resolución de los problemas cotidianos. Si a un Gobierno minoritario se le anuda la fragmentación de la oposición política, nos adentramos en lo que Solé Tura y M.A Aparicio denominan como “suma de debilidades”. ¿No hay, acaso, objetivos básicos, o de principios, para aunar a la oposición y enderezar rumbos? ¿Pueden más lo egos que la razón y la necesidad social? La socialdemocracia tiene que jugar al presente un papel estelar, con seriedad, pero con dinamismo y, por encima de todo, ser útil al ciudadano.  Arnold Toynbee señalaba que el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que si se interesan por ella. Los hombres movidos por ideales no deben “pasar” de la acción política que, en definitiva, marca diaria y cotidianamente nuestras vidas.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

26

jun

2017

Iniciativa legislativa popular valenciana

 

 

El Diari Oficial de la Comunitat Valencia ha publicado en pasado 23 de mayo la Ley por la que se regula la iniciativa legislativa popular ante Les Corts. El objetivo es claro: reforzar la democracia participativa e inclusiva. Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de su destino. Así, el sistema de legalidad valenciano procura instrumentos para propiciar esa participación en la construcción autonómica. Se hace participe del parlamentarismo valenciano al pueblo. El legislador valenciano debe tener muy presente la opinión pública musculando el sentimiento de ciudadanía valenciana. El objetivo que establece el preámbulo es loable: “Por ello, es necesario abordar la presente ley con la finalidad de motivar, impulsar y facilitar la participación de la ciudadanía como impulsora del proceso legislativo”.

 

        Uno de los aspectos más novedosos de la norma es que la iniciativa legislativa la podrán activar, o poner en marcha, las personas que tengan la vecindad administrativa valenciana y sean mayores de dieciséis años (implicación de nuestros jóvenes). Pero, además, detentan esa legitimación activa las asociaciones, agentes económicos y sociales, ONG y otras entidades con personalidad jurídica, pero sin animo de lucro. En consecuencia, la ciudadanía valenciana estaría legitimada para – a través del elemental derecho de participación política en los asuntos públicos (art. 23 CE)- presentar proposiciones de ley sobre aquéllas materias o cuestiones que sean “de su interés”.

 

No especifica la ley las materias sobre las que es posible proyectar esa iniciativa legislativa, sino que señala tan sólo las materias sobre las que hay exclusión, sobre las que hay obturación propositiva. A saber: a) sobre legislación  presupuestaria anual; b) y sobre aquéllas que Les Corts no tenga competencia. A contrario sensu, en todo aquello que sea competente, es posible elevar una iniciativa legislativa por parte de la ciudadanía valenciana.

 

            El procedimiento se simplifica, puesto que en el registro de Les Corts se presenta escrito dirigido a la Mesa esgrimiendo los motivos por los que se solicita la admisión de la iniciativa para su tramitación como proposición de ley. La iniciativa debe especificar la comisión promotora de la misma, con un mínimo de tres miembros, debiendo - aparte de designar a un representante concreto - adjuntar el texto articulado que se pretende. Si la Mesa de Les Corts no se pronuncia en el plazo de quince días jugará el silencio administrativo positivo. Es muy llamativo que la desestimación del recurso de reposición, elevado por la desestimación de la iniciativa, pueda impugnarse, en recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.

 

            Sólo cuando es admitida la proposición de ley por la Mesa procede la recogida de firmas que habrá de ascender a un mínimo de 10.000, autenticadas (con fe de notario, secretario judicial o de ayuntamiento, e incluso la ley habla también de “fedatarios especiales (sic)”) cuando la normativa anterior exigía 50.000 firmas. La Mesa remite el expediente a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (JECV), en conjunción con la oficina del censo electoral ( por cuanto hay que aportar certificado de inscripción para propiciar el apoyo a la iniciativa), para que todo el proceso de firmas se lleve a efecto con las garantías precisas. Quiero ello decir, que hay dos fases: 1) admisión  de la iniciativa legislativa en el ámbito parlamentario; 2) a partir de aquélla aprobación, la JECV comunica el inicio del proceso de recogida de firmas en un plazo máximo de ocho meses, pudiéndose prorrogar por dos meses más, y  debiéndose de entregar a la propia Junta Electoral. Una vez que han sido verificadas todas las firmas, la JECV remite a la Mesa para su publicación en el Bulletí Oficial de les Corts. Esta iniciativa legislativa debe remitirse inexcusablemente al Consell para entrever si implica un aumento de gasto o una disminución de ingresos. Pasados quince días desde su publicación se insertará en el orden del día del próximo pleno ordinario para su toma en consideración. Lo novedoso es que la comisión proponente nombrará a un representante para que defienda la proposición de ley, al igual que los portavoces del resto de grupos parlamentarios. Pueden ser compensados los gastos hasta un máximo de 18.000 € e interesar un anticipo de 3.000 €. Vamos a ver poco a poco el rodaje de este instrumento participativo.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

 

 

0 comentarios

lun

10

abr

2017

En un rincón del alma

         Reconozco que siento una gran predilección por ese gran poeta de la canción que es Alberto Cortés, desgraciadamente apartado del gran público. Y lo es por lo que dice, por lo que musita, por lo que aflora sentimentalmente de las letras de sus canciones. Gran parte de su cancionero le extrae de lo más profundo: su alma, inmensa e inabordable. Aparte su bonhomía. El enunciado de este artículo es el homónimo de una de sus canciones más populares y reconocidas: “En un rincón del alma”. Habla del alma, habla de las penas, del adiós, de la vida, de la pasión, de los fracasos, de la soledad; en definitiva, de las cosas que nos suceden al común de la gente. Pero él las dice de “otra manera”.

 

      Todos los días nos preparamos, cual rito mimético, para la vorágine de eso que denominamos la «cotidianeidad», que no es otra cosa que el sometimiento del cuerpo a los avatares y vaivenes de la azarosa vida que nos circunda. Pero, hete aquí, hablamos poco del alma, del principio espiritual que informa el cuerpo humano, y con él, constituye la esencia del hombre. Preocupados por lo inmediato, omitimos, las más de las veces, el parlamento sobre el alma, que queda como más íntimo, como más reservado y preservado frente a lo exógeno. Nos da miedo sincerarnos y así, se opina y reflexiona en un sentido o dirección cuando verazmente sentimos en el contrario. Es el pudor, la vergüenza, en grado sumo. Es la insinceridad a flor de piel. La sinceridad o franqueza debiera ser, y creo lo es, un trozo de nuestra alma, amén de una nota delineadora de la misma.

 

         «Hablar con el alma», «llegarle a uno al alma», son expresiones que se repiten, en algunas ocasiones, en nuestra relación social. En este sentido, se asocia a sentimiento profundo, con hondura. El alma, entre otras cosas, es un almacén grande de sentimientos. En unos, ese almacén está repleto de ellos y en otros, aquél se halla medio vacío. Lo más positivo es que se puede remedar. En el terreno del chascarrillo señalemos que entorno al alma se escudriña auténticas clasificaciones, como en las demás cosas de la vida. Así, tenemos el «alma de cántaro», asociado a la persona falto de discreción y sensibilidad. El «alma cándida», asociada a la ingenuidad, a la persona sin malicia ni doblez.  El «alma que lleva el diablo», como asociada a la rapidez, a lo presuroso y colérico de nuestras conductas. Como «alma en pena», asociada a la persona triste y solitaria, melancólica. La «enfermedad del alma», como expresión del mal de amores. La «persona sin alma», como carente de sentimientos, extremadamente gélida. Y así, sucesivamente…. Tantas clasificaciones como queramos.

 

Pero volvamos al tajo. Lo importante es confrontar la realidad con espíritu ilusionante. Marcar objetivos es una buena tarea en nuestro trabajo, en el quehacer cotidiano, en la empresa o en el centro docente, en el quehacer político, en cualquier ámbito, en definitiva, de la vida. Metas: he ahí la palabra clave. Es algo así como ponernos deberes a nosotros mismos, probarnos para entrever lo que somos capaces de hacer. Seguro que nos sorprendemos. A veces nos minusvaloramos o colocamos nuestra estima bajo mínimos. Craso error. Todos tenemos una gran potencialidad pero el gran reto es, sencillamente, descubrirle, descubrirnos-añadiría. En el terreno del surrealismo - o no-, hasta es posible que no nos conozcamos a fondo. Acaso no hayamos reflexionado lo suficiente con nuestra alma, esa gran desconocida. Decía Séneca que “vivir es militar”, haciendo un noble gesto de legionario. Añadiría que la «militancia» debe serlo por la pasión, por la entrega, por el deseo de hacer las cosas bien, con honestidad, aunque erremos; por la pequeña contribución que, desde cualquier puesto o posición, podamos realizar en esta sociedad nuestra, tan abundante en bienes y, contradictoriamente, tan carente y menesterosa de otras tantas cosas. Pero es la sociedad que nos ha tocado vivir. Lo que conlleva convivir críticamente. Vivir no es otra cosa que aspirar permanentemente.

 

JUSTO GIL SÁNCHEZ

 

 

0 comentarios

dom

29

ene

2017

Justicia y lenguaje

 

Es muy cierto que el mundo del Derecho, o de la Justicia, se halla alejado de la ciudadanía. Es un axioma. Es un arcano indescifrable, sobre el que el común de los mortales,  piensa si no se hará de forma intencionada para relegarles al absoluto desconocimiento, sobre este servicio público esencial en el Estado social y democrático de Derecho en que nos hallamos. Amen que muchos escritos jurídicos no son precisamente un dechado de virtudes expresivas ni lingüísticas. Vamos, que la Gramática (arte de hablar y de escribir) le damos golpes por doquier.  Hete aquí, que sorpresivamente el gobierno de los jueces (CGPJ) y la Real Academia de la Lengua española(RAE) suscribieron en 2014 un convenio para – aparte de elaborar un Diccionario de términos jurídicos- dar vida al denominado Libro de Estilo de la Justicia, el que ha sido presentado en la sede el Tribunal Supremo el pasado 25 de enero. Se trata, claro está, del primer libro de esta naturaleza y que no viene nada mal para respetar nuestra lengua y sus trazos.

 

La democracia se asocia inequívocamente al vocablo “participación”, configurándose, algo así, como su ADN identificador. Los poderes públicos – y los juzgados y tribunales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, lo son- tiene que manifestar su voluntad en un lenguaje accesible a la colectividad. Señala Lesmes, presidente del TS, que “un lenguaje que no entienda la ciudadanía difícilmente podrá ser calificado como un lenguaje democrático”. Se pretende hacer claros y sencillos los escritos judiciales, las resoluciones de los tribunales, indicaciones sobre normas de escritura, cómo manejar los nombres, las abreviaturas y los signos; en definitiva, coadyuvando al buen uso del español. Como señala, Villanueva, director de la RAE, “no puede gozar de prestigio una justicia que no se comprende”.

 

En lo expresado también tiene culpa el legislador y la técnica legislativa utilizada. Elabora unas normas abigarradas, excesivamente burócratas, debiendo de ser pulidas previamente para la comprensión de sus destinatarios: los ciudadanos. O se benefician de ellas, si son buenas normas, o soportan sus agravios. Además, porque éstos tienen la obligación de cumplirlas, y de no hacerlo hay punición. Y difícilmente pueden ser cumplidas  si desconocemos sus intríngulis, por mor de la utilización de un lenguaje  enrevesado.

 

Estas exigencias tiene por destinatarios a jueces, letrados, procuradores, administraciones, y en general, a cualquier operador jurídico. Todos tenemos la obligación de hacer del lenguaje jurídico algo asequible, dotado de calidad, con rigor conceptual. Entiendo que un buen escrito de alegaciones, espaciado, con claridad, con concisión, generará a las primeras de cambio un incentivo a su lectura por el juez a quien le toque estudiar el “conflicto” . Si no es así, decaerá su interés por el contenido del mismo. El rigor expositivo incentiva. También su extensión es importante. No cabe hacer ninguna “tesis doctoral”, no procede. Y de ahí, que el propio TS, por ejemplo, haya impuesto que la extensión de los recursos de casación en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y sus contestaciones no excedan de un número determinado de folios (25), incluyendo notas a pie de página, etc. 

 

La Justicia resuelve con orden el previo desorden, el conflicto. Y el receptor de la resolución debe entender, con claridad, el sentido de la resolución dictada, con todas sus derivadas. Y en esa misión todos los operadores jurídicos tenemos una corresponsabilidad.

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

 

1 comentarios

mar

17

ene

2017

Vamos a contar mentiras tralaralara......


  Érase una vez una chica que terminada la carrera universitaria como muchos españoles quería trabajar. Ya entonces sabía muy bien cómo iba a hacerlo y comenzó su andadura queriendo entrar en un partido político. Lo intenta en Unión Valenciana(la antigua marca blanca del PP) pero no la aceptan y marcha al PP. Allí sí que tuvo suerte, la aceptaron e incluso consiguió  estar en puestos de salida en la lista para las municipales.


  Sale de concejal pero se asegura otro trabajo, profesora de la universidad Miguel Hernández(esto  se lo dieron los suyos, o sea los del PP, además dicho por uno de ellos). 


  Dice que se fue del pp porque no le gustaba el rumbo que estaba tomando el partido pero ella y muchos sabemos que no es cierto. Quería ser alcaldesa por encima de todo(como ahora)e intentó formar una candidatura a espaldas de su compañero pero la pillaron y tuvo que irse.


 Esa ansia de poder la lleva a militar en un nuevo partido (Ciudadanos) y consigue ir en cabeza para las municipales pero no sale de alcaldesa, sigue que sigue y la ponen encabezando la candidatura del senado por Alicante. No hay manera!, que la chica no sale. Piensa lo que piensa y la manera de conseguir un sillón es unirse con su enemiga. ¿ Lo conseguirá?. Todo está en manos de la justicia, ya un juez decidirá si será alcaldesa o no.

 

Maria José Diego Cortes

 

 

0 comentarios

lun

16

ene

2017

Síndrome de Down y Tribunal Constitucional

 

Los hechos son simples: un matrimonio gallego solicita la declaración de incapacidad parcial para su hija, pretendiendo, eso sí, que se le respetara sus derechos personales, como el derecho de sufragio activo. Esta solicitud fue planteada antes de alcanzar la mayoría de edad. La muchacha, hoy, con 20 años de edad, estaba afecta a síndrome de Down. Pero el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia declarándola incapaz en grado parcial para gobernarse por si misma y, en consecuencia,  privaba a la misma del expresado derecho de participación política, como genuino derecho fundamental, que recoge el art. 23 CE. Ella deseaba votar, tenia ilusión por ejercer el derecho público subjetivo. La Audiencia provincial competente desestimó el recurso de apelación y el mismo TS - su sala de lo civil- ratificaba la desestimación del pertinente recurso de casación, manteniendo que la resolución judicial era acorde a Derecho, no había arbitrariedad y, por tanto, le seguía privando de aquél derecho político que se engarza con el contrato social que todo ciudadano detenta. No quedaba otra opción a los padres que recurrir al Tribunal Constitucional, en recurso de amparo apoyado por el mismo Ministerio Fiscal (MF).

 

Lo elevan justificando la «especial trascendencia constitucional» del objeto de la litis constitucional. La respuesta es la inadmisión del recurso por la Sección correspondiente, no consigue adentrarse, no pasa el filtro para ser enjuiciado. Es decir, en la práctica ha evitado pronunciarse sobre el fondo del derecho de sufragio de las personas con discapacidad intelectual, y que tantas incertidumbres ha generado cuando han pretendido votar. No queda otra opción a la familia que agotar la via del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo, camino tortuoso y prolongado en el tiempo. Máxime cuando se trata de restablecer derechos fundamentales que, entre otras cosas, son “fundamento del orden político y de la paz social” y que debieran ser repuestos con la celeridad que exige su especial tuición y estatuto. Y todo ellos están penetrados por el valor de la dignidad.

 

En está situación pueden haber muchas personas – desconocemos con exactitud su número, no obstante el MF cifraba en 100.000 este colectivo - a los que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985, y su art. 3, singulariza quienes carecen de derecho sufragio ( que deberá señalarse expresamente en sentencia judicial firme de incapacidad) y les impide tal ejercicio político, en contraposición con la Convención internacional para las personas con discapacidad, New York, 13/12/2006 (BOE 21-04-2008) quien en su art. 3.c), en relación con art. 2, establece “la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”. Recuerda, no obstante, el TC que son los órganos judiciales los que tienen la atribución de resolver sobre la restricción del derecho a sufragio de forma individual, sobre la base de los informes médico forenses.

 

Llama la atención el consiguiente voto particular que hace la magistrada, vicepresidenta del TC y catedrática de Derecho Penal, doña Adela Asúa quien literalmente considera que “la demanda de amparo plantea una cuestión de singular relevancia constitucional, ya que no existe doctrina de este Tribunal en relación con el ejercicio del derecho fundamental al voto, reconocido en el articulo 23 de la Constitución, cuando se trata de personas con discapacidad intelectual” Hubiera sido interesante que el TC se hubiera pronunciado en una materia que afecta a un colectivo importante en situación de especial vulnerabilidad y sobre la que hay muchas imprecisiones. Llama poderosamente la atención sobre el alegato que hace la vicepresidenta planteándose el siguiente interrogante: “¿Qué pasaría si se sometiera a todo el cuerpo electoral a ese examen de conocimiento sobre nuestro sistema político y electoral? La muchacha había sido sometida a un examen sobre conocimiento político que, al entender del MF, había sido satisfactorio.  Las sentencias no dejan de ser contradictorias cuando todos sabemos que en la practica hay personas afectas por el mismo síndrome de Down que están ejerciendo responsabilidades políticas, y por ende, son ediles, que ejercen una función público-política, participando cada vez más en la vida social, cultural, laboral, etc. Se ha de eliminar cualquier atisbo de discriminación por motivos de discapacidad (art. 2 Convención), exigiendo a los poderes públicos la total integración. Mira que si el TEDH tiene que enmendarnos, una vez más, la plana...

JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

dom

18

dic

2016

Retazos de nuestra reciente historia constitucional

 

Conviene que nunca olvidemos. La memoria es como la grabadora en imagen del intrincado camino de nuestras vidas. El proceso constituyente ya lo vivimos los españoles. Y falta tan sólo la reforma constitucional, no un nuevo proceso en que se cuestione todo. En 1977 se decidió que el número de componentes de la Ponencia constitucional fueran siete: a UCD le correspondía tres miembros; en realidad, esa exigencia derivaba y estaba motivada, entre otras razones, porque estuvieran representados las tres grandes tendencias que reforzaban la coalición, luego reconvertido en partido. Otros dos corresponderían al PSOE, uno para Alianza Popular (AP) y otro para el Partido Comunista (PCE). Se expuso que dejar fuera de la Ponencia a los representantes del nacionalismo vasco y catalán, era un craso error que podría lamentarse. Como UCD no se movía un ápice en el número de ponentes, el PSOE, con gran sentido de la responsabilidad y del Estado, cedió uno de sus puestos al nacionalismo catalán (Roca Junyent). En principio, por el PSOE, los dos miembros que la iban a conformar serían Peces Barba y Alfonso Guerra. Este entendió que debía de ser él quien cediera su puesto a favor de Gregorio, sabedor del extenso conocimiento jurídico de éste último profesor. Este es el motivo que Guerra no fuera uno de los “padres” de la Constitución, aunque, si, con Fernando Abril, muñidor de los avances del texto cuando barrancaba en muchos momentos.

 

 

 En un momento previo, Suárez pretendió que la redacción de la CE tuviera un origen extraparlamentario con una aprobación a posteriori de las Cortes. Defendió, en un lapso determinado, que fueran Landelino Lavilla y Miguel Herrero quienes “redactaran” el borrador de texto inicial para ser debatido, después, en el Congreso. Posteriormente creyó que el borrador de texto constitucional debiera ser elaborado por una “comisión de expertos” que no tuvieran significación política. Duró poco esa reflexión propia del contexto, y de que todo era nuevo para todos. Desde el principal partido de la oposición se le dijo a Suárez que no, que deberían ser las Cámaras las que debían de engendrar el texto constitucional. Por tal motivo, se acordó que se conformara la Ponencia que debía elaborar el anteproyecto, la Comisión y el Pleno, tanto de la Cámara Alta como Baja. Y las discrepancias entre una cámara y otra serían resueltas por una Comisión Mixta, de consuno. Y este debía de ser el iter por el que habría de transitar el tan ansiado texto constitucional. Así lo refiere Alfonso Guerra en su libro de memorias (1940-1982) Cuando el tiempo nos alcanza ( Espasa, 2004).

 

 

Finiquitado el texto de la Ponencia y comenzado el debate en el seno de la Comisión Constitucional, que presidía don Emilio Attard, valenciano, se atisbó una conjunción de ideas entre UCD y AP que hacia que las enmiendas que proponían los partidos de oposición, por la exigua diferencia de poco más de un voto, fueran rechazadas. En consecuencia, en este primer desarrollo-debate del texto constitucional daba la impresión que había un acompasamiento mimético entre las dos opciones centrista (UCD) y conservadora (AP). Alfonso Guerra –genio y figura donde los haya, con conocimiento exhaustivo del periodo de Transición- contactó con Fernando Abril, mano derecha de Suárez, para afearle que ese no era el camino para conformar una Constitución de todos, no de media España sobre la otra media, rememorándole el constitucionalismo histórico vivido y sus derivadas. Esto tuvo – como con la previa salida del ponente socialista por el art. 27 CE (derecho a la educación) - un efecto taumatúrgico, porque apartir de este momento son las dos grandes formaciones políticas las que reman para conseguir la orilla – aun con las lógicas cesiones mutuas-,   escenificando y materializando a la postre que la norma o pacto de convivencia se habría de sustentar sobre las espaldas de UCD y PSOE, básicamente. Lo que no es óbice para reconocer el papel también estelar del PCE y de su secretario general.

 

 

Justo Gil Sánchez

 

0 comentarios

lun

12

dic

2016

JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE

 

 El partido popular de la localidad así como su grupo municipal tratan de enrocarse para crear una espesa niebla sobre las filigranas realizadas en anteriores legislaturas cuando tenían mayoría absoluta y gobernaban su cortijo como se les antojaba.

 

Como no es cierto que el tiempo todo lo cura como dice el refrán,  a veces suceden imprevistos y creo se debe estar preparado para enfrentarse a estas situaciones con todas las consecuencias que puedan generar.

 

Decir que el alcalde denuncia a la portavoz del PP para evitar la presentación de una moción de censura en contra del actual gobierno, es una falacia que esgrimen porque carecen de razones para defender una situación originada por una actuación irregular del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almoradí.

 

El alcalde como representante de nuestro ayuntamiento y cumpliendo con su deber ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la situación irregular detectada. Si alguien se siente denunciado, alguna duda debe tener sobre su gestión. No ha realizado ninguna denuncia contra ninguna persona.

 

Todas las tramas que puedan urdir sobre la gestión del equipo actual de gobierno para apartar del comentario diario  esta situación, no llevarán a ninguna parte.

 

Posiblemente existan más situaciones irregulares realizadas en el largo periodo de mayoría absoluta del PP, que no serán detectadas y espero que no hayan causado quebranto al municipio, que no es el caso del presente comentario que presuntamente si lo ha ocasionado.

 

Al mismo tiempo, debemos saber que quien delega responsabilidades, debe hacer seguimiento de ese delego, puesto que es el último responsable de las acciones de la persona en quien delega.

 

Señores del PP, sean responsables hagan frente a sus responsabilidades, no se trata de ningún ataque personal contra nadie, solamente se trata de aclarar un tema irregular que sucedió  en la anterior legislatura y debe ser aclarado.

 

Miguel Gras.

0 comentarios

lun

05

dic

2016

LA CONSTITUCIÓN AL PRESENTE

Justo Gil

 

 Va a cumplir 38 años y todavía anda en pañales, chirrían sus costuras cuando el uso de la misma. El art. 57.1 CE ya es de por sí lastimoso  y caduco (preferencia en la sucesión a la Corona, en el mismo grado, del varón sobre la mujer). Mientras tanto  la realidad monárquica circundante ya ha suprimido ese arcaísmo: Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia. Pero es que, además, se permanece impávidos ante la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita en New York el día 18/12/1979, ratificada en 16/12/1983. Recordemos que se trata de una Convención, un instrumento internacional con fuerza de obligar a los Estados signatarios. No es propiamente una pura Declaración. ¿Y qué decimos? Que estamos quedos, en actitud puramente contemplativa.

 

    El tiempo ciertamente no perdona. Como si éste no fuera un escrutador y escáner de defectos. Para empezar, de los 10 presidentes del Tribunal garante de la CE solamente una mujer lo ha sido: Maria Emilia Casas Baamonde. Y ya ninguna otra. Y como señalara mi compañera Mar Esquembre, de 12 magistrados que actualmente le  conforman, sólo dos mujeres forman parte de dicho órgano constitucional, siendo juristas de prestigio: Encarnación Roca Trias (civilista) y Adela Asúa Batarrita (penalista). Es evidente que la igualación de género no se halla muy presente en la composición del legislador negativo, como se conoce doctrinalmente al Tribunal Constitucional.

 

   Mis queridos amigos, es cierto que 38 años es casi media vida. Una enormidad para todo ser humano. Y la norma no ha sido adaptada a la realidad social, al conjunto de los problemas que se han ido incorporando a lo largo de todos estos años de constante lucha, brega y fatiga, intentando abrirnos paso, con dignidad. El derecho a una vivienda, el derecho al trabajo, los desahucios hipotecarios, los recortes en servicios públicos esenciales, han hecho mucha mella en la clase media. Se ha bajado al subsuelo. Se ha cuestionado la efectividad práctica de la Carta de convivencia. Se debe pretender, desde ya mismo, en la designa de una subcomisión, en la Comisión Constitucional del Congreso, para que prepare análisis y estudios para orientar la reforma constitucional y su diferente temática.

 

   Parece obvio que debe haber una reconversión de algunos derechos sociales en genuinos derechos fundamentales, llámese derecho a la salud (art.43 CE)  y a régimen público de la Seguridad Social (art. 41 CE), el  derecho al matrimonio (art. 32 CE), el derecho a la propiedad privada (art.33 CE) situándoles  en el primer nivel de protección, porque al presente no lo están. Y no llegan en amparo ante el TC. La societas o colectividad debe orientar el ius (el sistema de legalidad que se quiere y pretende) en armonía, en clara simbiosis.

 

    El ordenamiento jurídico – el inferior y la Norma superior de convivencia- no debe ser otra cosa que la expresión de la voluntad  de la sociedad, del colectivo al que pertenecemos. Cuando no se da esa concomitancia se produce la desafección, el desapego, la no integración, porque no se aprecia utilidad. No ha habido, es verdad, un acompasamiento normativo con nuestra realidad, con el carrusel de la vida.

 

    Como decía Mario Benedetti: “Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas”. Esta  pretendida acomodación normativo-constitucional a nuestra realidad es tarea ingente, que debe surgir desde la propia sociedad, desde los plenos de ayuntamientos, de diputaciones, desde las Universidades, desde las escuelas,  en las instituciones, en general, siempre con conciencia crítica de mejorar nuestro hábitat.  

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

05

dic

2016

Si no hay reformas políticas el sistema no sobrevive

 

 

El presidente de PRISA aconseja "cambios que garanticen la convivencia" durante un homenaje a Francisco Tomás y Valiente

 

Si no hay reformas políticas, el sistema no sobrevive y no prevalece.

 

Juan Luis Cebrián, presidente del consejo de administración del Grupo Prisa (editor de EL PAÍS) ha recordado este miércoles la vigencia de la lección sobre la necesidad del reformismo que para él ejemplifica la obra intelectual de Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional asesinado por ETA hace ahora 20 años. Hablo de la necesidad de reformas que garanticen la convivencia y la gobernación del espacio público, que es en definitiva en lo que consiste la política, ha concretado Cebrián durante un homenaje al catedrático de Historia del Derecho en el que se ha presentado el libro Una mirada valiente (Polifemo), de José Manuel Gómez Bravo

 

Hace 20 años, Tomás y Valiente fue asesinado en su despacho de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por el etarra Jon Bienzobas Arretxe, Karaka. El recuerdo de su figura ha reunido en el Colegio de Abogados de Madrid a, entre otros, la profesora y exministra Carmen Alborch; la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asuala; y la hija del homenajeado, Ana Tomás y Valiente, que ha celebrado el fin del terrorismo de ETA.

 

 [A mi padre] Le disgustaría profundamente el desprecio de algunos dirigentes políticos actuales por el trabajo de todos aquellos que con enorme dedicación, ilusión y convencimiento construyeron en este país un sistema jurídico e institucional democrático y lo fueron dotando de contenido, ha dicho Ana Tomás y Valiente. "Sé que no callaría ante la falta de rigor de algunos procesos en marcha en tanto en cuando primase en ellos lo emocional sobre lo racional, y que reflexionaría y escribiría sobre posibles vías de solución, siempre desde el rigor histórico y jurídico", ha seguido. "Sé que le indignarían las bravuconadas fascistoides que pervierten la esencia de lo que siempre, también en los años difíciles de falta de libertad, defendió. Sé que intentaría mejorar el clima que impera actualmente en el país, deteriorado por múltiples actores que están en la mente de todos", ha terminado entre una cerrada ovación la hija del catedrático.

 

 España, Europa y Estados Unidos asisten al combate entre la ilustración y la identidad, ha advertido Cebrián. En ese contexto se está produciendo, ha dicho, un crecimiento del fundamentalismo democrático, que es que la democracia es buena si efectivamente es mi democracia". Y ha ejemplificado: "Las elecciones son aceptables, decía el señor Trump, si yo las gano, si no las gano es que habrán sido falsificadas. Las instituciones son necesarias si yo las ocupo, y si no ocupo las instituciones hasta el punto que yo deseo, voy a ocupar las instituciones y la calle, porque soy el propietario de la calle y el representante de la gente, quien define los contornos morales y legales de la democracia. El legado de Tomás y Valiente, ha subrayado el académico, sirve de brújula frente a esa deriva preocupante.

 

 Tomás y Valiente hace cuenta de su decepción con los regímenes del socialismo real, ha explicado Cebrián sobre uno de los textos del libro. Esa decepción le llevó a una conclusión que marca su actividad: que es necesario impulsar las reformas, ha seguido. La lección sobre la necesidad del reformismo sigue vigente.

 

 Francisco Tomás y Valiente era profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí murió asesinado mientras sus alumnos le esperaban para ser examinados. Hace poco más de un mes, el exdirector de EL PAÍS debía impartir una conferencia junto al expresidente Felipe González en el auditorio de la facultad de derecho de esa Universidad, bautizado en memoria del catedrático. Un grupo de enmascarados impidieron el acto mientras sitiaban la sala entre gritos, empujones y gestos amenazantes.

 

Fui testigo de la amargura que le produjo a Felipe González que eso sucediera en la sala Tomás y Valiente y a escasos metros del despacho en el que fue asesinado, ha lamentado Cebrián. Eso puso de relieve el deterioro que las instituciones actuales han padecido y el olvido que las generaciones actuales tiene respecto a lo que fue la Transición como reconciliación entre españoles.

 

Juan Luis Cebrián

0 comentarios

lun

17

oct

2016

Italia acomete reformas constitucionales

Justo Gil

 

Que el sistema político italiano era –va a dejar de serlo en breve si el pueblo lo refrenda- un auténtico rompecabezas ingobernable, se confirma como un axioma conocido por todos los que se aproximaban a su sistema constitucional que surge en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial. En la Republica democrática fundada en el trabajo, como se intitula en el primer articulo de sus principios fundamentales, el Parlamento se compone de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. El número de diputados es de 630. Y el de senadores – hasta ahora- es de 315. ¿Qué ha conseguido Matteo Renzi en Italia? Pues aprobar una reforma constitucional que modifica el papel del Senado al punto de residenciar sólo en la Cámara de Diputados la “ función legislativa”. Igualmente reduce los 315 escaños de senadores a 100, es decir a un tercio. Siendo éstos consejeros regionales y alcaldes, convirtiéndose en una veraz cámara de representación territorial y siendo elegidos en las Elecciones regionales no en la generales. E igualmente se consigue eliminar el poder de veto que hasta ahora ejercía. El mismo Senado de la República  se hace el harakiri en votación del 14 de octubre de 2015, aprobándola.

 

 La reforma limita la atribución del Senado para votar mociones de censura que puedan hacer caer a gobiernos. Se hallaban instalados en eso que se vino doctrinalmente en denominar como “bicameralismo perfecto”. Donde ambos órganos constitucionales tienen iguales poderes legislativos. Téngase en cuenta que el texto constitucional se elabora recién acabada la 2ª Guerra mundial concediéndose a las dos Cámaras del Parlamento las mismas atribuciones para evitar nuevas autocracias, como las de Mussolini. El contexto histórico-político permitió esos desajustes constitucionales. Con el tiempo se ha evidenciado una obturación legislativa hibernando leyes cuya aprobación debía de darse en ambas cámaras. ¿Tautología política?

 

Se ha de decir que tal reforma fue aprobada por la Cámara de diputados italiana en el mes de abril del presente año, debiendo someterse a referéndum de los italianos para el día 4 de diciembre próximo. Fue aprobada por tan sólo 361 votos favorables frente a 7 en contra. Los partidos de oposición (Movimiento Cinco Estrellas o Forza Italia) abandonaron el hemiciclo antes de producirse la votación. Todo, después de un intenso debate político suscitado en la sociedad italiana, que ha perdurado durante dos años. El primer ministro ha ligado su futuro político a la aprobación de esta consulta. Como no se obtuvo una mayoría de dos tercios exigible se ha pedido – y el Tribunal Supremo concedido- una solicitud-convocatoria de referéndum con 550.000 firmas recogidas por el denominado Comité por el Si (integrado por miembros del PD, Partido Demócrata).

 

Previamente Renzi había aprobado una nueva ley electoral, llamada Italicum. Entraba en vigor en pasado julio de 2016. Lo que ha pretendido el primer ministro italiano - venia en decir con contundencia en las formas- es que, al igual que acontece con la elección de alcaldes, conozcan al día siguiente de las elecciones generales quien les ha de gobernar en los próximos 5 años, y enterrar el nudo gordiano o el pretendido maridaje, nunca conseguido hasta ahora, de las palabras “Italia y estabilidad gubernamental”.Palabras que nunca se han engarzado. Se decanta por un sistema electoral mayoritario al punto de conceder un premio de mayoría cualificada – nada menos que el 55% de los escaños- a la lista electoral que venga en superar el 40% de los votos. Y si ninguna  de las listas presentadas supera ese porcentaje sustancial, las dos listas con mejores resultados irían a una segunda vuelta. Es curioso que los electores podrán elegir a sus representantes en las 100 circunscripciones fijadas, a excepción del número uno de la lista, que será impuesto por el partido. Para bien o para mal Italia se mueve. ¿Para cuando nosotros?

 

JUSTO GIL SANCHEZ  

 

0 comentarios

lun

10

oct

2016

Propuesta de reforma del Estatuto Valenciano

 

Justo Gil

 Casi desapercibido para el común. El pasado 4 de octubre tuvo lugar en el Congreso de los diputados sesión plenaria para debatir (debate de totalidad) la propuesta de reforma de la Disposición Adicional primera de nuestro Estatuto de Autonomia. Estuvo presente una amplia delegación valenciana encabezada por el President de la Generalitat, Sr. Puig. Vinieron en defender esta propuesta nuestros diputados autonómicos Sr. Ferri Fayos (Compromis), Mata Gómez (socialista) y Bonig Trigueros (popular). Ya es reiterativa  - casi cansina- esa propuesta de reforma estatutaria puesto que ha sido defendida en varias ocasiones anteriores: (1) en septiembre de 2015, (2) en abril de 2016 y, ahora, (3) en octubre de 2016.

 

 Siempre ha estado ausente de este debate el Presidente de Gobierno, Sr. Rajoy. Es simplemente un dato objetivo y que cada cual lo valore como libérrimamente considere. Esta propuesta, es verdad, deviene del año 2011, hallándose  hibernada durante el gobierno conservador. Y es bien cierto que a raiz del cambio político en la Comunitat Valenciana – en mayo de 2015- es cuando se ha “reactivado” ese proceso de reforma. El objetivo es claro: se trata de acabar con la discriminación injustificada de los valencianos. Se pide, como es obvio, unas inversiones justas para nuestra Comunidad Autónoma en los Presupuestos Generales del Estado, y que estos tengan que ver necesariamente con el peso poblacional de nuestro territorio.

 

 La Comunidad valenciana tiene un gran problema de infrafinanciación (casi letal) y de deuda. Después de 20 años de gobierno conservador en la Comunidad Valenciana la deuda a satisfacer por cada valenciano era, al principio, de 600 € por habitante frente a los 9.000 € que hoy se adeuda por cada ciudadano. La diferencia es sencillamente adacadabrante. Han desaparecido unas cajas de ahorros muy importantes de nuestra Comunidad por el mangoneo y la rapiña. El modo y la forma le conocen los ciudadanos. Que por favor, no se repitan hechos tan lamentables como los vividos. Que la política en la Comunitat se haga desde el respeto institucional, y que se pergeñe con vuelos no pedestres .

 

 Hemos querido sacar la barriguita con los grandes eventos, con los grandes proyectos, como si fuéramos riquísimos. Y hoy nos damos de bruces con una triste realidad, sonrojante, por otro lado. Todavía nuestros hijos se hallan en barracones cuando debieran de estar en centros docentes óptimos. El salario medio está muy por debajo de la media nacional. Es absolutamente necesario que se produzcan inversiones infraestructurales, que tengamos mejores comunicaciones con nuestra vecina Comunidad de Catalunya y otras. Es ahí donde está el ingente trabajo a desempeñar. Ese es el tajo. Esos son los deberes para llevar a casa y a desarrollar en todas las instituciones públicas.

 

 Doy importancia a las palabras de la diputada Bonig, que entresaco del Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, del pasado 4-10-16: “Estamos hablando de una cuestión de justicia para con los valencianos, porque los valencianos no venimos aquí a llorar, los valencianos venimos aquí a pedir los mismos recursos que el resto de los españoles”. Si estas palabras son sinceras, que no dudo que lo sean, el movimiento se habrá de demostrar andando, predicando con el ejemplo, con las acciones políticas cotidianas.

 

 Ahora, cuando festejemos el 9 de Octubre, día del autogobierno, día de ensalzamiento de nuestras señas de identidad como pueblo, con una idiosincrasia especial, será momento de aunar esfuerzos para que vayamos de la mano para conseguir los recursos que en justicia corresponden, y proveer a los servicios publicos esenciales. Estaremos atentos.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

03

oct

2016

Mucha tristeza

Justo Gil

 

No es el modo, no es el modo. Así, no. Lo que está ocurriendo en el PSOE nos embarga de tristeza. Un partido de izquierda moderada, central en la historia de la democracia española se desangra a borbotones en luchas fratricidas, entre otras cosas, por los egos y por la indeterminación dubitativa del rumbo a seguir, en un contexto endemoniado, como en el presente, en que hay que tomar decisiones de enjundia, sin parapetarse en la palabrería vacua. Hay que hablar claro y por derecho, de forma inteligible. Hay muchas voces dispares ( a modo de coro), y no se ve con nitidez el mensaje que se pretende. Se difumina, no hay conjunción en la ideas a proyectar. La ciudadania no ha sido capaz de visualizar el porqué era necesario votarle, y sí hacerlo, por ejemplo, a Podemos, insitos en el populismo y en el aluvión y sin bases políticas sólidas. 

 

 Vengo siguiendo éste sábado las imágenes por TV, y la información por otros medios, del Comité Federal socialista – desconozco a la hora en que elaboro este articulo de opinión el resultado final- y lo que veo me causa desolación y sonrojo porque militantes socialistas persiguen a los discrepantes de la gestión de la Comisión Ejecutiva tildándoles de fascistas y otras lindezas. Vergonzoso, y siento rubor y mucha pena, porque no es eso, no es eso. La militancia socialista debe dar ejemplo de sensatez y de serenidad. Así no se reconstruye – porque se está ahora mismo en ese proceso, y es absolutamente necesario para el bien de la izquierda de este país y para el bien de España- una formación política socialdemócrata, nuclear,  imprescindible para la estabilidad del sistema político español. Nadie lo pone en duda.

 

 Pero convendrán que se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que se han hecho: dimisión en cadena de miembros de la Comisión ejecutiva, del denominado sector “critico”. Estrategia que tenia por finalidad que el Secretario General, ante esa masiva situación dimisionaria, haría lo propio; pero no, hay una resistencia y se producen interpretaciones jurídico- estatutarias para todos los gustos. Las imágenes que hemos visto por TV señalando quien era la “máxima autoridad” ha sido, poco menos que risible, impropia de un PSOE serio, adusto, vertebrador de la sociedad. No se pueden dar esos pasos en falso, sin saber, acto seguido, lo que hay que hacer.

 

 Pero, por encima de todo, y a tenor de los hechos, que son muy tozudos, la dirección socialista tenía que haber asumido las lógicas responsabilidades políticas cuando se obtienen unos resultados tan desastrosos desde finales del año 2015 hasta ahora, en elección tras elección. Son datos objetivos. No hay apasionamiento. Desde los resultados de Jose Luis Rodríguez Zapatero con 11 millones de votos, hasta los pirricos del presente, media un abismo. Que se debe invertir la situación es una exigencia, no partidaria, sino nacional, por interés general. No puede haber un partido hegemónico – el partido conservador- sin una oposición seria, sólida y solvente. Sin un PSOE con fortaleza y con las ideas claras.

 

 ¿Se han preguntado en la dirección del PSOE el porqué de éste permanente declive, y que no es de ahora? ¿Se han preguntado porqué la ciudadania le ha dado la espalda y no encuentra en la formación socialista el instrumento o palanca de cambio social en España? Un Congreso extraordinario lo debe resolver, así como una dirección que conecte con la ciudadanía, con una sóla voz y con un proyecto ilusionante, diferenciado de todo atisbo populista, porque eso sería “pan para hoy y hambre para mañana”. Se debe reconstruir un proyecto a medio plazo.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

26

sep

2016

¿Qué le pasa a nuestra Democracia?

Justo Gil

 

 Que el propio sistema político necesita de reformas profundas no deja de ser una obviedad, a estas alturas y visto lo visto. Nuestra democracia está enferma, si, por contagio de actores políticos. También, y en parte, por desidia de la ciudadania, que no debería aceptar determinados actos, conductas y situaciones, reprobando con más contundencia. El falaz a la rue. Nadie está a gusto con lo que está pasando en nuestro país, nadie rezuma felicidad, hay una sensación de disgusto generalizado. Esto no es por lo que luchábamos- braman muchos. O como decia J.L. Borges: “He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”. Aunque la felicidad es tan sólo pequeñas dosis de ese estar bien con uno mismo. Da la impresión de que Política y Felicidad no se llevan bien, no hay buen maridaje. Pero es que nos hemos de rebelar hasta con nuestro propio yo, porque hasta parece “me mira mal”. Exageraciones- me dirán.

 

 Aquí son todo cintas, poses, imágenes, estrategias para “cansar” al contrario, menos dar solución in radice a los sufrimientos de los ciudadanos, a los que el poder político se debe. Me preocupa la perdida de tiempo que se está lanzando por la borda de esta barco de ilusiones que es España. Un año es una enormidad. Enfrascados en dimes y diretes, si son galgos o podencos, o asentados, inmóviles, en algo así como es que “tu cara no me mola”. Todo esto es un pesado lastre que tendrán que apechugar en los anales de la historia política de España. Y será, seguro, objeto de estudio, quizá en psicoanálisis, para quienes dentro de veinte o treinta años analicen estos tiempos en que España se paró, tuvo un apagón, y nadie era capaz de encender la luz. Gilipuertas el último - parecen querer decir.

 

 La Democracia moderada o “Politeia” es la mejor forma de gobierno tomando como referencia la organización social de la ciudad-estado griega, en la consideración de Aristóteles. Muchas cosas están fallando en el sistema. De una parte, (1) los referentes, o mejor, los actores que tendrían que mirarse en estos, en las personas que en los albores de esa forma de gobierno del pueblo insuflaron un halito de esperanza en un mañana mejor. Transmitieron ilusión, pasión, patriotismo, capacidad de cesión. Convivir es coexistir, no hay que eliminar al contrario. Está fallando (2) la ética como concepto, y como modo y forma de vida, frente al hedonismo y la sinecura o canonjía que todo lo invade. La ética se ha marchado para no volver, tiene miedo de posarse en esta España nuestra. De otra, (3) la falta de objetividad en las Administraciones y su utilización artera para aprovechamiento desde su interior y desde sus aledaños. Da la impresión que (4) la función publico-política es algo etéreo, volátil, inaprensible, que no comporta exigencias. Faltan (5) controles en todos los órdenes. El control es el método que hace que cada cual, cada instituto, cada órgano cumpla con su atribución ex lege, demandando ante el exceso la lógica y oportuna responsabilidad. ¿Hay que reconstruir esta democracia nuestra? Pues a lo mejor. Pues al tajo. No hay tiempo que perder. 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

19

sep

2016

LA ENGAÑIFA Y EL CARAMELO

Justo Gil

 

Viene a cuento – nunca mejor dicho por lo de la fábula- de la decisión de la senadora territorial, Rita Barberá, de darse de baja en su formación política para seguir aferrada, erre que erre, al cargo institucional percibiendo, a partir de ahora, más emolumentos por su adscripción al grupo Mixto.  El TS – por mor de su condición de aforada, y por mor de la exposición sustantiva remitida por Juez valenciano- ha acordado se abra una investigación penal por presuntos delitos de blanqueo, hallándose, se recordará, casi todo el grupo municipal conservador del Ayuntamiento de Valencia  en calidad de investigados. No se trata de una senadora elegida directamente por la ciudadania en Elecciones generales, no. Se trata de una elección indirecta (como se hace en las Dipus), pero – no puede ser obviado- se manda a Madrid a “representar” el buen nombre de la Comunitat Valenciana. Y mucho me temo que va a ser una lastre, va a ser más espectáculo que otra cosa. Lo de bajarse del tren en Cuenca o inmediaciones, al conocerse la noticia judicial del órgano del TS,  cuando se disponía a allegarse al Senado para “trabajar” es de puro chiste. Pero zahiere la dignidad de sus representados y, en general, la ética en el ejercicio de la función público-política. Habría que decir aquello de  a lo hecho, pecho”.

 

 Hay que marcharse antes de la política. No se puede estar en ella media vida. Se trata de viejos tics, al que algunos erróneamente se aferran. La Política y la Ciudadania han dado un viraje de 180 grados y aquí parece que estamos ignorando todavía ese cambio monumental que se ha producido.

 

 El art. 22 j) de nuestro Estatuto de Autonomia( con reforma en 2006) establece como funciones de Les Corts el designar los Senadores y Senadoras que deben representar a la Comunidad Valenciana. Habrá una proporcionalidad en función de los resultados. En estos momentos hay seis por designación territorial. La Constitución de 1978 (art.69.5) establece que las Comunidades puedan designar un Senador, y otro más, por cada millón de habitantes, designación que compete a la Asamblea Legislativa. Se cuestiona, ahora, el número de senadores, por mor de la bajada de población en nuestro territorio autonómico. La referencia del número de senadores autonómicos a elegir se hará sobre la base del censo de población de derecho vigente en el momento de celebrar las últimas elecciones generales al Senado. En consecuencia, ahora, no hay ninguna posibilidad de variación senatorial de orden cuantitativo.

 

 Y es la Ley de la Generalitat Valenciana de 1988 la que establece el modo de elección de tales senadores en representación de la Comunidad Valenciana, que tiene que ser en un Pleno en convocatoria específica y en “votación secreta por papeleta”. ¿Hay que esconder algo para que no sea público el voto de designación?. Aunque hubiera, ahora, una disolución de las Cortes Generales, la Sra. Rita Barberá seguiría siendo senadora en el nuevo Senado electo hasta la finalización de legislatura de las Corts Valencianes ( hasta 2019). Este triple salto mortal realizado por la senadora, en conjunción con su formación política, no deja de ser una añagaza que resulta infantil a los ojos de la ciudadania. Estéticamente queda fatal y solivianta a la misma, porque incluso ha estado formando parte de la Diputación Permanente. El aforamiento es un privilegio que en estos casos, cercanos – sino de plena inmersión- con la corrupción política, no debería blandirse, no debiera darse esa singularidad. Debieran ser los Juzgados ordinarios lo que tuvieran que hacer su trabajo, cercanos al territorio y a los hechos reprobables objeto de investigación. No es entendible la actitud laxa de C´s cuando ha exigido permanentes dimisiones, y abandono de escaños ocupados. Hay una tibieza que no se entiende.¿Debilidad? Tampoco entendemos su permanente veto a Podemos – los que pausadamente van madurando-, cuando pomposamente se intitulan partidos de la “regeneración”.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

mar

13

sep

2016

De aquéllos polvos, estos lodos

Justo Gil

 

 Que los recursos financieros de la Generalitat Valenciana son ínfimos y se hallan sitos a la altura del mismo subsuelo hacendístico, es un axioma. La ortodoxia financiera se ha cimentado a partir de la reforma constitucional del art. 135 CE y de la Ley orgánica 2/2012, de 27-4, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por exigencia inexcusable en origen de la UE. El despilfarro a manos llenas con la connivencia de actores políticos y algunas Administraciones públicas ha dejado la Hacienda valenciana totalmente esquilmada. Y hay que ser prudente con la política fiscal en la presente coyuntura. A más inri y ante la exigencia de control estadístico del déficit público y deuda, la Generalitat Valenciana, en años de licencioso gasto y boato, vino en manipular tales datos ocultando el gasto sanitario real, dejando por los cajones cantidad ingente de facturas sin contabilizar. Esto impulsó  a adoptar por el Consejo de la UE – a propuesta de la Comisión o ejecutivo comunitario- la decisión de imponer, en julio de 2015, una sanción pecuniaria de 18,93 millones de euros al Reino de España. Podían hacerlo hasta el 0,2% del PIB (entorno a 2.000 millones de euros, toda una bagatela). ¿Hay que dar gracias, pues?

 

 Al parecer el leit motiv de la sanción – al margen, claro, del respeto escrupuloso a la legalidad comunitaria- se centra en proyectar un mensaje nítido y claro de que las cuentas públicas no se falsean, no pueden ser manipuladas. Y un ejemplo claro sobre emborronamiento doloso de sus cuentas públicas ha sido Grecia, que ha acabado - como es de sobra conocido- siendo rescatada y “tutelada” por la UE, aún a pesar de sus intentos de desasirse del placaje férreo de los “hombres de negro”, que están mirando continuamente de reojo.

 

 Pero. hete aquí, que, en marzo de 2016, merced a acuerdo del Consejo de Ministros se acordó que la responsabilidad en esa manipulación financiera (mentir sobre el déficit real del ente subestatal), con añagaza incluida, es única y exclusivamente de la Comunitat. Y, por consecuencia – señala el Gobierno estatal- debe  ser la Comunidad autónoma quien tenga que satisfacer, al fin y a la postre, la sanción por el engaño financiero. El Gobierno de España ha anticipado ese dinero más unos intereses compensatorios. ¿Cuál ha sido la actitud de la Generalitat ante ese acuerdo gubernamental de tentativa de repercusión de la multa? Lo que ha hecho es impugnar el acuerdo, interesando ab initio la suspensión cautelar. La competencia, en el recurso interpuesto, es del Tribunal Supremo. Y la decisión de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso –Administrativo, del más alto Tribunal del Poder judicial, ha sido denegar tal suspensión cautelar. Entre otras razones – señala la resolución- porque no acredita, siquiera indiciariamente, perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución del acto impugnado (sic). Una pesada loza más en las escuálidas espaldas financieras de la Generalitat.

 

 Es cierto que esta decisión primaria no viene en prejuzgar el fondo del asunto: si cabe o no la repercusión en la Comunidad Autónoma. Pero mucho me temo que más tarde que temprano se tendrá que hacer frente, mientras otros se van de rositas. Se ha de decir que la documentación era remitida por el Estado, luego el gobierno conservador autonómico engañó al Gobierno central o se “dejó” en la engañifa. ¿Las elecciones borran cualesquiera otra responsabilidad, al margen de las de tenor político?

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

0 comentarios

mar

30

ago

2016

La vida como constante espera

Justo Gil

 

 Si nos damos cuenta la noticia política ocupa un porcentaje importante de la información que nos suministran los medios. Es el epicentro de nuestra cotidianeidad. Pero, aparte de la política, que nos roza y zahiere permanentemente, la vida prosigue, una veces cadenciosa, convulsa, en otras. Con sus vaivenes, a modo de carrusel de feria estival de cualquier lar de nuestra geografía.  La vida, aparte de poesía, es espera, que va entrelazada de la mano de la esperanza. Esperamos para esperanzarnos. Domeñanos la quietud para conseguir sonreír después. Esa es la querencia. Ese es el leit motiv de nuestras vidas.

 

Esperamos que cuaje la conformación de un gobierno, como si nos fuera la misma vida en el envite. Y no sucumbirá nadie. Pero, eso sí, habrá generado análisis sesudos de Derecho Constitucional. Pero no pasará de ahí. Es esperar que tus hijos crezcan felices; es esperar para ver de conseguir un trabajo digno, en estos momentos de abuso indecoroso y vomitivo. Y en esa constante espera, ya hemos demudado de barbilampiños a barbudos directamente. El tiempo nos ha hecho mella, nos persigue como sombra adherida, nos ha hecho menoscabo; somos terrenales.

 

 La vida es esperar para ver de trocar la situación y salir de la que nos asfixia;  es esperar que te jubilen, cuando el sentido veraz que tiene refiera el de júbilo y no otro; en el joven profesional es esperar que lleguen las oposiciones para encontrar una luz de esperanza mágica y hacer lo que siempre ha soñado. Es esperar, para tener tiempo y posar sobre unas cuartillas los pensamientos que nunca has podido repensar, pero que los habías barruntado atropelladamente por mor de la celeridad de los aconteceres. Si nos damos cuenta, la vida es permanente espera atropellada. Porque espera y celeridad no son contradictorias palabras. Es sencillamente el mejunje de lo que nos acontece hoy.

 

 Haciendo mío un fragmento del poema Cada dia, de Marwan Abu-Tahoun (joven poeta, de padre palestino y madre española), diríamos que “en eso consiste mi vida, en la espera constante y paciente – al modo en que los pintores viven trazo a trazo- de que cada dia algo emocionante pueda suceder”.

 

 Por el contrario Séneca, pesimista donde los hubiere, sobre la concepción de la espera en la vida, nos dejaba aquélla máxima sobre la que: “la mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del tiempo de hoy”.

 

 Y por ello, cual jurista atípico, me acojo a mi derecho inalienable a declarar sobre el momento presente, a defender el quehacer cotidiano, el día a día, a marcarse objetivos a corto plazo. El vivir saboreando el hoy, sin pasarse, claro. Que la brisa del mar Mediterráneo venga en arrullar cada uno de nuestros sueños.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

0 comentarios

mié

10

ago

2016

INSTITUCIONES Y DESPOLITIZACIÓN

  Justo Gil

 

 Cuando hablamos de instituciones nos referimos al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 CE), al Defensor del Pueblo (art. 54 CE), al Tribunal Constitucional (art. 159 CE),Consejo de RTVE (ART. 20.3 ce), el Tribunal de Cuentas (art. 136 CE), Consejo de Estado (art. 107 CE), Fiscalia General del Estado (art. 124 CE). La ciudadanía está pidiendo dos cosas: a) profesionalidad, y b) despolitización. Una sociedad democrática es creíble cuando sus instituciones funcionan con eficacia, con objetividad y espíritu de servicio público, con independencia del color político del gobierno de turno. Esto no ha sido percibido, hasta ahora, por la ciudadania, por mucho voluntarismo y querencia que le pongamos. Ha habido “cotos” cerrados, y cotos “policromados”. Por lo tanto, dentro de la llamada «fase regeneracionista», que necesariamente ha de venir, es absolutamente imprescindible trocar ese estado de cosas. Hay que dejarlo atrás. Lo que no funciona hay que remodelarlo para que funcione eficazmente.

 

 Dada la exigencia de mayorías reforzadas para “reinstalar estas remozadas instituciones” es imprescindible aunar las voluntades de varias formaciones políticas. El esfuerzo de consuno es algo a lo que no estamos dados. Nos falta mucho rodaje y esconder egos inflamados. Para ello hay que mutar plurales normas. No se oculta que hay un largo e intrincado trecho que recorrer, pero creemos que apasionante para cambiar la cara a este país que queremos, que se llama España. Ya no cabe el autismo político, ya no caben las actitudes irresolutas o medrosas. Como señalara el escritor autodidacta estadounidense del S. XIX, Marden, Orison Sweet: “El irresoluto está siempre a merced del último que le habla”. Se tienen que tener las ideas muy claras acerca de lo que hay que hacer y cómo. Se tiene que ser muy transparente. Y el objetivo último de toda acción política debe ser nítido y claro: «hacer el bien». Ese es el político que valora la ciudadania en tiempos tan desapacibles y tempestuosos como los que nos ha tocado vivir.

 

 Si la ética y la regeneración democráticas reales han sido “impuestas” por la propia ciudadania, es decir, por la misma base social desde hace unos años atrás, es inaplazable, por tanto, que las reformas en tal sentido se deban hacer realidad a las primeras de cambio.

 

 Este escribidor, con igual deseo para el prójimo, quiere vivir en una sociedad respirable, plena de seguridad jurídica, convivencial, coexistiendo con la multiculturalidad, aprendiendo honestamente de los demás, sabiendo que las instituciones que articulan nuestra organización político-social te van a responder, y lo van a hacer adecuadamente. ¿Es esto pedir demasiado? ¿Es pedir, acaso, la luna? La acción política debe  contener el deber moral de propiciar lo explicitado. Nuestra sociedad está llamada a superar las dificultades y a fe que hay buenas personas que luchan con dignidad  y denuedo para adentrarnos en una etapa mejor. Por eso quiero parangonar a Aldous Huxley cuando señalaba que: “las personas debemos el progreso a los insatisfechos”. En definitiva, a aquellos que cavilan permanentemente y hacen de su vida un sincero servicio a los demás.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

01

ago

2016

Excesos y libertad de opinión

 Justo Gil

 

 Viene a cuento de la sentencia (14/06/2016) que ha emitido el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) estimando la demanda interpuesta por el periodista Jiménez Losantos contra España por violación del art. 10 del Convenio (libertad de expresión y de opinión). El Juzgado de Penal nº 6 de Madrid, merced a querella, había condenado al periodista por injurias graves con publicidad por cuanto durante varios días de junio del año 2006 (difamación persistente en el tiempo), en las mañanas de la COPE el periodista vertió graves acusaciones contra el otrora Alcalde Madrid, Ruiz Gallardón (sí, el de las “Tasas judiciales”, que han sido anuladas por el TC). Se desencadena – como es habitual en el meritado- toda suerte de epítetos e invectivas (“traidor”, “lacayo de la oposición”, “bandido”, “farsante”, “alcaldin”, “200 muertos, 1.500 heridos y un golpe brutal para echar a tu partido del Gobierno.Te da igual, Gallardón, con tal de llegar tú al poder”, y otros) al hilo de inquirir a su partido una posición no radical sobre el macabro atentado del 11-M en que fueron asesinados 190 personas, y hubo más de 1.500 heridos. La línea de investigación del Juez instructor y de la Fiscalia (atentado yihadista) no convencían a un nutrido grupo de presión mediática – con dirigismo político del partido conservador, en el gobierno de España cuando los hechos- que señalaban a ETA como inspiradora de la masacre.

 

 Los Tribunales españoles (Juzgado de lo Penal, Audiencia provincial de Madrid), con inadmisión de recurso de amparo del Tribunal Constitucional, entendieron que estos insultos graves contra la reputación de una persona, aunque pública, venían en traspasar con creces los límites de la libertad de expresión. De ahí la sanción pecuniaria de 36.000 € impuesta frente a los 72.000 € que pedía el Ministerio Público. Y Losantos, en ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su manifestación del derecho al recurso, accedió ante la jurisdicción del TEDH (Estrasburgo), pues consideraba que se le había violentado el art. 10 CEDH. ¿A qué conclusiones llega el Tribunal europeo?.Simplificando, a las siguientes:

 

 1º.-Que lo que estaba ejerciendo el periodista era una critica política, en una sociedad democrática y plural. 2º.-Que esa critica ácida se hacía sobre un ámbito de “interés general”, que afectaba a toda la ciudadania. 3º.-Que las manifestaciones vertidas por el periodista podrían ser criticables desde el punto de vista de la deontología profesional, pero no se hallaban sitas fuera del contorno o límites de la libertad de expresión. 4º.-Que la misma libertad de expresión ampara – y es lo más sustantivo- una cierta exageración o incluso provocación (sic).5º.-Que en el caso concreto no se daban  circunstancias excepcionales y que, de sancionar pecuniariamente, podría tener un efecto disuasorio en el ámbito de la profesión periodística de crear antecedente penal.

 

 De los siete magistrados que componían la Sala, hubo seis votos a favor de la estimación de la demanda frente a uno en contra, una magistrada española. Señala en su voto particular la necesidad de proteger el derecho a reputación de toda persona, que integra su derecho a la vida privada, en este caso con una protección en el art. 8 del Convenio Europeo. Consideraba que se habían dado informaciones inexactas imputando al primer edil de Madrid, a la sazón, el entorpecimiento de la investigación del luctuoso y execrable crimen así como un supuesto deseo de impunidad para la autoría. Señalaba que las afirmaciones era falsarias, excediendo esa dosis de exageración o provocación que contiene la doctrina sentada en el presente caso. Concluye que “mentir no es debatir”. Conclusión: la libertad de expresión y opinión se hallan en la cima.

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

01

ago

2016

Rol del Jefe del Estado y autodisolución de las Cortes

 Justo Gil

 

 Vivimos momentos de anormalidad política. Nadie lo cuestiona. A partir del próximo martes el Monarca inicia las consultas con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria para ver de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno y pasar, así, el tamiz de la investidura y otorgamiento de confianza (art. 62 d) en relación con el 99 CE). Unas palabras inoportunas de Rivera, de C´s han venido a abrir una polémica, quizá fruto de su inmadurez y de la presión política a que se ve sometido. Ha venido a decir que: “Le diré al Rey que nos ayude y convenza a Sánchez de que tendrá que abstenerse”. Poco menos que le va pedir que intervenga activamente en la “acción política”, en la dinámica de mover voluntades en un determinado sentido. Craso error. Desconoce el papel que corresponde a la Jefatura del Estado. El art. 56.1 CE claramente le asigna, entre otras, una función sustantiva como es aquella en la que “arbitra y modera” el funcionamiento regular de las instituciones. Es más cierto que las Constituciones del siglo XIX reforzaban al Rey como cabeza rectora del Poder ejecutivo. Es por ello que en la Constitución de 1812, se decia en su art. 170 que: “La potestad de hacer ejecutar las leyes reside “exclusivamente” en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior..”. Precepto que se fue repitiendo en los textos constitucionales posteriores (CE de 1837 – “reside en el Rey”- reza el art. 45-,  CE de 1845 (art. 43), de 1869 (art.69), de 1876 (art.50).

 

 En la CE de 1978 se evidencia la preocupación por no dejar en manos del Jefe del Estado ningún fondo del poder personal. Se introdujo la idea de una Corona sin responsabilidad (“la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”) y sin poder, compatible con el régimen parlamentario. No obstante – y aquí se observa una contradicción-, puede presidir las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente de Gobierno, en asuntos de Estado que tengan una  relevancia.

 

 De otra parte, como ciudadano de a pié, me preocupa la afirmación del Sr. Rajoy al señalar que “pedirá” disolver las Cortes si no hay Gobierno en septiembre. El art. 99.5 CE sitúa como competencia del Rey el disolver ambas cámaras si transcurrido el plazo de dos meses (desde primera votación) ningún candidato (¿porqué no se puede proponer a otro candidato?) hubiera obtenido la confianza del Congreso. Está claro el medro que tiene el candidato, descarta presentarse ante el Congreso si no tiene amarrada su investidura. “Si no soy yo el Presidente no puede ser nadie más, así que salga el sol por Antequera”- esta  sería, en interpretación autóctona, la afirmación coloquial que barrunta y sermonea internamente el Sr. Rajoy. No se da cuenta – ni nadie en las filas conservadoras es capaz de bajarle a la realidad- que el problema es “él”, que no puede liderar una nueva etapa, creíble, de regeneración democrática en este país, que no es capaz siquiera de concitar la colaboración de las opciones conservadoras más afines (C´s, PNV, etc.). En serio, ¿nadie es capaz de desmenuzar intelectivamente y responder al interrogante de porqué ocurre esto? El mejor servicio podría ser apartarse y dejar a savia nueva, exenta de hediondez. La ciudadanía pide al candidato Rajoy, de persistir en el erre que erre, que se presente en el Congreso y defienda su candidatura a Presidente, arroje el resultado que fuere.  Eso lo hace un político de raza, no aquél que, temeroso, pisa el terreno para saber si está blando o terregoso y se adentra o no en él, en función de.. ¿Será capaz? Al menos para que se active el plazo legal de dos meses a partir de la primera votación de investidura. Y son necesarias unas nuevas cuentas del Estado. Nadie lo está discutiendo. Tampoco es bueno el trágala.

 

                                              JUSTO GIL SANCHEZ

0 comentarios

dom

10

jul

2016

OBSESIÓN POR LA SITUACIÓN POLÍTICA

Justo Gil

 

 Observo una cierta irascibilidad contenida en los actores políticos que han concurrido a los últimos comicios del 26-J. Los resultados no han sido buenos para nadie, por mucho que el PP pretenda ponerse una medalla. En una democracia parlamentaria, los 137 diputados no le permiten desarrollar grandes proyectos políticos, ni dar grandes pasos, si no es con la anuencia de terceros grupos. Se halla a gran distancia de la mayoría absoluta. Por lo que se aventura una legislatura muy corta y maniatada. Porque habrá de durar lo que quieran el resto de formaciones, y no va a depender del partido ganador. Es triste, pero es así.

 

  ¿No hay gobierno en España desde hace 7 meses? ¿Y qué? No ha habido cataclismos – me dirán algunos. Y complementan: “al menos, hasta ahora”.  Es mucho tiempo, demasiado. Es cierto que esto genera desazón en las instituciones comunitarias, que nos están esperando para darnos las gracias por lo buenos chicos que somos. Y también los inversores requieren y demandan un climax de tranquilidad y sosiego para depositar sus fondos. La gente quiere saber si los marcos legislativos laborales o tributarios van a seguir siendo los mismos o se va a producir giros copernicanos. Se está pidiendo seguridad jurídica (art. 9.3 CE), pero también «seguridad política», que es cómo decir: ¿hay alguien por ahí que quiera coger el toro por los cuernos?. Permítasele, al menos. Esas dudas ciertamente lastran. Y vamos a perder casi un año, entre pitos y flautas. Un año es toda una eternidad en el contexto económico-social presente. ¿Dónde las medidas a favor de los más débiles? La interinidad de este gobierno ha durado más de lo debido. Jamás habíamos vivido una situación como la presente. Ni los más viejos del lugar.

 

 Quiero llegar a colegir que la política, por esencia y por sustancia, es normalidad, no es excepción. Tiene que ser aburrimiento, una faceta más de nuestras vidas aunque más trascendente. Porque a su través se incide de manera inmisericorde en nuestras economías domésticas, en el pago de los tributos para el sostén de los servicios básicos del modelo de Estado social; se incide en el ensanchamiento o no de nuestro marco libertario, etc.,

 

 Eso se llama consolidar cultura democrática, la que se halla todavía en estado evanescente. Estamos en los albores. Y hay decisiones que exasperan. ¿Qué desazón va a generar en la ciudadanía catalana que la mortecina Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) del innombrable Jordi Pujol pretenda llamarse ahora Junts per Catalunya, Partit Demócrata Catalá o Partit Nacional Catalá? Convendrán conmigo en que esas decisiones no van a cambiar su vidas cotidianas, su trabajo, sus aspiraciones familiares, su futuro, etc.  No son el ombligo, convendrán. Lo que si demanda la ciudadania es saber cómo se han gestionado los dineros públicos y a dónde han ido a parar, asi como la respuesta judicial inmediata que el Estado de Derecho ha ofrecido y ofrece frente a los desmanes producidos, que han generado una gran alarma social. Esa si que es una preocupación ciudadana de calado.

 

 Hay que salir cuanto antes de esta situación de impasse. El hartazgo ciudadano se está desbordando y es preciso que esta situación sea reconducida con altura de miras. Si cada formación política empieza a mirarse su ombligo (porque piense que va a darse una cierta “desnaturalización”, cosa absolutamente inveraz) al final habrá un grave problema de raquis por patología de cerviz. ¡Tam!, ¡tam! – traquetean a la puerta-. E interpelan: «¿Hay alguien ahí que asuma la POLÍTICA con mayúsculas?»  Se oye el silencio. Al menos, hasta ahora. No se pierda la esperanza.

 

  JUSTO GIL SANCHEZ

0 comentarios

mar

28

jun

2016

OTRO GOLPE A LAS PAREJAS DE HECHO VALENCIANAS

 

Justo Gil:  Otro golpe a las uniones de hecho valencianas

 

Enfrascados en la campaña electoral nadie ha reparado en que, de nuevo, el  Pleno del Tribunal Constitucional –merced a Nota difundida y en espera de publicación de la sentencia- declara inconstitucionales varios preceptos de la Ley 5/2012, de 15 octubre, de la Generalitat, por la que se regulan las Uniones de hecho. Esta norma, con otras, como la de Régimen económico matrimonial, el de las Relaciones familiares de hijos con progenitores que no convivan, o  la ley reguladora de la Mediación familiar iban conformando una especie de  Código de Familia de la Comunitat Valenciana, que debía de ir progresando a paso lento teniendo por base, también, el propio Estatuto de Autonomía (reformado en 2006) al acoger su art. 49.1.2 que “la Generalitat tiene competencia exclusiva para la “conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano”.

 

 Recordemos que el matrimonio y las uniones de hecho, que son instituciones diferentes, obedecen a opciones y planteamientos personales requiriendo el respeto a la diferencia tanto en los planos jurídico como sociológico. Y el legislador autonómico lo tuvo en consideración. La norma debe de adaptarse a la realidad social. Esa es su teleología. La sociedad demanda y los poderes públicos con capacidad normativa y competencia, le insertan en los ordenamientos.  Estamos hablando de la protección de toda convivencia estable y duradera.

 

 El núcleo discrepante- como se está dando en todas las resoluciones del TC, al enjuiciar leyes civiles valencianas de nuevo cuño- se centra en la interpretación del art. 148.1.8 CE que atribuye al Estado la “competencia exclusiva” en materia de “legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”. El TC recuerda que sus planteamientos para la anulación de determinados preceptos de ésta norma son idénticos a los esgrimidos cuando resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Régimen económico matrimonial valenciano (STC 82/2016, de 28 de abril). En este sentido colige que ni la Ley Orgánica de transferencia a la CV de competencias en materia de titularidad estatal, denominada como LOTRAVA (concesión política para sumir competencias de quienes accedían por el art. 151 o vía especial; en la Comunidad canaria con la LOTRACA), ni la propia reforma del Estatuto (reforma en 2006, del Estatuto de 1982) capacitan competencialmente a la Comunidad Valenciana para “alterar el techo competencial establecido por la CE en materia de legislación civil”, como es ésta de la que hablamos.

 

 Y la centralidad discursiva se proyecta en una afirmación tajante: que es necesario acreditar, (i) con carácter previo a la entrada en vigor de la norma constitucional, un «régimen consuetudinario de la institución civil» que regule esta norma que ha sido impugnada constitucionalmente. O que pueda identificar “otra institución consuetudinaria diferente a la regulación (ii) pero «conexa» con ella de manera que pueda servir de base para apreciar un “desarrollo” de su Derecho civil foral o especial”. Señale el TC que la primera exigencia no la cumple porque la misma Ley en su Preámbulo señala que estas formas de convivencia fáctica han aparecido en los últimos años. Y que no hay que buscar en los antiguos fueros. El segundo requisito – señala- no se cumple tampoco. Se argüía por el letrado de Les Corts la vigencia de alguna norma de carácter consuetudinario como la denominada “costumbre testamentaria de l´une per l´altre o el “fidecomiso foral”. Pero el Tribunal Constitucional refiere que no ha sido acreditada la existencia de esa costumbre, ni se aporta prueba en tal sentido. El art. 1.3 del Código Civil es traído a colación para indicar que la “costumbre”, como fuente del Derecho, es aplicable en defecto de ley y – se añade- siempre que aquélla “resulte probada”. Y es lo que cuestiona el Pleno del TC.

 

 Recordemos que la justificación de la meritada  Ley – expresaba el Preámbulo de la misma- se sostenía además de en el art. 2 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana de 1982, como en el art. 14 de la CE al garantizar la igualdad.

 

 Un nuevo “palo” jurídico-constitucional. Y  queda alguno más en ciernes. Es una lástima porque el autogobierno se contrae en éste ámbito regulador. Es por ello que el poder público valenciano tiene que empezar a actualizar el ordenamiento o Código de familia para adaptarlo a los parámetros de constitucionalidad.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

1 comentarios

dom

19

jun

2016

LA SOCIALDEMOCRACIA REPRESENTADA POR EL PSOE

Justo Gil

 

La socialdemocracia representada por el socialismo

 

 En estos momentos de imposturas identitarias la verdad y los hechos que se le anudan tienen que resplandecer. En política no puede valer todo para conseguir “poder”. Y no puede ser éste un simple dicho sino una afirmación tajante. Todos – o una gran mayoría- compartimos la necesidad de un cambio real en la gobernabilidad de España. Pero una cosa es compartirlo y otro cosa es intentar arrinconar espuriamente a una opción socialdemócrata real que ha alzado a España a cotas nunca antes conseguidas.

 

 Hay mucha gente incrédula que, ante la necesidad, se viene en asir a un clavo ardiendo. Y es comprensible. Cómo no vamos a entender esta situación de urgencia social. Y hay que atajarla, siendo una de las primeras actuaciones legislativas. Pero no se olvide nunca que los cantos de sirena son eso: cantos de sirena. Porque luego hay que bajar a la arena, y eso se llama gobernar para la mayoría de este país, te hayan o no votado. Porque no puedes ser sectario. Porque te vas a dar de bruces contra la realidad más cruda. Y esto se escenifica en una expresión que te da la experiencia: siempre la necesidad es infinitamente superior a la capacidad de domeñamiento sobre la misma. Y esto no se puede ocultar. Y puedes originar la frustración a las primeras de cambio.

 

 Hay muchos profetas políticos que repudiando el sistema – como si fuera la bicha, cuando los apestados son básicamente los sujetos-, lanza los mensajes apocalípticos que se anudan a una nueva “recreación del mundo”. Como si la mayoría de ciudadanos estuviéramos conformes con el cienagal que nos circunda. ¡Claro que no!. Pero se yerguen como los únicos defensores, y para ellos se propende propagandísticamente a la ruptura del sistema, que tanto nos ha costado levantar. Se equivocan. España necesita muchas reformas, claro que si. Y en muchos ámbitos: en el sistema judicial, en la regeneración democrática, en las misma instituciones, en  nuestra legislación electoral, en nuestro sistema sanitario, en nuestro modelo educativo, etc. Claro que si. Repito: SI, con mayúsculas. Pero hay que hacerlos desde la mesura, desde la objetividad, sin meter miedo a nadie, sin ningún revanchismo, pensando en el interés general. Y esa atalaya la procura la socialdemocracia.

 

 Y es evidente que Rajoy, con su partido conservador, debe pasar a la oposición durante unos años hasta que se produzca una regeneración con nuevos líderes que abominen la corrupción en cualquier espacio público y allende.

 

 Se ha de señalar – para refrescar la memoria de mucho olvidadizo- que los avances sociales en este país nuestro que llamamos España, se han conseguido gracias a la socialdemocracia que ha estado siempre representada por el socialismo democrático. A ese que llaman de la “cal viva”, actuando como presidente de gobierno, puso en marcha en este país todo el desarrollo del sistema constitucional libertario, asistencia sanitaria para todos, las pensiones no contributivas, la inserción en la Europa comunitaria (antes CEE), el desarrollo de una política exterior avanzada. Otro presidente socialista que le llamaban “bambi” – y que ahora desde el populismo le señalan como el mejor presidente de la democracia, obviando con aviesa intencionalidad a Felipe Gonzalez-, hizo un desarrollo extraordinario sobre las libertades y derechos sociales, tan trascendentes como la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad efectiva entre hombre y mujeres, el matrimonio entre personas del mismo sexo, una ley sobre el aborto avanzada y homologable internacionalmente.  Y claro que ha habido errores. Pero en la mochila del socialismo hay muchos más aciertos.. La razón fundamentativa es la existencia de cuadros, ideas, y proyecto, a lo que se le anuda una actitud: la seriedad. Se trata de mirar a los ojos de la ciudadanía.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

1 comentarios

mié

01

jun

2016

CLAUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

 

CLAUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA

 

Justo Gil

 

Estamos observando legislaciones autonómicas que están incluyendo determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. Tal es el caso, por ejemplo, del País Vasco, con su lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza. Es verdad que la legislación estatal de 2011 sobre Contratos del Sector Público venia en introducir condiciones especiales en las predichas relaciones contractuales referidas a consideraciones de tipo social. Esta normativa constituía «legislación básica» del Estado en materia de contratos, correspondiendo a la legislación de las Comunidades Autónomas su pertinente desarrollo. Se trata, al fin y a la postre, que los órganos de contratación de las entidades que integran el sector público autonómico, establezcan unas “previsiones mínimas” de aquél carácter social que deberán de incorporarse obligatoriamente a los procesos de contratación.

 

 Se preguntarán qué tipo de cláusulas sociales son introducidas por mor de esas normativas. En el caso del País Vasco éstas exigencias se circunscriben y delinean en torno a los concretos contratos de «concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y de servicios». Se extiende al sector público vasco, en el que se incluye la propia Comunidad, las diputaciones forales de cada uno de los territorios históricos, así como los entes institucionales y sociedad públicas de ellas dependientes; y, también, claro está, a las entidades locales y entes y sociedades de ellas dependientes.

 

 Se concretan, entre otras, en las siguientes: 1.-obligación de dar trabajo a personas desempleadas de larga duración; 2.-organización a cargo del contratista de actividades formativas para personas jóvenes y desempleadas; 3.-adopción de medidas de promoción de la igualdad de género o de medidas de integración de las personas inmigrantes; 4.-obligación de contratar a un número de personas con discapacidad superior al legalmente establecido. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se podrán incluir estos requerimientos particularizados de carácter social. Los mismos son abiertos a otros plurales requerimientos.

 

 También pueden introducirse en esos pliegos la exigencia de unas «condiciones laborales mínimas» de las contratistas. Así, se exige que los licitadores indiquen el (1) convenio colectivo que es de aplicación a los trabajadores, (2) facilitar información sobre las condiciones de trabajo, (3) que una vez adjudicado el contrato, sea de aplicación efectiva a los empleados. Se contempla la exigencia al adjudicatario que deberá abonar (4) el salario recogido en el convenio colectivo que le corresponda durante toda la ejecución contractual, y (5) que nunca el salario a abonar pueda ser inferior al expresado en esa convención colectiva.

 

 ¿Qué ocurre si los contratistas no cumplen con estas exigencias contenidas en los pliegos? Los órganos de contratación deberán contemplar en aquéllos las consecuencias de su incumplimiento: a) imposición de determinadas penalidades; b) prohibición de contratar a esos empresarios; c) a la resolución contractual en aquéllos incumplimientos que sean tildados como de “infracción grave”.

 

 ¿Qué se colige con lo expresado? La respuesta es sencilla: que hay sensibilidad en determinados poderes públicos, que lo llevan a la práctica y que, de alguna forma y manera, contribuyen a refrendar el modelo de Estado social en que nos hallamos, conforme al art. 1.1 CE 1978. Estas prácticas deben de ir extendiéndose en la mayoría de administraciones públicas autonómicas y locales. ¿A qué esperamos? Esto es lo que está esperando la ciudadania de sus representantes. Y, por favor, déjense de arrogancias. Sean humildes.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

0 comentarios

lun

23

may

2016

País de picaros

Justo Gil

 

 Así ha denominado la primera mujer que ha llegado a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía española(CGAE), Victoria Ortega, la situación de nuestro país. Señala que la sociedad española está viviendo un tsunami de corrupción y que para frenar esta situación se precisa de: a) organismos de control y prevención ágiles; b) dotar a la Justicia de medios. Añado, que, comparables con los que tiene la Administración tributaria; y c) acometer de forma urgente las reformas procesales imprescindibles (Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc.). Nadie ha sido capaz de hincar el diente a una reforma de la justicia penal, y siempre el instrumento usado ha sido el “parche”. Irresponsabilidad y miedo. Yo añadiría que el otro pilar necesario para acabar con la picaresca es asentar un modelo educativo de consenso, a lo Angel Gabilondo.

 

 Pretende, a vueltas de verano, que el Consejo General de la Abogacía pergeñe un conjunto de propuestas que fundamenten un nuevo “Pacto para la Justicia”. Naturalmente que para elevarlas a quienes detenten responsabilidades de gobierno tras el 26 de Junio. Es de esperar un cambio político en esta España nuestra. Es verdad que hablar sobre la “crisis de la Justicia” es hablar sobre la noche de los tiempos. La razón es obvia: porque siempre la hemos oído, a la par que padecido, en nuestro quehacer cotidiano. Y la situación es la que es, y que se resume en dos palabras: absoluta insatisfacción. Y digo más: aún a pesar de los ímprobos esfuerzos de muchísimos magistrados que se dejan literalmente la piel todos los días impartiendo justicia.

 

 Y dice una cosa muy juiciosa y es que la lucha contra la corrupción no sólo es sólo dable desde el ámbito de la Justicia (ámbito de la diosa Themis), desde el que se debe luchar con denodado esfuerzo, sino que el primer ámbito de actuación es la escuela, la educación, que debe crear “buenos ciudadanos”. Y ahí estamos fallando estrepitosamente. Basta reconocer que no es posible pactar una política educativa, una política de Estado, asentada y sin que esté permanentemente en actitud belicosa. ¿Dónde está el sentido común? Está visto que en otros lares, porque en el terreno de la política está muy ausente. Decía Indira Ghandi – y se lo recordaba a los alumnos de GAP en la UA- que “Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos”. La estadista india quería señalar con ello la necesidad de  estar abiertos al diálogo, a confrontar las diferencias desde el respeto a las ideas del otro, pero sabiendo que la altura de miras nos allega a un lugar denominado “interés superior” o “interés general”. El panorama educativo en España es desalentador. Unas Comunidades Autónomas aplican unas reformas legales, otras la dejan de aplicar y la inseguridad jurídica rebosa el vaso. ¿Perjudicados? Naturalmente que los alumnos y sus familias. ¿Dónde está la nueva “cultura política” en este país? De momento se halla en paradero desconocido. Mucho bla, bla, bla.

 

 La sociedad presente es fruto, entre otras cosas, de un deficiente sistema educativo. Y ya lo decía Pitágoras: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”. Seguro que invertir en educación hará ahorrar en otros muchos ámbitos. Muy seguro, segurísimo.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

0 comentarios

lun

23

may

2016

Golpe letal a una parte del autogobierno valenciano

Justo Gil

 

 A casi nadie escapa que el derecho foral es uno de los anclajes sustantivos del gran edificio o arquitectura autonómica valenciana. Ha pasado desapercibida la importantísima sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de abril por la que se viene en declarar inconstitucional y, por ende, anular la trascendente ley valenciana sobre el Régimen Económico Matrimonial Valenciano, de 2007. La razón de peso- según el TC- es que la Ley autonómica invade la competencia estatal en materia de legislación civil. Es un pedrusco muy grueso en el camino y recorrido iniciados para establecer en la Comunitat Valenciana un especifico Derecho civil foral valenciano. El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Gobierno (Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, art. 162.1 a) CE y art. 32.1 LOTC). Sin entrar en mayores consideraciones técnicas – porque un breve articulo no lo propicia- el razonamiento nuclear que se articula por el Pleno del TC es sencillamente que no se ha demostrado la «vigencia previa» a la Constitución de 1978 de normas legales o consuetudinarias en el ámbito de régimen económico matrimonial. Literalmente se señala que “no se ha demostrado su pervivencia, aplicación y cumplimiento con la creencia de tratarse de verdaderas normas jurídicas, siendo en este caso imprescindible, dada la derogación de los Antiguos Fueros del Reino de Valencia”.

 

 Una de las dudas que puede suscitarse es si la norma bajo cuya égida casaron muchas parejas, sigue surtiendo para estas los efectos y efluvios de aquélla o, si por el contrario, han sido cortocircuitados por mor de la presente resolución constitucional. El Fallo de la sentencia lo aclara: “no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas”. En consecuencia, no hay nada que temer por cuanto que seguirán rigiéndose por el idéntico régimen económico matrimonial que hubieran gobernado sus relaciones. Otra cosa es que deseen trocar su régimen y variarlo en las pertinentes capitulaciones matrimoniales que permite el Código Civil.

 

 Es cierto que no hubo unanimidad, que hubo voto particular muy fundado (J.A Xiol) que entendió que no se debió de estimar el recurso de inconstitucionalidad. Que no se había invadido la competencia estatal del art. 149.1.8 CE. Señala que no es contrario a la CE que el Estatuto valenciano venga en reconocer un sistema de Derecho privado foral, aunque no estuviera vigente en el momento de vigencia de la CE 1978, siempre que “sea posible calificarlo como sistema de Derecho privado efectivamente vigente en el ámbito histórico, geográfico y sustantivo propio de los Derechos forales”. Nuestra orientación por los Austrias (Casa de Habsburgo) , antes que por los Borbones, cientos de años después, en la Guerra de Sucesión española, nos está pasando factura.¡Vaya que si!. Estos no son sino los efluvios de aquélla opción.

 

 En abril de este año – yo creo que intuyendo lo que se venia encima- el jefe del Consell, Ximo Puig, solicitaba del Presidente de Gobierno que se “retiraran” los recursos de inconstitucionalidad elevados contra tres importantes leyes civiles valencianas: 1) ley de régimen económico-matrimonial valenciano (con el resultado letal para la misma; es decir, su expulsión fuera del ordenamiento jurídico); 2) ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (conocida, entre otras acepciones, como la de preeminencia de “guarda y custodia compartida”); y 3) uniones de hecho formalizadas.

 

 ¿Qué podemos colegir? Que si se siguen los mismos parámetros de razonabilidad jurídica esgrimidos por el mayoritario grupo de magistrados del TC, pueden correr la misma suerte: ser declaradas inconstitucionales a la par que anuladas y expulsada allende el ordenamiento jurídico vigente. Oltra, ante la posibilidad de que se confirmara la negritud de estos augurios, señalaba: “Mira, otra vez en Almansa (por lo de la batalla-añado), hay que ver qué poco hemos avanzado los valencianos”. Entiende este escribidor, que, aún a pesar de la gran adversidad jurídico-constitucional, no hay que retroceder, hay que seguir defendiendo nuestras señas de identidad.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ 

0 comentarios

mar

03

may

2016

Malditos sean, Aylan.

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

Malditos sean los hombres y gobiernos que promueven las guerras, sin anteponer antes la palabra y la convención, los que siegan la vida de seres inocentes; malditos sean quienes las alientan y amparan, los que ven con distancia y frialdad la injusticia, el dolor, la muerte de inocentes y, pudiendo hacer algo más, son incapaces de conmoverse, lanzando frases lapidarias cual personas sin corazón: “es que aquí, nuestro nivel de desempleo no permite..” O frase de otro excelso ministro que no era partidario de cuotas porque se íba a producir “un efecto llamada y(....)”. Y otras que ya no son del caso. ¡Para qué! ¡Se califican por sí mismo! Mucha altura moral(sic)- convendrán. El Gobierno español se mueve, ahora, al rebufo del movimiento municipal que actúa de lanzadera en el ejercicio humanitario de la solidaridad con los refugiados. Y ahora es el Gobierno el que empieza a dar brazadas reuniendo a las Comunidades Autónomas. Qué cinismo.

 

Te pedimos perdón, Aylan, por no haber protegido tu vida, porque tu pequeño cuerpo de tan sólo 3 años no merecía nunca terminar, inerme, en la orilla de una playa turca meciéndole las cadenciosas olas de un mar desconocido para ti. Tú tenias que estar vivo, pletórico de ilusión, como niño, jugando con tus amigos, junto a tus padres, buscando refugio –porque huíais de la guerra- en los “estados democráticos” de Europa y estos debían de haberos dado la oportunidad de hallar, juntos, un nuevo horizonte después del infierno de Kobane, arrasado, de donde procedíais Ni siquiera Canadá- através de su legación diplomática- os escuchó. La democracia avanzada-dirán sarcásticamente.

 

Pero ahora, después de tu marcha, Aylan – qué contradicción-, empieza a removerse las conciencias de muchos gobiernos cobardes y timoratos. No de otra forma pueden ser calificados. Repito: cobardes y timoratos.

 

Las conciencias de muchos de estos dirigentes están putrefactas, y tan sólo han virado al ver tu pequeño cuerpo, tendido, quedo, inmóvil, al ver tu pantalón azúl, tu camiseta roja, sin vida, sin el latido del corazón (tic, tac, tic, tac ) de un niño..., si, de un niño, que en palabras de Juan Cruz representa el mundo entero. ¿Qué pretendíais tú, Aylan, y tu familia?. No lo digas. Lo se: vivir, tan sólo vivir, buscar un nuevo horizonte, huir de la barbarie, respirar la vida, el aire de la libertad. Y, como a otros compatriotas que vagan por estaciones de tren, por vías férreas, os han tratado con indignidad, como si fuerais... Y, si, han debido de hacerse alguna pregunta que no han sabido responderse. Tal vez se hayan atragantado con sus  conciencias; o casi se hayan asfixiado, pues las mismas han debido afear sus negruzcas acciones.

 

Perdona, pequeño Aylan, si, si, soy un abuelo y tengo un nieto de tu edad al que quiero un montón e intento, junto a sus padres, inculcar valores. Y si, he llorado de impotencia, de rabia, no he podido contener las lagrimas ante tremenda injusticia, al ver tu pequeño cuerpecito. Estas torpes y temblorosas palabras son – desde lo más profundo de mi corazón- un pequeño tributo y homenaje a tu memoria, a la de tu hermano, y a la de tu madre, también tristemente fallecidos en la playa turística turca. La barcaza nunca llegó a su destino. ¡Qué contradicción!, ¿verdad, Aylan? Venir a morir en una zona con porvenir. No te olvidaremos, pequeño Aylan. Tu ejemplo se ha inoculado en nuestros corazones. ¡Hasta siempre, Aylan! Reivindicaremos tu memoria.

 

JUSTO GIL SANCHEZ

DOCTOR EN DERECHO

 

0 comentarios

lun

02

may

2016

¡SOMOS LOS CULPABLES!

Miguel gras

 

Esta es la táctica que están empleando PP y Podemos desde hace algunos días para lanzarse  en campaña electoral contra el PSOE porque saben que tenemos muchas posibilidades de ganar las elecciones del próximo 26 de junio e intentan convencer a los ciudadanos de que no ha habido gobierno porque el PSOE ha estado haciendo postureo en las negociaciones cuando no ha sido así, el PSOE ha intentado constituir un gobierno progresista y acabar con las injurias que ha ocasionado a los españoles; se ha actuado con buena fe, se quería regenerar la política y realizar políticas para las personas.

 

Cualquiera de los múltiples portavoces que tiene ahora el PP que son muchos, ha creado varias subsecretarías de gente joven, aunque siguen voceando los viejos, compañeros del “impávido” Mariano como el señorito andaluz “campeón” Arenas, que hoy aparece en televisión diciendo que la culpa es de Pedro Sánchez, porque en éste cargan la culpa al igual que toda la troupe que tiene alrededor, que están apoyando a don Tancredo porque si este salta, todos le acompañarían a dejar el sillón.

Podemos intenta engullir a IU porque sabe que cada vez tiene menos apoyos incluso de muchas de las sensibilidades que lo forman para no descolgarse. Tendrán más líos antes de las elecciones de junio.

Al PP les digo que por mucho que quieran disfrazarse de cambiar políticas económicas, sociales, pactos educacionales etc, no nos engañan. No se puede pactar para formar gobierno con un partido que no ha admitido ninguna aportación a las leyes que ha creado y que ha gobernado a golpe de decreto, pasándose por el arco del triunfo todas las modificaciones presentadas por la oposición y a lo que dicen de sus nuevas propuestas les aplico el dicho del Barón de Holbach , “ Hay hombres cuya conducta es una mentira continua”.

 

A los chicos de podemos creo que deben controlarse, porque el que más grita tiene menos razón y a D. Pablo Manuel Iglesias, que sepa encajar y no se altere como le sucedió hace unos días cuando el chuleta portavoz del PP le dijo con risitas lo de su apoyo a terroristas, que recuerde lo que dijo en la investidura a Sánchez con lo de la “cal viva “. También debe aclarar si llega a presidente del gobierno, si va a aplicar las políticas de Maduro, porque a lo mejor los funcionarios le votan, porque trabajar sólo dos días a la semana es un chollo.

 

No me quiero extender más, pero considero que debemos mentalizarnos que con los mimbres que hay, se pueden hacer distintas cestas y todos tenemos los mismos mimbres, la diferencia está en las personas y en eso no nos gana nadie, debemos hacer ver que España ha tenido sus mayores avances en derechos de los trabajadores, educación, sanidad, derechos sociales, cultura etc, con gobiernos socialistas y así seguirá siendo, porque vamos a ganar las próximas elecciones generales.

Y en apoyo de lo que arriba he escrito, este pensamiento de Jean Jacques Rousseau otro enciclopedista “Pueblos libres, recordad esta máxima. Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde.

 

Miguel Gras.

 

 

0 comentarios

mié

20

abr

2016

SODOMA, GOMORRA Y DON TANCREDO

  Miguel Gras

 

Es tal la corrupción en el PP, los fraudes fiscales de sus representantes políticos, manipulación de las instituciones del estado en beneficio de la gestión del país, que resulta comparable a lo narrado en el Antiguo Testamento acerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron arrasadas por el fuego divino a pesar de que Abraham intercedió pidiendo a Dios que si existían cincuenta justos, cantidad que fue rebajando hasta diez, salvando únicamente a su sobrio Lot y a sus hijas.

 

Existe una cultura de corrupción tan implantada en este partido, que se permiten hasta de alabar la dimisión de un ministro en funciones que ha intentado hacer lo que no se puede permitir ninguna persona que quiera dedicarse a la política, “mentir “, y además en una serie de incongruencias y olvidos  propios de un enfermo de alzheimer; yo entiendo que se puede crear una sociedad fuera de España para poder trabajar en sus negocios, pero que no tribute donde corresponda y encima lo niegue esto ya es el sumun del ridículo de una persona presuntamente con una inteligencia media. Podemos añadir la última, el señor alcalde de Granada que se aprovecha de su posición para negociar y dar pelotazos urbanísticos, y dice que dimite el y dos más implicados para facilitar el gobierno de la ciudad. (menudo sinvergüenza ).

 

Jose Mari, dice que va a denunciar por haber publicado su intento de fraude fiscal; nada menos que el que fue nº 1 en honradez, que hablaba catalán en privado y ponía los zapatos sobre la mesa Bush y dedo divino para designar sucesor después de su reinado, inspector de hacienda, nos sale defraudando todo lo que ha podido al igual que otros muchos de su partido.

 

Sería interminable la sucesión de maldades de esta gente que campa a sus anchas por esta piel de toro castigada por estos cuatro últimos años de gobierno del PP, mientras Don Tancredo (Mariano) desde que alcanzó el poder hace cuatro años y medio, viendo pasar las distintas situaciones: corrupción en Valencia, Bárcenas, Cataluña etc. Negar al rey el encargo de formar gobierno, ahora se dedica a culpar a Sánchez de no poder hacerlo y hablar de la gran coalición y esperando que Sánchez no logre formar gobierno para que lleguen nuevas elecciones, planificado desde antes del 20D por si ocurría lo que pasó. Desde ese mismo día ya empezaron todos los chicos del clan con la misma canción, si no hay gobierno, la culpa es de Sánchez.

 

Ante esta situación y vistas las actuaciones delos otros dos en discordia no cabe esperar otra cosa que nuevas elecciones en junio y si los españoles tienen dos dedos de frete no deben votar a el partido que ha hecho sufrir a los trabajadores, discapacitados, enfermos, escolares, estudiantes y pensionistas de este país, endeudando el país hasta lo inimaginable y al mismo tiempo haciendo recortes que no han servido para mejorar la vida de la mayoría, solamente para algunos pocos que son los que los financian y reparten sobres entre los que ocupan los altos cargos de ese partido por eso ninguno mueve ni una pestaña no sea que al día siguiente ya no estén en la nómina.

 

No me quiero despedir sin hacer referencia al fallido encuentro a tres en el que ni  C´s intentó llegar a acercamiento ni P´s tampoco, la egolatría que acumula el Sr. Iglesias ya le pasará la factura correspondiente. De eso no me queda la menor duda.

 

Miguel Gras

 

 

1 comentarios

jue

03

mar

2016

RESPONSABILIDAD Y VALENTÍA DEL PSOE.

 Miguel Gras

 

Una vez acabada y votada la primera sesión de investidura protagonizada por el candidato de PSOE  Pedro Sánchez,  con el resultado que imagino por todos conocido, he llegado a conclusiones que admito pueden ser reales o erróneas, pero que son las mías.

 

En primer lugar la comparecencia del Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que sigue con su monserga del gobierno fuerte de gran coalición para mantener los logros de su gobierno anterior ( limitación de derechos, salarios de miseria, contratos de horas de los se ufana, recortes en servicios fundamentales, en educación, sanidad, servicios sociales, etc ) que son los logros de sus cuatro años de mandato, circunstancias que no se habían producido desde la dictadura anterior a la democracia.

 

A todo esto hay que añadir y me permito discrepar de Pedro Sánchez, el Partido Popular es un partido corrupto, porque aunque no lo sean todos sus afiliados porque algunos conozco y son personas sensatas y no son corruptos, otros si lo son porque han usado sus puestos en el partido para enriquecerse y financiar ilegalmente el partido, está suficientemente demostrado aunque lo nieguen y por lo tanto si lo son sus dirigentes, lo es el partido.

 

También creo que es justo agradecer al Sr. Ribera la responsabilidad asumida en el acuerdo con el PSOE para formar un gobierno progresista capaz de recuperar los derechos eliminados por el anterior gobierno de infausto recuerdo, postura que deberían ir considerando algunos de los afiliados en su partido y que actualmente realizan una política demasiado ambigua sin adquirir ningún compromiso, la postura más cómoda.

 

Condenar las declaraciones efectuadas por los ministros de exteriores y de interior relativas a fantasmas olvidados por los españoles, (léase ETA y  gobernabilidad de España), deberían ser más honestos.

 

La actuación del Sr. Iglesias de Podemos, insultante debería meditar sobre ella, puesto que en esa actitud, muchos de sus votantes, se lo plantearán de volver a votarle si hay nuevas elecciones, no se puede ir por la vida despreciando al opuesto y a sus planteamientos, se nota que no ha leído a Voltaire “no comparto lo que dice, pero haría todo lo posible para que lo dijera “. Su movimiento asambleario no tardará mucho en hacer aguas si sigue en esa actitud chulesca, se está convirtiendo en “casta”.

 

Los independistas a lo suyo, han olvidado que admitieron la constitución actual y gozan de autonomía con la que nunca habían soñado, y siguiendo el curso normal de la democracia, se podría modificar la Constitución haciendo reformas que permitieran un mayor autogobierno sin abandonar España.

 

En cuanto a Izquierda Unida, que vaya recordando la “pinza” del Sr. Anguita que les costó casi la desaparición del PC y nueva refundación, espero que el Sr. Garzón sea más responsable y tenga memoria.

 

Por lo anteriormente expuesto, considero que tanto los militantes, simpatizantes y ciudadanos en general, consideren el paso dado por el PSOE, asumiendo la responsabilidad de formar gobierno a pesar de las dificultades planteadas y que se tenían en cuenta y ante la cobardía del que dice ser el que ha ganado las elecciones, porque ha sido el partido más votado, que tenga en cuenta que el resto de los partidos, duplican los votos, no diga falsedades y asuma sus responsabilidades de haber hecho una legislatura cruel y no haber admitido ningún tipo de dialogo que ahora reclama cuando ha gobernado siempre por Decreto y ha mantenido a los ministros que peor han tratado a la ciudadanía española, (trabajo, industria, justicia, educación etc.)

 

  Miguel Gras.

 

1 comentarios

lun

15

feb

2016

OPOSICIÓN IRRESPONSABLE

 

 La última irresponsabilidad del PP de Almoradí, es calumniar deliberadamente la gestión del actual equipo de Gobierno con la única intención de hacerse ver en la oposición puesto que, su única función es levantar la mano a la hora de votar a favor o en contra de las mociones que los demás partidos políticos presentan para satisfacer los intereses de los vecinos del municipio.

 

 La polémica creada por el PP es acusar al Alcalde socialista, Jaime Pérez Pacheco, de utilizar un vehículo policial para uso exclusivo y personal. Desde luego una acusación totalmente infundada e injustificada del PP, puesto que el uso del vehículo tan solo es estrictamente oficial. Como explicó anteriormente el equipo de Gobierno, el vehículo cumple con múltiples funciones como son las de la propia policía local, funcionarios, personal del Ayuntamiento, traslado de mujeres víctimas de violencia de género, traslado de menores a centros de acogida,  etc., pero NUNCA para un uso personal y exclusivo del Sr. Alcalde.

 

 La oposición irresponsable llevada a cabo por el PP, trata de desviar la atención ante sus múltiples escándalos de corrupción en los cuales se encuentran inmersos en todo el País y destacando la Comunidad Valenciana.

 

Sin pensar mucho al redactar este artículo me viene a la cabeza el “Caso Brugal” en el que se procesa por corrupción al ex Presidente del PP en Alicante José Joaquín Ripoll, Ángel Fenoll, Mónica Lorente, Manuel Abadía y David Costa entre otros del PP de Orihuela, por poner otro ejemplo la “Operación Taula”, una trama corrupta desarrollada entre Alicante, Valencia y Castellón, arrojando la cifra de 24 detenidos y 29 investigados, entrando la Guardia Civil en sedes del PP y empresas del ex Presidente de la Diputación Provincial. Sin duda un escándalo sin precedentes, dejando al descubierto el servicio que presta el PP para con sus vecinos.

 

 La irresponsabilidad y deslealtad que demuestra el PP hacia las instituciones, es claro síntoma de su debilitamiento y deterioro en el cual se está viendo inmersos durante el tiempo en que se encuentra en la oposición, lo que se puede ver con total claridad es que el PP de Almoradí, está haciendo uso de una oposición irresponsable basándose en un argumentario carente de verdad y responsabilidad con el único objetivo de desprestigiar la gestión del equipo de Gobierno y, en concreto, la del Sr. Alcalde. En cualquier caso, la conclusión es que el PP está reaccionando al control y capacidad de gestión de PSOE e IU, así que no iremos tan mal encaminados en nuestra gestión, ya que lo que subyace son los modelos llevados a cabo por las fuerzas progresistas del municipio y, en concreto, el PSOE. ¡SIEMPRE AVANZANDO!

 

 

Fernando Sabino Rueda.

 

 

 

 La última irresponsabilidad del PP de Almoradí, es calumniar deliberadamente la gestión del actual equipo de Gobierno con la única intención de hacerse ver en la oposición puesto que, su única función es levantar la mano a la hora de votar a favor o en contra de las mociones que los demás partidos políticos presentan para satisfacer los intereses de los vecinos del municipio.

 

 La polémica creada por el PP es acusar al Alcalde socialista, Jaime Pérez Pacheco, de utilizar un vehículo policial para uso exclusivo y personal. Desde luego una acusación totalmente infundada e injustificada del PP, puesto que el uso del vehículo tan solo es estrictamente oficial. Como explicó anteriormente el equipo de Gobierno, el vehículo cumple con múltiples funciones como son las de la propia policía local, funcionarios, personal del Ayuntamiento, traslado de mujeres víctimas de violencia de género, traslado de menores a centros de acogida,  etc., pero NUNCA para un uso personal y exclusivo del Sr. Alcalde.

 

 La oposición irresponsable llevada a cabo por el PP, trata de desviar la atención ante sus múltiples escándalos de corrupción en los cuales se encuentran inmersos en todo el País y destacando la Comunidad Valenciana.

 

Sin pensar mucho al redactar este artículo me viene a la cabeza el “Caso Brugal” en el que se procesa por corrupción al ex Presidente del PP en Alicante José Joaquín Ripoll, Ángel Fenoll, Mónica Lorente, Manuel Abadía y David Costa entre otros del PP de Orihuela, por poner otro ejemplo la “Operación Taula”, una trama corrupta desarrollada entre Alicante, Valencia y Castellón, arrojando la cifra de 24 detenidos y 29 investigados, entrando la Guardia Civil en sedes del PP y empresas del ex Presidente de la Diputación Provincial. Sin duda un escándalo sin precedentes, dejando al descubierto el servicio que presta el PP para con sus vecinos.

 

 La irresponsabilidad y deslealtad que demuestra el PP hacia las instituciones, es claro síntoma de su debilitamiento y deterioro en el cual se está viendo inmersos durante el tiempo en que se encuentra en la oposición, lo que se puede ver con total claridad es que el PP de Almoradí, está haciendo uso de una oposición irresponsable basándose en un argumentario carente de verdad y responsabilidad con el único objetivo de desprestigiar la gestión del equipo de Gobierno y, en concreto, la del Sr. Alcalde. En cualquier caso, la conclusión es que el PP está reaccionando al control y capacidad de gestión de PSOE e IU, así que no iremos tan mal encaminados en nuestra gestión, ya que lo que subyace son los modelos llevados a cabo por las fuerzas progresistas del municipio y, en concreto, el PSOE. ¡SIEMPRE AVANZANDO!

 

 

Fernando Sabino Rueda.

 

 

1 comentarios

mar

06

ene

2015

Si queremos rizar el rizo, una muestra

Justo Gil

Se ha abierto la veda de la participación, y ni qué decir tiene que esa es la esencia y leit motiv de todo sistema democrático. Y más valdrá pecar por exceso, pero nunca por defecto. Pero si queremos ahondar en la democracia participativa - que no está reñida con la representativa-, podríamos introducir la «acción pública o popular de inconstitucionalidad» frente a la ley o normas con fuerza de ley. Es bien cierto que la Constitución de 1978 no reguló la acción pública de inconstitucionalidad, en virtud de la cual los ciudadanos tienen la posibilidad de argumentar razones y motivos por los cuales una norma trasgrede los mismos postulados constitucionales, y por lo que, de afectarles, debe ser excluida del ordenamiento jurídico. Y esa elevación ante el Tribunal garante de la Constitución –a modo de legislador negativo- no la hacen sólo, y restrictivamente, determinados órganos (Presidente de Gobierno, Defensor del Pueblo, Ejecutivos y Parlamentos autonómicos, y 50 diputados y 50 senadores –caso español), sino que la podrían hacer los propios ciudadanos, individual y colectivamente. ¿Qué es, acaso, la Iniciativa Legislativa Popular? ¿Qué es la accion popular en los procesos penales? ¿Qué es el Jurado popular? ¿Qué son los referéndum?, etcétera. La respuesta es obvia: formas de participación directa de los ciudadanos en determinados ámbitos de la vida. Pues ésta sería una más, en un ámbito muy superior: la defensa colectiva de la Norma de normas. Con lo cual habría mayor legitimación, porque la aprueba la ciudadanía y también la protege la misma ciudadania. Es el propio ciudadano quien ejerce de manera activa y dinámica la defensa del orden constitucional. Qué mejor valedor que la propia ciudadania que da vida y sostén al propio sistema democrático.

 

Todos los poderes del Estado emanan del pueblo, que somos todos y cada uno de nosotros. También el pueblo puede defender la Constitución mediante esa acción popular de inconstitucionalidad. Si queremos llevar la participación ciudadana a todos los rincones de nuestro sistema político-jurídico, éste es un instrumento jurídico-constitucional que sirve a ese objetivo. Se trata de involucrar a todos los actores sociales, incluyendo a las minorías, en el proceso de decisión sobre la inconstitucionalidad de una norma. En Europa, históricamente el control político no es realizado por los ciudadanos sino por sus representantes y otros órganos. Hay que señalar que la ortodoxia del viejo continente no ha aceptado la acción pública de inconstitucionalidad como mecanismo válido para evitar el abuso de poder, con el argumento de que esto sería, poco menos que obturar el Tribunal Constitucional. Pero acótese y se plantee apartir de un número mínimo de ciudadanos, a modo – no digo que el mismo- de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Por ejemplo, en la Constitución peruana de 1993, el art. 203.5 señala como entes legitimados para la acción de inconstitucionalidad, a parte, del Presidente de la República , o el veinticinco por ciento del número legal de congresistas, o Defensor del Pueblo. a cinco mil firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. También aquí la ciudadania detenta la acción de defensa constitucional. Repiénsese, por tanto, las formaciones políticas que van a concurrir a las próximas elecciones esta posibilidad constitucional. 

 

En América Latina esta figura se alza como una herramienta de protección de las minorías e individuos frente a los poderes legislativo y ejecutivo. El ciudadano no debe ser sólo mero receptor de las decisiones del Estado, sino que debe ser actor y protector de que las normas que fluyan sean respetuosas con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico. Colombia es el país impulsor de esta acción popular, recogiéndose de una forma nítida y clara en el art. 103 de la Carta Constitucional de 1991. Permite discutir en el marco de la deliberación jurídica grandes temas de la actualidad del Estado, sin que se presenten discriminaciones frente a quienes participan en tal debate. Se ha extendido a otros países latinoamericanos como El Salvador, Nicaragua, Ecuador (2008), Bolivia (2009), Guatemala, Panamá, etc. En Europa se da una excepción y es el Land de Baviera, situación muy particular en que se consagra una accion de inconstitucionalidad popular( Popularklage bávara) en la que la legitimación y el interes pertenecen al pueblo. Cualquier persona esta facultada para instaurar la acción sin requerir interés concreto, directo, personal o que se le haya causado lesión o perjuicio alguno. Todo ciudadano del land puede impugnar directamente cualquier norma escrita del land que vulnere uno de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución de Baviera. He aquí un material para propiciar un debate con cierta enjundia.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

DOCTOR EN DERECHO

1 comentarios

lun

29

dic

2014

POR LA REFORMA DE LA NORMA DE CONVIVENCIA

Justo Gil

Si. Porque la CE 78 es la norma básica de convivencia que tras 36 años de vigencia tiene muchos jirones. Fíjense que es el espejo del resto de normas y de leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico. Hay que restaurar la Constitución; está viejuna, hace aguas por muchos lados; no responde a las expectativas que la ciudadanía, al presente, demanda. Y esta reforma debe emerger desde la propia ciudadanía impulsando tal acción y demandando de nuestros representantes que oigan la calle, que no se aíslen. Que ya está bien de ser medrosos en adaptar la norma básica a la realidad social, al día a día. Que necesita un cambio sustantivo, no un simple lavado de cara.

 

Ni qué decir tiene que la CE 78 tiene partes de calado, de enjundia, como señala el profesor Muñoz Machado: «el Titulo Preliminar relativo a los conceptos generales, a los principios, toda la gama de derechos fundamentales...». La parte de la organización territorial (Titulo VIII referidos a los entes territoriales) e institucional del Estado (Congreso y aforamientos, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, etc.), necesita otra arquitectura más límpida, más sólida). Es evidente que hay principios rectores de la política social y económica que deben de ser considerados como derechos fundamentales y ostentar una superprotección (derecho a la salud, art. 43 CE), y no principios de puro ornato (véase sino a los enfermos de hepatitis CE: pugna entre la rentabilidad económica y la vida). ¿Hay color, acaso?. ¿Esto es aceptable con beatífica actitud? Esto sencillamente clama al cielo.

 

Están surgiendo voces desde la ciudadania, a la par que del mundo académico y jurídico, en general, que consideran urgente la reforma de la Constitución. Creemos que este impulso debe emerger y “nacer” desde el mismo pueblo, y una de estas primeras actuaciones debería ser dar vida a algún tipo de iniciativa, con recogida de firmas suficientes que propicien la toma en consideración, si el Gobierno de España o los principales partidos políticos no fueran capaces de hablar y dialogar para concordar y establecer unas bases mínimas de consenso en la reforma de la ley de leyes. Bien es verdad que la iniciativa de reforma corresponde a Gobierno, Congreso, Senado y en su caso CC.AA (art. 87.1 y 2 CE). No es menos cierto que la iniciativa legislativa popular no es posible sólo en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional ni en prerrogativas de gracia.  No es posible aquí el autismo político. Deben de conformarse plataformas pro reforma constitucional. Pero, repito, la participación de la ciudadanía es fundamental.

 

Las Administraciones locales deben de ser palancas que propicien el debate ciudadano sobre la necesidad de la reforma, y de los aspectos concretos en que acucia aquélla. Debe emerger de bajo hacia arriba y que las bases se vayan extendiendo. Jorge de Esteban, respetado constitucionalista, señala que: «Gran parte de lo que está sucediendo hoy, y especialmente el crecimiento del separatismo catalán y el agotamiento del Estado de las Autonomías, tiene una causa concreta: no haber querido reformar la Constitución en el tiempo debido».

 

 Hace ya unos años el Consejo de Estado elaboró un informe sobre la pretendida reforma constitucional focalizada en determinados temas concretos, que generó el Gobierno Zapatero, siendo presidente de este consejo asesor a la sazón, el constitucionalista Rubio Llorente. Las modificaciones constitucionales que se pretendían eran las siguientes: (i) La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono (afectación del art. 57.1 CE); (ii) La inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas; (iii) La reforma nítida y clara del Senado. La CE ha mantenido la estructura bicameral de las Cortes Generales que, desde 1834, con la excepción del período de la II República, ha marcado la ordenación del poder legislativo en España. (iv) La recepción en la Constitución del proceso de construcción Europea.

Pues bien, aún a pesar de que se hizo un dictamen de enjundia, de calado, todo quedó en aguas de borrajas. Nada de esto se llegó a plasmar y nos encontramos en el momento presente en que ya no caben tibiezas ni niñerías. O nos tomamos muy en serio el tema o sucumbiremos. La reforma es signo de vitalidad, de adaptación a los tiempos, de fortaleza, de ilusión, de que se ha entendido el mensaje social.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

DOCTOR EN DERECHO

0 comentarios

jue

25

dic

2014

Bajad el telón, el sainete ha terminado

Justo Gil

Es una frase atribuida a Francois Rabelais (1495-1565), uno de los maestros de la literatura francesa. El primero de los libros que le dieron fama y por lo que fue considerado como maestro, el titulado “Las grandes e inestimables crónicas del grande y enorme gigante Gargantúa”, es una sátira feroz contra todo y contra todos, repleto de palabras malsonantes y soeces, sin limitación en el campo escatológico.

 

Intuyo que el año 2015 va a dar inusitado juego. Bastantes cosas van a cambiar en este país nuestro que llamamos España. La ciudadania se va a imbricar, aún más, en la política ante la estela de necesidad y negritud que deja la crisis económica, cebada en los más débiles, y en la propia clase media, casi aniquilada. Mucho van a tener que correr y corregir las grandes formaciones políticas ante el tsunami ciudadano que se barrunta. Han debido de comprender – y el PSOE lo están entendiendo ahora con Pedro Sánchez- la lejanía, la distancia con el pueblo llano. Es más que obvio que muchas Comunidades Autónomas van a ser arrebatadas, con facilidad, a las huestes conservadoras. Una de ellas: la Comunitat Valenciana. No lo han podido hacer peor. Lo deseable es que se construya una alternativa seria y creíble que excluya la impresión de cualquier pastiche ingobernable. Demos una oportunidad a la esperanza, pero no a la señora Aguirre (¡Ay, la incoherencia!). Cierto que las arcas públicas se hallan hueras, y ese es el gran handicanp.

 

La reforma constitucional va a tener que ser una realidad en los estertores de la legislatura, lo quiera o no el partido en el Gobierno. Diera la impresión que el Presidente del ejecutivo, Sr. Rajoy, no tiene muy fino el oido. Y desde la ciudadanía se le reclama participación y opinión. El debate nada más que ha dado un primer aldabonazo, y desde las mismas entidades locales – como administraciones públicas más cercanas al ciudadano- deben emerger las iniciativas para debatir aquélla, focalizando los temas susceptibles de trocar (reforma del Senado, inserción derecho a la salud como derecho fundamental, etc.). Porque si no se hace así el sistema se nos muere. Y las instituciones – muchas de ellas- ya están generando hedor nauseabundo. La putrefacción deberá de ser desterrada con hechos, con leyes, con manifestaciones entendibles, con acciones cotidianas. La política sólo es perceptible desde la transparencia, desde la diafanidad.

 

La reforma de la justicia tendría que ser otra realidad a abordar, pero de forma general. Se nos dirá que no hay tiempo. No hay nada imposible. En un año se pueden hacer muchas reformas. Se reformó la Constitución en un plis plas, y todos quedamos absortos con la celeridad con que fue tramitada. Como decimos en el Baix Segura: “hace más el que quiere que el que puede”. Sin la credibilidad de la justicia, como tercer poder del Estado – y para ello es necesario medios, celeridad y personal cualificado bien retribuido-, el sistema se resiente. Reforma profunda en la elección de miembros del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, etc. Que la elección partidaria se vaya al garete; que no, que los partidos no deben meter ocico alguno; que esto tiene que cambiar. No puede ser que el Tribunal Constitucional lo presida un ex afiliado del PP. ¿Cómo la ciudadania no va a tener sospechas de parcialidad?. Trasládese eso mismo al Presidente del CGPJ y del TS, Sr. Lesmes, antiguo ex alto cargo del Gobierno de Aznar? Y me da igual la policromía. Que no. Que no son los colores, que es el método y la credibilidad en nuestras instituciones. Que este es un tiempo nuevo, ¿no se entiende?  ¡Feliz 2015 para todos! ¡Que les vaya bonito!.

 

JUSTO GIL SANCHEZ

Doctor en Derecho
0 comentarios

sáb

22

nov

2014

LA CORRUPCIÓN, LA CLEPTOCRACIA O EL GOBIERNO DE LADRONES

José M. Rodríguez

Es tal la "corrupción política" de este país, es tal el uso del poder público para conseguir ventajas ilegítimas de forma secreta y de espaldas a los ciudadanos, son tales las formas de amiguismo y "compadreo ", que vamos camino de acabar en un Estado de Cleptocracia o "gobierno de los ladrones", que según lo denominan los expertos, es el robo institucionalizado con sus derivados, tales como el "clientelismo político", "el caciquismo" , la impunidad, prevaricación, cohecho y demás familia jurídica.

 

Sayed Bruce ya decía que la corrupción es el conjunto de actitudes y actividades, por las cuales un político transgrede su compromiso con los ciudadanos, utilizando ciertos privilegios con el objetivo de obtener un beneficio en detrimento del bien común. De esta manera se dedica a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse él mismo, o parientes y amigos o bien a su partido. Todo ello, debido a una falta de cultura de compromiso con el ciudadano y a una efectiva impunidad, practicandose entre ellos un corporativismo partidista.

 

Los políticos y los partidos en España en general, intentan escabullirse de sus responsabilidades ante la corrupción, engañan, dicen verdades a medias, "ningunean" a los ciudadanos e intentan provocar desconcierto entre la opinión pública, todo es válido con tal de salvarse. Esto produce una gran desafección de los ciudadanos hacia sus instituciones. El discurso está viciado de antemano, nos intentan convencer con argumentos jurídicos tales como "la presunción de inocencia" para marcar las líneas rojas, cayendo en su propia contradicción. ¿Por qué no esperar a la sentencia del corrupto para determinar su inocencia? Incluso ¿Por qué no esperar a que recurra al Tribunal Supremo, al Constitucional, o al Tribunal Europeo de Estrasburgo, y mientras no se resuelva pueda ir en las listas de dos legislaturas? ¿Por qué la presunción finaliza en el juicio oral y no en otra parte del procedimiento?

 

LA RESPOSABILIDIDAD POLITICA SE DERIME A TRAVES DEL JUICIO POLITICO

A los ciudadanos no les interesa la responsabilidad legal o jurídica, lo que les interesa, y es la base de su cabreo, es la responsabilidad política de personas que representan a las instituciones, la cual se ejercita mediante la renuncia al cargo, por convicción de la necesidad de restaurar una confianza perdida y porque tiene una relación moral con los electores, no una relación jurídica, porque si fuera jurídica podríamos exigir que el incumplimiento del contrato social de unas promesas electorales conllevase una pena.

 

Si realmente se publicita tanto que se quiere dar a este país unas Leyes de Transparencia serias y que no sean operaciones de marketing, legíslese tal como recomienda la Convención de la ONU contra la corrupción (2003), promoviendo que los delitos no prescriban nunca, promoviendo el embargo preventivo de bienes, exigencia al corrupto de que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito, exigencia de que el Estado inicie acciones para obtener indemnizaciones por daños y perjuicio a las instituciones, y en todo caso que devuelvan lo conseguido. Y por último que disponga de órganos especializados para luchar contra este tipo de delitos, tanto para los corruptos, cómplices, instigadores y colaboradores necesarios. Además de que los políticos tengan el mismo tratamiento jurídico que un funcionario público; a los cuales primero se les abre un expediente, y se van a casa sin empleo y sueldo; y si al final se resuelve a su favor, se le restituye a su puesto de trabajo y se le reintegran los emolumentos que dieran lugar.

 

Al final los ciudadanos solo perciben que no hay voluntad política y que se cumple el  adagio de que: "El que quiere hacer algo siempre encuentra la manera y el que no quiere hacerlo siempre encuentra una excusa". Y si se esto se cumple por mucho tiempo, la sociedad civil percibirá que la clase política va camino de la cleptocracia o "gobierno de los ladrones".

 

José Manuel Rodríguez

0 comentarios

jue

20

nov

2014

EL PP SIGUE CON LA MISMA CANTINELA

Miguel Gras

He escuchado hoy la última comparecencia pública del Sr. Rajoy y siempre vuelve a decir la misma frase “Estamos saliendo de la crisis “. España ha incrementado la exportación en el último trimestre. Según los datos que se publican, efectivamente ha habido un incremento de las  exportaciones y los señores del  ministerio de correspondiente dice que esto se debe a que los productos que exportamos son más competitivos. También puede ser verdad, pero no nivelamos la balanza de pagos. Lo que no dicen por se ha producido esto, callan que es a costa de los trabajadores, les rebajan el sueldo a niveles de hace 15 años, las familias no pueden llegar a fin de mes, los pensionistas tampoco, con las subidas de los servicios y necesarios agua, luz, etc que son un verdadero robo y los obstáculos para acceder a la justicia con las tasas implantadas por el ex ministro J.Mª Ruiz Gallardón deja a los ciudadanos sin la posibilidad de ejercer sus derechos constitucionales.

También he escuchado al presidente de la patronal decir que “ya se puede hablar de incremento de salarios pero andaremos sobre el 0,6 %;  seguir repartiendo miseria. Así se están cargando el consumo interno y llegaremos a lo que ellos llaman “crecimiento negativo”. Qué manera de enmascarar su mala gestión, llamar crecimiento a lo contrario.

Actualmente el Sr. Montoro envía a sus inspectores a rebuscar en los sueldos de las estrellas del fútbol y revisando las declaraciones del ciudadano medio, los primeros parece como si quisieran dar con los cabezas de turco de la disminución de los ingresos fiscales y a ,los segundos para ver si pueden meterle la uña, mientras el fraude fiscal en España está entre los 45.000,- y 65.000,- millones en el último año. Al mismo tiempo las grandes empresas y fortunas pagan una miseria de sus beneficios y rendimientos.

Creo que los ciudadanos debemos manifestarnos ya de una vez en contra de estas políticas que nos están llevando a la miseria y que hoy ya cada una de tres familias en España tiene muchos problemas para acceder a lo imprescindible.


Miguel Gras

2 comentarios

vie

14

nov

2014

Voz para la Vega

Rubén Ferrándiz

Como los meandros de un río esta legislatura camina hacía su final y espera a que las urnas renueven a nuestros representantes en ayuntamientos y las Cortes Valencianas. También en Madrid, aunque habrá que esperar a que pase el verano. Y lo hace como empezó, sin que se oigan voces de la Vega Baja desde esos escaños. Y no porque no las haiga, que alguna hay o las ha habido. Ni tampoco porque no hayan motivos para alzarla, que también los hay. Hasta cuatro diputados de nuestra tierra se han sentado en Valencia: Pedro Ángel Hernández Mateo, Antonio Lorenzo, Antonio Ángel Hurtado Roca y Andrés Ballester. Todos ellos por el Partido Popular, en el Partido Socialista no los había entre los que salieron elegidos y estos cuatro años no hemos visto a ningún paisano en las bancadas de la oposición.

Para vergüenza de los que aquí vivimos, los titulares por los que han destacado sus señorías en la capital de la comunidad han sido: del primero que el juez lo ha acabado hospedando en una celda de prisión, y del último por organizar una recogida de firmas entre sus compañeros del Grupo Parlamentario Popular para solicitar el indulto del primero. Lo demás ha sido un sencillo cumplimiento de la disciplina de partido y seguidismo de la política y gestión de la ruinosa herencia que Francisco Camps dejó a sus compañeros con Alberto Fabra al frente. En su presencia allí no se reconoce la defensa de los intereses de nuestra comarca. Es peor todavía, cuando ha hecho falta y ha estado en su mano han actuado totalmente al contrario.

Véase lo que hizo Andrés Ballester en su condición de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio del parlamento valenciano cuando el diputado socialista Francesc Signes llevó allí los residuos de nuestra comarca y propuso que el consorcio del Plan Zonal XVII no firmara el contrato que meses después ha rescindido. Este, que tuvo la oportunidad de ponerse del lado de la gente e intereses de su tierra y haber mostrado alguna consideración a las protestas de los vecinos de Albatera, Granja de Rocamora y Cox, desechó directamente la propuesta, no dando lugar a su debate y por supuesto a su votación. Basta el ejemplo, comprobar el listado de parlamentarios de la comarca y un repaso somero a la actividad política de esta legislatura para llegar a la conclusión de que el nuestro es un territorio sin defensa en la política regional y nacional.

La Vega necesita fuerza, carácter y voz allí donde se deciden inversiones y políticas. Nuestro desarrollo y progreso económico y social depende y mucho de ambas. Somos una tierra con muchas posibilidades y no se pueden frustrar porque nuestra posición esté en el extremo sur de nuestra comunidad y lejos en kilómetros y más lejos en distancia política de Valencia y Madrid. La calidad de los servicios públicos ni el bienestar de nuestra gente tampoco. Por eso, una buena representación política es fundamental además de los compromisos y programas electorales de los partidos. Reclamemos voz para la Vega Baja. Yo empiezo haciéndolo en el Partido Socialista.

 

Rubén Ferrándiz

0 comentarios

jue

23

oct

2014

El mapa escolar comarcal

Rubén Ferrándiz

Con la vuelta a las clases nos tropezamos de nuevo con la realidad en los colegios e institutos. El gobierno del PP ha logrado que el inicio del curso escolar haya pasado de ser el momento del año en el que las familias se ocupan de la compra de libros, material o ropa al que se preocupan por el estado de las instalaciones, el número de alumnos por aula, que siguen sin cobrar las ayudas o la temperatura que marca el termómetro. Este será, cuando hagamos balance dentro de poco, el resultado de su mandato: promesas sin cumplir, problemas sin resolver.

La verdad de los hechos lo avala. Alberto Fabra anunció hace unos días en el Debate de Política General la licitación en 2015 de cuatro centros -Guardamar del Segura, Rojales, Torrevieja y San Fulgencio- como hace un año lo hacía con la construcción del colegio Campoamor de Orihuela Costa y ni se ha licitado. En Guardamar la alcaldesa reconocía hace unas semanas que en esta legislatura no construirán el tercer colegio; y en Rojales el Príncipe de España desespera su reposición mientras, según dicen, su nombre figura en los primeros puestos de una lista de centros prioritarios para la consellería de Educación. De igual manera esperan ver a los albañiles en Virgen del Camino o las grúas para derribar el instituto Vega Baja en Callosa de Segura. Y así un catálogo variado de proyectos, de construcción y reformas, que nunca llegan a nuestra comarca.

En consecuencia, a lo que no pone fin el gobierno del Partido Popular es al «chabolismo escolar», tal y como llaman en Andalucía a las aulas prefabricadas sus correligionarios dando nombre de conjunto y la gravedad que realmente tiene a lo que aquí, hasta ahora y siendo habitual, simplemente hemos llamado barracones. A la vista están para verlos y sufrirlos en Torrevieja y San Fulgencio, pero también en Orihuela, Almoradí, Formentera del Segura... y a pesar de que cada año la Conselleria recorta aulas -e incluso, ha extinguido un colegio entero como el Ciudad de Oviedo de Torrevieja- en su propuesta de arreglo escolar para el siguiente curso. Faltan infraestructuras.

Pero no se queda ahí, también falta personal. El gobierno valenciano, tijera en mano, está mermando año tras año el número de profesores y escatimando en profesionales complementarios en la enseñanza. Causa ardor de estómago abrir el periódico y leer que una niña con una traqueotomía no va a poder asistir a clase porque se niegan a dotar el centro escolar de una persona preparada para atenderla si lo necesitara, como ha ocurrido en Dolores.

Sin embargo, y a pesar de todo, ni el presidente Fabra ni la consellera Catalá se cortan en venir a la Vega Baja a inaugurar El Acequión, en Torrevieja, un centro que lleva puesto en marcha un año. Ni la segunda, con una sonrisa en la cara y siendo la responsable de Educación del Consell, responder a los periodistas sobre el colegio de Rojales que era cosa del vicepresidente Císcar, desentendiéndose del tema como si no fuera con ella. Eso, con la misma implicación de los primeros días del curso, cuando adelantó la fecha para empezar y las clases se hacían insoportables por el calor, y su reacción se limitó a esperar que bajaran las temperaturas.

El PP ha demostrado que ni tiene voluntad ni capacidad para resolver el listado de deficiencias y necesidades de los colegios e institutos de la Vega Baja. Este debe ser su último curso, escolar y político, en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Porque necesitamos la creación de un mapa escolar comarcal que detalle pueblo a pueblo cada uno de estos problemas y un nuevo gobierno decidido a darles solución.

 

Rubén Ferrándiz

1 comentarios

jue

09

oct

2014

9 de Octubre ¿Día de celebración?

    Jaime Pérez Pacheco


El Día de la Comunidad Valenciana en la ciudad de Almoradí pasa inadvertido,  si no fuera porque los Socialistas realizamos un acto, año tras año y festejamos esta jornada tan importante y significativa para los valencianos y valencianas.

El consistorio almoradidense ignora por completo esta efemérides y no organiza ningún acto, ni ninguna celebración.

Quizás se avergüencen de pertenecer a la Comunidad Valenciana, quizás les gustaría ser de otro sitio, puede que se sientan mucho más cómodos en otro tipo de actos más… “folclóricos” o preferirían que este día no se celebrase.

Y es fácil entender porque les ocurre esto, a su consabida mentalidad política, arcaica y retrograda, que huye de descentralizaciones y de otorgar derechos a los pueblos,  se une la realidad de que la acción de gobierno del P.P. está dejando la Comunidad Valenciana en una situación catastrófica para todas y todos nosotros.

Un gobierno y un partido, el P.P. que alcanza ya los 100 imputados por corrupción, que ningunea y erradica la Ley de Dependencia, que lleva a la Sanidad Publica Valenciana a su mínima expresión, que elimina las becas y ayudas a los estudiantes, que beneficia a altos cargos de la banca frente a las personas más necesitadas,  que derrocha el dinero en mega proyectos como la Formula 1, Ciudad de la Luz o el Aeropuerto de Castellón no puede ni debe estar orgulloso de su gestión ni de lo que hace con nuestra Comunidad.

Un gobierno y un partido, el P.P. cuyos máximos exponentes y representantes son Carlos Fabra, Sonia Castedo o Francisco Camps entre otros y cuya forma de gobernar es la de hacer de este territorio su cortijo particular, para enriquecerse ilegalmente y retroceder en derechos y libertades sociales, favorecer a unos pocos y marginar y empobrecer al resto de la ciudadanía, no puede ni debe celebrar nada.

Han profundizado tanto en este sistema, han caído tan bajo en su forma de hacer, que ya ni los suyos les acompañan en el viaje. El gobierno central les niega la financiación tan necesaria para salir adelante, Montoro ni los recibe y Rajoy los ignora y año tras año los Presupuestos Generales del Estado retratan la misma foto, menos dinero, menos inversiones y olvido para la Comunidad Valenciana.

Los Ayuntamientos de la Comunidad gobernados por el P.P., como el nuestro, lejos de revelarse y plantar cara contra una política que debilita y hunde  sus recursos y su tierra, hacen causa común, se convierten en cómplices de esta sin razón.  Ejecutan a rajatabla los mandatos de la Generalitat y el Partido, copian sus maneras, sus formas de hacer política y se unen a la corrupción generalizada en forma de saqueo de las arcas públicas. Los casos de Alicante, Torrevieja y Orihuela son ejemplos palpables de la realidad que le ha tocado vivir a la ciudadanía.

Y en los pueblos en los que no ha habido corrupción…  o todavía no se ha destapado, sufrimos la forma ultrajante y poco democrática de hacer política, que es seña de identidad del P.P. Autoritarismo, malas maneras, prepotencia y soberbia que desembocan en ocultación de información, escaso interés por las políticas sociales, beneficio para los mismos de siempre y perdida de libertades y derechos.

Frente a esto el PSOE, el único partido que es capaz de frenar esta locura, el único partido con capacidad de gobierno y  el único partido que puede devolver la Comunidad Valenciana al lugar que le corresponde.

Ximo Puig, será el próximo Presidente de la Generalitat. Ha sido elegido candidato en unas primarias que han asombrado a España, con una altísima participación de militantes y simpatizantes que le dan un refrendo único en nuestro país.

Este nuevo Presidente y nuestro partido, serán la llave para volver a la senda democrática y de crecimiento en nuestra Comunidad, harán posible la restitución de derechos y libertades que jamás deberían haberse perdido y restituirán todo aquello que el P.P. ha destrozado.

Junto a el iremos los Ayuntamientos de la Comunidad, ganando y recuperando la confianza de la ciudadanía y devolviendo al pueblo sus derechos perdidos, los servicios ultrajados y la dignidad en la política.

El año próximo, celebraremos el 9 de Octubre en la Plaza de la Constitución.


Jaime Pérez Pacheco

0 comentarios

mié

08

oct

2014

¿Estado federal como solución?

Justo Gil

Es harto evidente que el debate lo suscita la “cuestión catalana” y el soberanismo político, como caldo de cultivo. El problema surge cuando el Presidente Mas visita la Moncloa para pedirle al Presidente Rajoy un sistema fiscal equivalente a los del País Vasco y Navarra. Y ante el “no” rotundo recibido nos hallamos en la tesitura actual que es muy preocupante.  Y es verdad que, en el fondo, se trata de un problema irresuelto de los tres grandes demonios familiares que nos han perseguido a lo largo de la historia político-constitucional española. El PSOE está proponiendo esta tercería vía frente al inmovilismo absoluto y el soberanismo unilateral. ¿Han sabido explicarlo? ¿Lo ha entendido el pueblo español? ¿Es difícil insertar el mensaje ante las posturas tan antagonistas y testarudas de Mas y Rajoy?

 

Hemos de colegir que lo importante en una opción política de gobierno es saber explicar su mensaje y que la ciudadanía, sin grandes esfuerzos intelectuales, lo pueda entender. Si se hace enrevesado no lo compra. Además de si le considera problema prioritario o no. Siempre es complicado cuando de simplificar se refiere. Hay unos aspectos generalistas diferenciadores claros del Estado autonómico, en que nos hallamos, y hay otros que ni la más conspicua doctrina se pone de acuerdo. Hay quien considera que nuestro modelo autonómico tiene aspectos claramente federativos. Federal (federare) es palabra de origen latina que significa “unir”. La divisa federalista es la de “unidad en la diversidad”.  La federación es- en palabras de Aja- una construcción moderna, “inventada”, literalmente, por la Constitución de los Estados Unidos de América (1787), diferente de la confederación y de otras formas de asociación de Estados. Hay diferentes formas de Estado: unitario, federal, regional y autonómico.

 

Es cierto que el Estado federal nace como contrapunto al modelo de Estado unitario europeo. El modelo primigenio y paradigmático es EE.UU. En España se pretendió promulgar una Constitución federal que fue en la etapa de la Primera República de 1873, la que nació de forma pacífica en la madrugada del 11 febrero de 1873 y murió violentamente con las primeras luces del 3 de enero de 1874. La Constitución –proyecto- enumeraba los diferentes estados. Al Estado Federal se le atribuía 23 competencias. Los estados federados podían darse su constitución política respetando la Constitución. El federalismo de la Constitución de 1873 era simétrico y había un Senado, siendo sus miembros elegidos por los Estados federados en número de cuatro por cada Estado. Hay una diferencia entre el proyecto de Constitución de 1873 y las constituciones de 1931 y 1978. En la de 1873 los Estados venían determinados en la norma fundamental, circunstancia que no se da en 1931 (Estado regional), ni en 1978 (Estado autonómico). En 1873 había un Senado igualitario en su composición; en la norma fundamental de 1931 no había Senado, y en la de 1978 el Senado no se compone  exclusivamente de representantes de las CC.AA., ni ejerce el papel resolutor de las cuestiones de los entes sub-estatales. Lo que per se exigiría dicha reforma constitucional. Y como quien oye llover.

 

El Estado federal - dentro de su diversidad, no se olvide- tiene unas características propias: 1.- Los Estados federados que forman la Federación cuentan con una Constitución propia (ahora las CC.AA tienen Estatuto de Autonomia), por encima de las cuales se halla la Constitución de la Federación; 2.- Aunque se denominan Estados federados el Derecho Internacional no les reconoce como Estados soberanos. La soberanía es la propia de la Federación. El Estado federado no puede independizarse de la Federación; 3.- Por un lado, existe un Poder legislativo, un Poder Ejecutivo y uno Judicial en el nivel de la Federación, que representan al Estado “central”. En un segundo nivel, el federal, se encuentran los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Estados miembros o federados. En el Estado autonómico no existe un poder judicial ad hoc, sino un Poder judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma; 4.- Los Estados federados se hallan representados en la segunda Cámara legislativa: el Senado, donde participan de forma activa en la formación de la voluntad de la Federación. En Alemania (Lánder) se llama Consejo Federal o Bundesrat(Berlín); 5.-Los Estados federados tienen la capacidad de participar en la reforma de Constitucional federal. 6.-Los Estados federados sólo asumen aquéllas competencias que la Federación no se reserva para sí, y que están constitucionalmente garantizadas y predeterminadas; 7.- Los Estados federados tienen Autonomía financiera; 8.-Normalmente un Tribunal Constitucional resuelve los conflictos competenciales entre Federación y Estados federados, como modelo de Estado compuesto. Esta podría ser una aproximación muy a ras de suelo.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ 

0 comentarios

jue

02

oct

2014

PARA OLVIDAR EL PASADO, HAY QUE ERRADICARLO

Manuel Quesada

Si en Alemania a estas alturas de la película se le ocurre a alguien justificar de este modo los crímenes nazis, ya os podéis imaginar lo que le pasaría. En Italia, respecto de Mussolini, tres cuartos de lo mismo. Hubo un proceso en Nüremberg que, aunque poco, sirvió para algo.


Aquí en España resulta que los franquistas no eran fascistas y, por lo tanto, sus crímenes fueron "justicia divina". ¿Qué queremos?.


A los setenta años del golpe de Estado que dio el dictador, nos hemos hecho con una Ley de Memoria Histórica que no sirve ni para esclarecer las cosas, porque una determinada gente no la admite. Y ni el Estado, ni las Autonomías, ni los Ayuntamientos hacen nada por su cumplimiento, precisamente porque la mayoría de sus dirigentes-responsables son franquistas, al parecer. Por sus obras los conocemos.


Desde el Centro, si es que existe, hasta la izquierda racional y democrática (no sé exactamente dónde está el límite, nadie lo sabe) se ha hecho en los últimos años, desde la muerte del dictador, lo que no está en los escritos por borrar el pasado y olvidar. Hemos llegado a acuerdos impensables, hemos aceptado la monarquía heredera de ellos, hemos soportado estoicamente la participación "democrática"de todos sus seguidores para lo que únicamente se han puesto el uniforme de demócratas, pero todos conocemos de sus sentimientos y lo que llevan en el corazón y nos están fragmentando la izquierda con sus malas artes para perpetuarse en el poder y continuar con lo mismo.


¿Hasta cuándo?. Cuando se van a cumplir en este país las leyes democráticas y se van a condenar estos delitos de intencionalidad política?. 


Sencillamente (no francamente ni realmente, jajaja) hasta que no se hagan cumplir las leyes democráticas, mientras hayamos de continuar exigiendo que se retiren los nombres de las calles, las cruces con los nombres de caídos "por Dios y por España" y mientras permanezcan ciertas estatuas, imágenes y banderas en lugares públicos como si tal cosa, no estaremos en un democracia plena, y así nos va.


Que no les sirva de excusa que tenemos relaciones internacionales porque a los cuatro días de terminar la Segunda Guerra Mundial ya estaba Franco llegando a acuerdos con EEUU, claro, vendiendo nuestras bases y muchas otras cosas por un plato de lentejas. No, no es explicación alguna, los españoles tenemos derecho a olvidar, a que se retire de la vida política y social todo vestigio del franquismo y a que estos bandidos se retiren de la vida política, o paguen por su actitud fascista y antidemocrática.


Si queremos una democracia plena, hemos de exigirlo ya, o refugiarnos en el palacio de invierno hasta quién sabe cuándo, porque los que conocimos el franquismo y sabemos lo que era ya somos mayores y las nuevas generaciones ni se imaginan ni saben, ni quieren saber nada de aquello.


Mal rollo. De verdad, muy mal rollo.


NOTA: He de señalar que ni los de mi casa ni yo mismo sufrimos ninguna causa de la represión franquista, lo que no quiere decir que no me sea deleznable su régimen y que quiera para mi país y para todos los españoles una democracia real, justa y en plena libertad.

Me gustaría ver que la hemos alcanzado antes de que me llegue la muerte.

0 comentarios

lun

29

sep

2014

Alarma: ¿nadie dice nada?

Justo Gil

Esa es la sensación que me producen las manifestaciones vertidas por dos magistrados, “pesos pesados” de la Judicatura en España. El uno desde la atalaya de la Audiencia Nacional - nada más y nada menos-, el magistrado Gómez Bermúdez, transparente y claro, siempre; y el otro, el magistrado Miguel Angel Torres, siempre prudente, otrora instructor del “caso Malaya”, vasta trama de corrupción política y empresarial sita en Marbella. Las palabras pronunciadas por los referidos no pueden dejar indiferente a nadie; mucho menos a los poderes públicos, incluido Fiscal General del Estado (FGE), Sr. Torres Dulce, que debe darse por aludido. Gómez Bermúdez  denuncia con una tranquilidad pasmosa, entre otras cuestiones, que “hay corrupción institucional (sea judicial, ejecutivo o legislativo), se puentea la norma para nombrar al amigo”, añade que “no basta con hacer leyes, sino que hay que cumplirlas”; concluye: “las normas se obvian, no se cumplen, se puentean..”. Ha dicho más cosas, pero con estas bastan para insuflarnos el estado de la cuestión. Indican un determinado grado de putrefacción inasumible.

 

El también magistrado Miguel Ángel Torres, denuncia que: “hay jueces y fiscales que siguen la consigna de los de arriba para prosperar”. Añade que “si haces determinadas cosas que favorecen a determinado grupo político, o si haces determinadas cosas que no perjudican a nadie, pues puedes llegar a una plaza superior, o llegar a ser miembro de un órgano del Estado o prosperar en la carrera y si haces todo lo contrario, si te metes en lo que no tienes que meterte, tendrás problemas..”(sic). Concluye con una afirmación rotunda a la par que lapidaria:  “En España creo que la sociedad en general tiene una falta de ética hacia la corrupción y existe una falta de transparencia en las administraciones públicas”. ¿Cómo se nos puede poner el cuerpo? Ahíto de frío.

 

La Presidenta del Tribunal Constitucional (2004-2011), Maria Emilia Casas señala con rotundidad que “hay cosas que no han funcionado bien. La gente aúna comportamientos condenables, como la corrupción, con la falta de renovación y de entusiasmo de un proyecto democrático”. Hay que reformar la Constitución.

 

Si este fuera un país serio – me da la impresión que estamos en las antípodas de serlo- los responsables de la cosa pública se podrían, de forma inmediata, a indagar en el contenido de estas denuncias y, así, esclarecer la veracidad de lo expuesto. Tendría que ponerse todo patas arriba para proveer al esclarecimiento y dar a la opinión pública el resultado obtenido.  Pero, no; como quien oye llover. Tic, tac, tic, tac - todo sigue igual de impertérrito. Así, pues, serán tildadas de declaraciones exageradas, propias de “jueces estrella”, made in Garzón, que quieren salir en los papeles; en definitiva, estar en candelero. Y así habrán despachado tan denunciadas mafiosas prácticas que, por si mismas, habrían de abrir los cimientos del Estado social y democrático de derecho. No, no, esto no puede quedar así. Deben investigar.

 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) – ante tas graves acusaciones- tendría que salir de su letargo y ponerse manos a la masa e indagar estos hechos que, de ser verdad – y mucho me temo, por lo que estamos viviendo día a día- que se acercan a ella, desmoronan la credibilidad en nuestro sistema democrático, que no lo creíamos tan roído.

 

¿Qué hace el Gobierno, entre tanto? Pues hacer oídos sordos. Aquí no pasa nada, dixit el Ministerio de Justicia con el Sr. Gallardón a su cabeza. ¿Han oido ustedes refutar las denuncias formuladas por estos jueces? Es evidente que la sociedad no puede resistir estos embates sin que el poder publico – que debe ser honesto, raudo y responsable- se inmute. Si no se hace nada estaremos dando pábulo a la existencia de un cienagal. La peor acción será cerrar los ojos y decir que no se ve nada. Uno, que tiene una cierta experiencia, al menos por la pesada loza de los años, no puede concebir que todo se enrede en la nube de la inacción. Sería un desengaño más a añadir al petate. ¿Qué te enseña la experiencia? Creo que una cosa: que sólo es la suma de nuestros (y muchos) desengaños. Al menos a este humilde escribidor este tema le ha rozado en su maltrecha sensibilidad, no he podido resistirme a no decir nada. ¿Y la critica social?

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

0 comentarios

vie

12

sep

2014

EL PODER CORROMPE, EL PODER ABSOLUTO CORROMPE ABSOLUTAMENTE

Manuel Quesada

Para mí lo esencial de la labor política, en democracia, es la participación. Si se quiere de verdad servir a la sociedad, lo que hay que procurar es “estar”, de la forma en que se pueda, pero estar.

 

En el momento que se asciende o se conquistan áreas de poder, se deja de participar realmente, porque ahí te obligas a atender a todo el mundo y a aceptar muchos compañeros de viaje que no “van contigo” Por eso, y podéis repasar la enorme lista de ejemplos que hemos tenido y tenemos, los que verdaderamente trabajan, luchan, se mueven y, en suma, participan, siempre están en segundo o tercer plano.

 

Los líderes son necesarios, imprescindibles para “llegar a la gente” pero no mueven un esparto. Lo importante es el equipo.

 

Y los líderes, los cargos, que se sienten magníficos, imprescindibles e irremplazables no están más que para calentar la silla y vender el pescao, pero ¿qué harían ellos sin los pescadores?.

 

Cuando se acumula mucho poder, se ocupa un cargo importante y todo el mundo necesita de tu aprobación para cualquier asunto, empiezas a creerte alguien, alguien superior a los demás, y te toca ponerte a la altura de gente, gentecilla y gentuza de todo pelo.

 

Ahí empieza la corrupción. El poderoso se siente magnífico y al llegar al cargo no tiene más remedio que determinar quién va a hacer esto y lo otro, y como resulta que en las acciones se mueven enormes intereses económicos, pues él mismo empieza a interesarse económicamente. En un primer momento, a no ser que se haya metido en el asunto para forrarse, se conforma con recibir halagos y regalos por sus resoluciones, que no deberían tener premio alguno, ya que son meramente funciones de su cargo. Pero los atendidos empiezan a hacerle regalos y dádivas y muchos se acostumbran a tener más y más. Tienen que disponer de más capacidad económica para poder alternar a nivel con los pudientes.

 

En consecuencia, de admitir comisiones pasan a exigir tanto y cuanto por adjudicar obras, empresas y acciones, y ya está, cayó en la trampa y de ahí no se sale porque el entorno le exige muchas veces estar acorde con lo que toca.

 

Entiendo que para regenerar la vida política, sería bueno modificar las estructuras en profundidad y evitar que existiesen cargos individuales por más que únicamente corroboraran las decisiones de los órganos correspondientes. Deberían, a mi entender, existir normas mediante las cuales las Instituciones estuvieran realmente gobernadas por órganos colegiados en los que participaran representantes de todas las opciones políticas en proporción al apoyo electoral que hubieran obtenido democráticamente. Y que todos tuvieran que tener conocimiento de todo.

 

Pero no en la forma actual en que, al final, es el presidente el que decide porque sus “socios” seguirán a pies juntillas lo que él diga, es un sistema que lo que consigue es legitimar la jerarquía depositando todo el poder en el presidente en forma individual. El modelo es el sistema de la Iglesia o el Ejército.

 

Digo lo que solamente se contempla para casos de extrema necesidad con el título de “gobierno de concentración”.

 

La auténtica dinámica democrática se consigue con la participación, en primer lugar en los propios partidos políticos y, después, sujetando todas las acciones y resoluciones de todas las instituciones con la efectiva participación de todos los partidos políticos en la forma expresada.

 

Lo esencial es que todos los actores, desde los militantes de base de todos los partidos hasta los más altos responsables, basen su acción política en el acuerdo entre todos, renunciando a la hegemonía parcial o personal que lleva, inevitablemente, al abuso de poder y, por ende, a la corrupción.

 

Ya se sabe que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”

 

No me gusta el tan utilizado slogan “PODEMOS”, prefiero decir “QUEREMOS Y HAREMOS”.

0 comentarios

jue

04

sep

2014

POR EL VOTO A LOS 16 AÑOS

Justo Gil

Queremos una juventud participativa, inclusiva, pero no les damos oportunidades de futuro. Antes al contrario, se “criminaliza”. Sin oportunidades, para ser participes de su propio destino, hay riesgo de convertirse, con razón, en “outsider”. La vida democrática no sólo es cosa de adultos, es también de nuestros jóvenes, siendo obligación de los poderes públicos el promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo no sólo social, económico y cultural sino también en el político.  El art. 48 CE, aún siendo un principio rector de la política social y económica, no deja de proyectar mandatos y vinculaciones al Estado para hacer realidad estas exigencias ex Constitutione. No es puro ornato, vamos. La sociedad española llegará a su madurez democrática cuando reconozca a la población joven el derecho a elegir en las urnas a sus representantes en los gobiernos locales, autonómicos y central. Nuestra juventud tiene que ser co-protagonista de su destino, en el contrato social.

 

Hemos sido casi pioneros en muchas materias – sobre ampliación de derechos- como con la aprobación, en el año 2005, de la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no se ha caido el mundo. Y hemos seguido avanzando. Hemos seguido conviviendo. Podemos serlo en el ámbito europeo sobre el derecho de voto opcional a nuestros jóvenes entre 16 y 18 años. Si bien es cierto que dentro de Europa, Austria, desde el año 2007, permite votar a partir de los 16 años. El impulso fue debido a los socialdemócratas y verdes, a los que luego se sumaron los conservadores austriacos. El canciller social- demócrata austriaco, Alfred Gusenbauer, impulso la creación de un Ministerio de la Juventud. No es menos cierto que el Consejo de Europa sugirió a sus 47 miembros que exploraran esa posibilidad normativa en el seno de sus estados. En Bremen, el más pequeño  estado federado de Alemania, en las elecciones regionales de mayo del 2011, votaron medio millón de electores, incluidos unos 10.000 jóvenes de 16 y 17 años. Los votos mayoritarios, en esas elecciones, fueron para Los Verdes, superando a la CDU.

 

Es radicalmente falso que por debajo de los 18 años, los votos emitidos sean de peor calidad. El colectivo “joven” (de entre 16 y 18 años) no es más incapaz de participar en política que el resto de ciudadanos. Nuestros jóvenes son perfectamente capaces de escoger, con conocimiento e interés político, sus preferencias políticas. Hay que dejarles, hay que darles la oportunidad. Por eso habría que hacernos alguna interpelación. ¿Porqué el Sr. Rajoy no hace una reforma de estas urgentes – como la que pretende, trucada, para la elección directa de Alcaldes – y propicia, merced a la aprobación de las ley orgánica ad hoc, el derecho opcional a ejercer el sufragio universal a los muchachos entre los 16 y los 18 años en las elecciones del próximo mayo de 2015? Esa reforma si que sería un avance en ese proceso mal llamado de regeneración democrática, cuando quiere decir popularmente, y deseamos que así sea: de borrón y cuenta nueva. O de: sin marcha atrás.

 

Siempre se ha dicho por expertos que el nulo interes de los adolescentes por la vida política es debido a que no participan en el proceso de toma de decisiones. En que son meros receptores de tales medidas. Son meros convidados de piedra. Y por eso no se sienten atraídos por la participación política, cuando es la propia política la que “afecta” sobremanera sus vidas con sus decisiones normativas; en definitiva, son afectados con las leyes que emanan del parlamento, con la acción/ inacción de sus representantes, con la mayor o menor sensibilidad de estos hacia los problemas de los jóvenes. En consecuencia, no hay que “huir”; antes al contrario, hay que “acercarse” al centro de toma de decisiones y ver cómo trocar esta nefasta situación. Y lo más importante: codecidir.

 

El sociólogo Félix Moral (CIS) cree que ayudaría a formar adolescentes más críticos con su entorno. Chipre es también el otro país europeo que permite el voto a los mayores de 16 años. En Eslovenia también es factible, siempre condicionado a  que el  joven tenga “actividad laboral remunerada” (sic). Debe empezar una ola de avances democráticos y participativos. Este objetivo debe propiciar un gran debate social y político debiendo ser una realidad en muy breve espacio de tiempo. La ola va subiendo.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

1 comentarios

vie

29

ago

2014

Qué Administración publica queremos

Justo Gil

En el Plan de reformas de la Administración publica española que diseña el gobierno conservador, no se otean medidas de calado. Hay mucha retórica, buenas intenciones y soniquete reductor. Pero nada más, hasta ahora.  Hay unas motivaciones para proveer a esa reforma que, más o menos, podríamos suscribir en parte. Pero pregunto: ¿Se trata de moverlo casi todo para dejarlo casi como está? Probablemente. Lo importante es que la ciudadania oiga ruido de cambio y se le inocule esa sensación al menos. Lo que proyectaría dinamismo y preocupación. Pero, y es lo más sospechoso – y creo que no se atreven a dar ese paso-, el ritmo sobre cuanta Administración queremos, está varado. ¿Acaso no hubiera debido ser la reforma de la Administración pública y territorial la primera reforma en acometer?  ¿No hubiera debido predicarse con el ejemplo? ¿Porqué pretenden que ésta reforma sea de las últimas, si es que alguna vez se llega a materializar en la realidad normativa? Hay muchas comisiones de estudio, mucho sabio adlátere, pero de llegar al fondo de la cuestión, nada de nada. ¿Toda una legislatura para debatir esto? Disyuntiva: O hay pensamientos muy romos o hay mucho miedo político. ¿Qué piensan ustedes?

 

 

Es cierto que muchos países de la OCDE han pergeñado medidas de reforma de la Administración pública. No es menos cierto que en la teleología última de esta transformación subyace la contención del incesante incremento del gasto. Pero debiera ir combinada con principios básicos, asentados en la eficacia real, en la objetividad de su actuación, en la calidad y en la eficiencia para satisfacer las necesidades de sus destinatarios: la ciudadania. Una Administración pública tiene que ser competitiva, competente y ágil; no puede ser lastre o muermo burocrático. Porque, además, se debe de acompasar con la fraterna colaboración para hacer sostenible el Estado del bienestar. Es cierto que el Gobierno conservador aprueba la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; es cierto que aprueba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que, por cierto, no ha contentado al sector público municipal, ni FEMP, al que les viene en considerar poco menos que apéndices administrativos. Como todos saben ésta Ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional y probablemente muerda el polvo de su rectificación, en parte. Sin embargo esta será una decisión jurídico- constitucional a largo plazo, que cuando se adopte ya estará olvidada o amortizada.

 

 

Pero al margen de la disciplina presupuestaria ¿hay algunas medidas para dimensionar las Administraciones territoriales que queremos? ¿está claro y nítido el mapa territorial español?  Porque mucho bla, bla, bla pero en este sentido ni pío.¿Tirar la piedra y esconder la mano? Creo que esto último. En Francia, país centralista donde los haya, el primer Ministro Manuel Valls llevó, para su aprobación, a la Asamblea Nacional francesa, un proyecto de ley de nuevo mapa territorial. Muy polémico y errático, por cierto. Pretende, para enero de 2016, que las actuales 22 regiones metropolitanas se reduzcan a 13 coligiendo en un ahorro de unos 12.000 millones de euros anuales (el peso de las AA.PP en el gasto del PIB es del 55%). En este sentido ha habido tensión dentro del mismo PSF. En la teleología de Hollande-Valls se pretende que Francia tenga regiones con pesos de población parecidos a los lánder en Alemania (unos 5 millones de habitantes) o a las regiones de Italia, con 4,4 millones de media. La media poblacional de las regiones metropolitanas francesas es del orden de unos 2.8 millones, aproximadamente. Si trasladamos estas cifras poblacionales  con las de algunas de nuestras CC.AA, no hay parangón.

 

El Gobierno francés no sólo no se queda en la reforma de las regiones, sino que afecta a bastantes de los 96 departamentos (provincias) y los ayuntamientos (ahora hay más de 36.000 y pretenden que se conformen con al menos 20.000 habitantes), haciendo desaparecer a los órganos de gobierno provincial. Desconocemos si este proyecto vera alguna vez la luz en Francia, por la multiplicidad de intereses en juego, y porque en la Asamblea Nacional hay un grupo de 40 diputados del PSF que no están, ni por asomo, por la labor. Actitud crítica que podría ampliarse.

 

Mi pregunta es bien sencilla: ¿barrunta el Sr. Rajoy algún nuevo mapa territorial? Válame Dios. Como buen gallego aplica las palabras – ¡qué digo!: los silencios- que Sancho dice en el capitulo XXXVII de la segunda parte del Quijote, hablando de la discreción y honradez de las dueñas: “será mejor no menear el arroz, aunque se pegue”, por aquello de “mejor no meneallo”. ¡Cuanta sabiduría!

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

0 comentarios

lun

25

ago

2014

Alcaldes y prevaricación

Justo Gil

No debemos de obviar que unos de los derechos de los concejales es el de información y acceso a la documentación. Si se cortocircuita este derecho se estaría limitando el derecho de participación del ciudadano y la misma función de servicio que debe sustentar la res pública. El Alcalde es un primus inter pares, no lo olviden nunca. Y que su mandato no le sustrae ni le desconecta de la ciudadania – representados- que le ha puesto ahí, ni de la ley a la que inexorablemente se debe (frontispicio y guía de su actuar).

 

El Alcalde, como autoridad, debe ajustar su actuación – como cualquier  ciudadano y poder público- a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE). No tiene su reducto particular. No es más que nadie, sino que es alguien que tiene un determinado poder ajustado a los contornos del ordenamiento jurídico. La cercenación de este derecho - que se está conculcando con facilidad, sobre todo en Ayuntamientos de municipios pequeños- no sólo puede suponer una vulneración del derecho de participación política (art. 23.2 CE) y, por tanto, ser declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo la decisión u omisión de no propiciar esa exigencia de transparencia – precisamente por la vulneración de derechos fundamentales – tramitándose un procedimiento ad hoc sumario y urgente que dimana de la propia CE, sino que, además, podría orientarse a la comisión de un hecho delictivo: la prevaricación. Y la consecuencia sería clara: la inhabilitación de la máxima autoridad.

 

Existe, claro está, ese derecho a obtener los antecedentes, datos e informaciones que obraran en poder de los servicios de la entidad corporativa siendo, además, necesarios para desarrollar la función edilicia. ¿Cómo ejercer, entonces, la función – entre otras- fiscalizadora de los órganos corporativos si no se les provee de dichos datos y documentación?. La petición debe entenderse concedida por silencio administrativo si en el plazo de cinco días el órgano competente no ha dictado resolución o acuerdo denegatorio. Es más, la denegación exige una motivación, no es algo discrecional. Y tan ello es exigible, que se hace con el fin de evitar cualquier atisbo de nepotismo y ser, en consecuencia,  a posteriori fiscalizable judicialmente.

 

Así, cuando el Alcalde da instrucciones expresas a sus funcionarios a fin de denegar el examen directo a los concejales de la oposición, o a alguno de ellos, en particular; cuando establece unas instrucciones verbales, muy particulares ( limitación a 5 minutos para verificar documentación, postergación a meses después de dicha petición, etc.) sobre cómo proceder para solicitar y conceder información, supeditada a órdenes expresas del mismo, aún omitiendo la previsión legal del silencio administrativo positivo, está abonando el terreno a que algún grupo opositor o concejal formule, con fundamento, denuncia o querella, o lleve la documentación a Fiscalia para instar a Juzgado de Instrucción a abrir las pertinentes diligencias previas en averiguación de los presuntos hechos delictuales. Hay una reciente sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 2ª, de Cáceres, de 31 de marzo de 2014. La Audiencia viene en recordar que el delito de prevaricación no requiere que la resolución prevaricadora adopte una determinada forma o formalismo, hasta el punto de que se admite su comisión por omisión, lo relevante a efectos penales, es que se constate en la causa que se trata de una decisión, y que esa decisión es contraria a la legalidad, y que la misma ha sido adoptada por autoridad o funcionario público. Que, por otra parte, ya lo había reiterado el TS, al admitir la existencia de actos verbales, sin perjuicio de su constancia escrita cuando ello resulte necesario.

 

 ¿Cuál es la filosofía correctora que subyace? En el fondo de lo expuesto, se halla el límpido ejercicio de la función pública, de acuerdo con las exigencias constitucionales que se anudan en su entorno. Entre estas, se halla la de evitar la arbitrariedad, máxime cuando es producto de determinada voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Es imprescindible, pues, que todos los Ayuntamientos dispongan de un Reglamento orgánico que venga en regular el acceso a la información y a la documentación municipal. Cuidado con gestionar servicios municipales sin relación contractual previa ajustada a la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, sin procedimiento de adjudicación; cuidado con realizar pagos sin consignaciones presupuestarias, sin autorización legal del gasto, en contra de las advertencias de la Intervención Municipal; cuidado con limitar irrazonablemente los derechos de participación porque podrían cometerse tipos penales contra los derechos constitucionales; cuidado con.... Quiero creer que hemos entrado en una nueva etapa y que se ha aprendido – pues si, soy un ingenuo y moriré así- la lección del ya y para siempre “nunca, jamás”. Ese es el camino.

 

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

lun

18

ago

2014

El Consell y la transparencia

Justo Gil

Como simple observador de la realidad político-social que me circunda, no puedo, por más, que hallarme cariacontecido, como la mayoría de valencianos, por todo lo que está pasando en nuestra Comunitat. Aparte el grado de putrefacción que emerge con hedor nauseabundo, en lo concerniente a los políticos que van a ingresar en centros carcelarios, en breve, la opacidad choca con la transparencia en la función pública valenciana. Y eso que dicen que somos “sobresaliente”.

 

La cantidad ingente del número de procesos judiciales que se avecinan – respecto de otra hornada de políticos valencianos que  van a verse apeados de sus cargos- y que van a situar a otros muchos en el disparadero del juicio oral y la eventual condena, deja a esta comunidad exhausta y exangüe, sin fuerzas, convirtiéndonos en la comidilla de todos. Vergüenza: esa es la palabra que mejor define la acción política en la Comunidad autónoma. Además de la nota vergonzante se instala el caradurismo como estilo singular. Es de imaginar que se dará cumplida información(sic) sobre la investigación abierta por la UE para tratar de esclarecer si la Comunitat Valenciana manipuló sus cuentas públicas hasta 2011 para maquillar su déficit en más de 1.800 millones. De momento aquí nadie ha dicho esta boca es mía. La ciudadanía valenciana simplemente espera.

 

 

 Se habla de diafanidad y se hace lo contrario a esa cualidad. Viene a cuento de las doce o trece sentencias dictadas ya por la sala de lo Contencioso del TSJCV en contra de la Administración autonómica (en distintas Consellerías) por vulnerar la Constitución española,  al ser conculcado el derecho de participación política dimanante del art. 23 CE. En palabras entendibles, y sin academicismos: no entrego documentación ni doy información sobre determinados expedientes, aún a pesar  de que se halla enhiesto el interés público, el interes general, en cada uno de ellos. ¿Razón o fundamento de esa omisión?: no la explico- parece decir la Consellería concernida; no obstante prima lo obvio: hurtar información para el ejercicio de la labor de control que la representación política de oposición debe inexcusablemente ejercer. Y ahí está, con gran bochorno y escarnio para la democracia valenciana, la suspensión del cargo de diputada en Les Corts Valencianes, durante un mes, de Mónica Oltra, de Compromis. Sencillamente infumable, pero la ciudadania tiene memoria y “ya no escampa”.

 

 

Cuando esto se repite, una y otra vez, no podemos estar hablando de una acción puntual o negligente; estamos hablando de una conducta política preordenada mediante un planning para segar cualesquiera información a los representantes políticos y al resto de ciudadania. Y por ahí, no. No deja de ser llamativo que con gran aparato publicitario se proyecte la apertura del portal de la Transparencia (GVA Oberta) que es puro refrito de lo ya existente y que en modo alguno cubre ninguna de la expectativas que se habían señalado. En algunos apartados se halla incluso en construcción. De otra parte, se compadece con las exigencias legales dimanantes de la Ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013. Uno es preso de sus propias palabras y máxime cuando intenta ser grandilocuentes. El Molt Honorable, hace unos días, pronunciaba en Elche, ante la plana mayor del empresariado alicantino, una frase que barrunto como lapidaria políticamente, tal como: ” Nadie puede ponernos la cara colorada por ser transparentes y generar más información”- fin de la cita. Sólo cabe mirar al tendido ciudadano y preguntarles “¿qué me dicen?” Y seguro que el President encontrará una respuesta esclarecedora, por si tenía dudas.

 

Añadir tan sólo que la norma punitiva tiene respuesta cuando de vulnerar derechos fundamentales se trata, dado que la vía contencioso – administrativa no consigue otra cosa que pura publicidad, sin resultados prácticos. En cuanto se descuiden se vuelve a reproducir la conculcación constitucional. ¿Cómo cortar de raiz dichas transgresiones y que la respetabilidad de la norma constitucional sea un hecho?

 

 

Justo Gil Sánchez

vie

08

ago

2014

NADIE ES PERFECTO

Justo Gil

Es el último fragmento de la película “Con faldas y a lo loco” de Billy Wilder. ¿Recuerdan? Viene a cuento de la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto del Proyecto de ley del denominado Estatuto de la Víctima del Delito y el referido a su ley complementaria (derecho a interpretación y traducción y el derecho a la información en los procesos penales). En realidad, estamos antes parches de la obsoleta Ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada por RD de 14 de septiembre de 1882. Si, de hace nada de tiempo.

 

Lo valiente hubiera sido seguir adelante con el anteproyecto de Código Procesal Penal para derogar esta norma que embebe sus raíces en el sigo IXX, y que en nada se parece a la sociedad actual. Pero no se ha sido valiente políticamente, y muere aquél por inanición. Nadie le ha insuflado oxígeno. Podríamos decir aquello de “entre todos la mataron y ella sóla se  murió”. Porque se trataba de cambiar todo el andamiaje de la justicia criminal, conformar una ley adjetiva en este orden del siglo XXI, y ponernos al día en una materia de enjuiciamiento punitivo que se halla “permanentemente parcheada”. Tan ello es así que los jirones se abren por todas partes. Y se deja para otra mejor ocasión, que no sabemos cúando será. O si la habrá alguna vez. Esta es la contradicción entre las querencias políticas y las necesidades ciudadanas. Parangonando a John Lennon  la vida es aquello que te sucede mientras nos empeñamos en hacer otras cosas. ¡Ay, Gallardón, Gallardón! ¡Quien te ha visto y quien te ve! ¿Dónde estará el “probe” – digo el “progre” – Miguel que hace mucho tiempo que no sale..na, na, na, .?” -parangonando a tan cariñoso y ya extinto grupo popular sevillano.

 

 

Se trataba – con el anteproyecto de Código Procesal Penal- de establecer un nuevo papel - entendemos que nuclear- del Ministerio Fiscal (MF) en la investigación criminal; dar cobertura nítida y clara a la afectación de los derechos fundamentales en la referida investigación penal (intervención de teléfonos, intervenciones físicas, etc.) que por un deficiente planteamiento en la instrucción ha hecho que, en algunos casos, los acusados hayan salido absueltos. Se trataba de redefinir la calificaciones de “imputado” y otras; cúando un cargo institucional debía de dimitir de tal cuando se llegaba a un determinado trámite procesal. ¿A quien “imputamos” ésta responsabilidad? Alguien diría que al “maestro Armero”.

 

 

El legislador tiene parte de culpa, por no regular de una forma definitiva y clara aspectos escabrosos afectantes a los derechos y libertades fundamentales, cuando éstas son restringidas o limitadas en la investigación criminal. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se encontraba ningún catálogo exhaustivo de derechos del sufridor del delito: la víctima. El Proyecto de ley hace una buena definición de lo que considera víctima entendida como toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito, y también a sus familiares.

 

La victima no puede permanecer al margen de lo que el proceso penal actúa. Y por lo que aventura el proyecto va a tener oportunidad, entre otras, de a) recurrir la libertad condicional aunque no se halle personada en el proceso, siempre que la pena supere un determinado tope temporal; b) requerir la medidas de control para su seguridad, cuando el reo quede en libertad condicional; c) reducir las declaraciones para no estar en permanente peregrinaje repetitivo, que inflinge un daño moral adicional al ya sufrido. Es importante señalar que en el caso de las víctimas de violencia de genero han de ser informadas obligatoriamente – sin necesidad de petición alguna- de la puesta en libertad del agresor. Ese catálogo de derechos será dispuesto tanto si las victimas están personadas como si no lo están ( así: cúando se ha de celebrar juicio, notificación de sentencias, sobreseimientos que se produzcan de las causas penales, las medidas cautelares que los órganos judiciales vinieren en adoptar, permisos de salida de los centros penitenciarios, etc.). Las victimas de terrorismo o de violencia de género tienen su propia normativa especial.  Qué podemos decir: que es un pasito corto, pero un pasito positivo. Deseamos que se haga realidad cuanto antes. La Ley de Justicia Gratuita, no.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

0 comentarios

lun

14

jul

2014

ECONOMIA INDIGNA.

Miguel Gras

Los sabios que manipulan la economía europea acaban de sorprendernos con una nueva medida que aunque técnicamente puede ser correcta, es de una indignidad tal que debería sonrojarnos a todos los ciudadanos tanto de este país como del resto de Europa.

En septiembre entrará en vigor el nuevo sistema de cálculo del Producto Interior Bruto (PIB), tal y como recoge el nuevo Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y regionales del 2.010 (SEC 2010).

Este nuevo sistema permite incrementar el PIB a efectos de jugar con el margen de maniobra del déficit público, en el caso de España, supone el crecimiento instantáneo del 4,50 %.

Hasta aquí, todo parece perfecto, pero lo indignante son las variables que van a pasar a formar parte de ese cálculo del PIB, a saber: se trata de contabilizar la ¿riqueza? Generada por la prostitución, tráfico de drogas y el contrabando, y en esto España va en cabeza en Europa y somos una potencia mundial.

Es indigno que prevalezcan estas medidas sobre el respeto a la sociedad, a las mujeres, a la libertad sexual, a la sanidad etc., con lo cual cuanto más crezca estos tipos de delincuencia más crecerá el PIB y mayor capacidad de endeudamiento

Puede parecer que no sea tan importante, pero estos tipos de negocio, duplican en valor el generado por la agricultura, ganadería y pesca conjuntamente.

Tengamos en cuenta que el 40 % de las incautaciones de droga que se dan en Europa, son en España, las dos terceras partes del cannabis que se decomisa en Europa, ocurre en España, estos alijos pueden estimarse en cantidades alrededor de los 5.000.- millones de euros.

Si ponemos la mirada en el otro pilar, la prostitución, se calcula que alrededor de 300.000.- mujeres ejercen la prostitución en España y que alrededor del 40 % de los españoles han utilizado este tipo de servicios, se calcula su indudable valor aportado a la economía del país.

Si quieren contabilizar toda la riqueza generada por estas actividades ilegales, sean valientes y legalicen, para que paguen seguridad social, impuestos y posiblemente se pueda rebajar el déficit sin tanto maquillaje.

A todos estos piadosos y religiosos creyentes, a la hora de adorar al Dios dinero, no les remuerde la conciencia para realizar estas maniobras. SON INDIGNOS.

Miguel Gras.

0 comentarios

lun

14

jul

2014

EL TREN QUE TRANSPORTA EL CAOS

Manuel Quesada

Resulta indignante lo que está pasando,. Hace casi treinta y nueve años que murió el dictador y a estas alturas de la película estamos peor que al principio, digo en estabilidad política y en cohesión social. 
Nuestra juventud ha de emigrar porque aunque está muy bien preparada, aquí no encuentra trabajo ni el gato. Dos millones treinta mil niños están al borde de la miseria o ya metidos en ella, y no tienen ni para comer. Se tienen que abrir los comedores escolares en estas vacaciones para que puedan hacer una comida al día y aún hay Presidentes Autonómicos que se niegan con la coña de que “los niños se van a sentir mal”.


Son más de seis millones de trabajadores los que están en el paro y muy pocos, escasísimo número de ellos pueden tener la esperanza de encontrar trabajo en los próximos cinco años. Gran cantidad no lo encontraran en lo que les queda de vida, porque ya son mayores y, encima, a los sesenta años les quitarán la prestación y sólo los que puedan se jubilarán más allá de los sesenta y cinco años de edad.


Los parados que ahora vengan por despido, que ya sabemos cómo se hacen la mayoría, tendrán que tributar por su indemnización del despido, porque “ha habido algunos fraudes”.
Ya no hay esperanza.


La derechona, toda unida, está más fuerte que nunca y haciendo gala de su herencia genética de la dictadura aprovecha la ocasión para hundirnos cada vez más y ser cada día más poderosos.
La izquierda, estúpidamente, está cada día más dividida y fragmentada, de modo que aquí no se aclara ni dios, y los que han de defender al pueblo se la pasan peleándose y discutiendo sobre asuntos que solo conciernen a ellos sin hacer un ápice de intención de unirse todos juntos contra una situación que nos va a llevar al caos.


Los sindicatos ya no sirven ni para servir café.


Y la Jefatura del Estado, más fuerte que nunca, está haciendo lo indecible para salvar el culo con la venia y la gula de la santísima gana que le da a la oligarquía de este país de pasarse por el arco del triunfo cuanto sea preciso para mantener este estatus que tanto nos está ahogando pero que tan pingues beneficios les está reportando a todos ellos.


Y dentro de esta miseria, en medio de la desgracia que nos ha caído encima, nuestra “Justicia” nos está tomando el pelo y utilizando la más sutil de las ingenierías jurídicas para dejar inmune a la infanta que, con su marido, nos ha robado lo que le ha dado la gana para vivir como una reina. Y es que la Casa Real ha ejercido toda su influencia sobre los actores de este juicio con tal de que nada le pase, y por eso no hace más que tomarnos el pelo realizando gestos como el de que no cuentan con ella para nada y tal y tal.

 


No se han cortado un pelo en intentar y conseguir que toda la responsabilidad del estropicio caiga exclusivamente sobre el yernísimo, hoy cuñadísimo, aunque tampoco eso, porque ya están utilizando con él todos los resortes posibles sobre la base de un pago de trescientos y no sé cuantos mil euros para quitarle parte de las responsabilidades penales de las que ha de responder y así, de esta manera se le quede la pena en lo menos posible y la infantita no se quede sola tanto tiempo, pobrecita….


Y en medio de este caos inenarrable, imprevisible e insoportable, todavía hemos de estar felices porque “se está iniciando la recuperación”.


Y una mierda, díganselo a todos esos españoles que eran de clase media y hoy comen gracias a los comedores sociales.


Díganselo a esas familias, que `pasan del millón de ellas, en cuya casa no entra un céntimo de euro y sobreviven gracias a la solidaridad y a las aportaciones familiares que se fundamentan principalmente en las pensiones de sus padres-abuelos que todavía no han podido meterle el diente. Pero todo llegará. De momento las están dejando cada vez más diezmadas.
En medio de este caos, los servicios públicos más esenciales nos han de costar la pasta, ya sea mediante copagos, ya sea vía aportaciones del erario `público que hemos creado entre todos y al que están dejando en la ruina dejándonos a todos empobrecidos y maltratados, los sufridos contribuyentes y los muchos que ya no pueden ni contribuir.


Del estado de bienestar que habíamos alcanzado con todo nuestro esfuerzo, no hay quién pueda acordarse.


Como somos todos unos delincuentes, no hay más remedio que perseguirnos y castigarnos, en lugar de vigilar a los grandes capitales que se han llevado todos, absolutamente todos, la recaudación de lo que nos han robado a los paraísos fiscales y para que no nos pongamos a pensar también en esto han encontrado una cabeza de turco al que hay que echar toda la culpa, y ya está. Los demás de rositas.


Lo poco que les va quedando aquí ya lo tienen a buen recaudo mediante una evasión fiscal con la venia de la inoperancia del Sr. Ministro de la cosa.


A Montesquieu, como a dios, se le conoce por referencias pero por aquí no ha pasado tan importante señor y, en consecuencia, la “Justicia” está mediatizada y secuestrada mediante un sistema de “representación” por el cual colocan en sus órganos superiores a sus más allegados, quiero decir: el poder ejecutivo, el legislativo y hasta la jefatura del Estado, porque son los que a ultima hora decidirán lo que hacer con todos estos mangantes que, encima, son los que nos dirigen. ¡La hostia!..


Por si a alguno le molesta lo que digo, aclaro que no estoy señalando a las Instituciones, sino a las personas físicas que las dirigen y ocupan, que son los actores de la película y por eso hay que aforarlas a toda prisa.


No se preocupen ustedes que el Juez Castro imputará a la Infanta, habrá cuantos recursos puedan presentarse y a la postre quedará inmune como está mandado, aunque para ello haya que inventar una artimaña jurídica de nuevo cuño, porque ya todos los posibles encargados de hacerlo están bien preparados para ello.


Y nada, la Jefatura del Estado impoluta, como debe ser, para ello se han realizado cuantas acciones han sido precisas con tal de que resulte una vez más que TODO HA CAMBIADO PARA QUE NADA CAMBIE. ¿Les suena la famosa frase?
Dentro de cuatro días toda la jerarquía del país recibirá su “paga de beneficios” por el trabajo bien hecho y como de donde no hay no se puede sacar lo será de las arcas públicas nuevamente, más con recortes que con impuestos porque están al caer los procesos electorales y hay que preparar la cosa. Ya han empezado.


Sólo nos falta Berlanga para la filmación de esta película, que no tiene desperdicio.


Como decía aquel “que paren este tren, que yo me bajo”.

                                                                                             MANUEL QUESADA LARA.

0 comentarios

dom

15

jun

2014

LA PELOTA EN EL TEJADO

Manuel Quesada

Son, desde luego, muchos los problemas que se están planteando estos días al hilo de la decisión del Rey Juan Carlos de abdicar en favor de su hijo Felipe para que se haga cargo de la “plaza” de Rey Constitucional de este País.

 

El asunto plantea un problema, desde luego, porque la ciudadanía de la que un sesenta por ciento son jóvenes que no han conocido la Transición ni,  por tanto, las circunstancias en que se implantó la Monarquía actual, ni les importa lo más mínimo porque más de la mitad de ellos tras haber estudiado mucho, haberse preparado concienzudamente hasta llegar a ser la generación más preparada de nuestra Historia, muy a su pesar, se encuentran en paro y sin expectativas a corto ni a medio plazo de alcanzar el soñado puesto de trabajo que les permita independizarse y vivir decentemente, como ciudadanos normales y no dependientes de sus padres o de sus protectores.

 

La infinita mayoría de ellos piensa que poco o nada ha hecho Su Majestad para evitar su actual precariedad mientras, eso sí, han tenido que contemplar con estupor los casos de corrupción que se han producido hasta en el seno de la Casa Real y cómo el Rey atiende maravillosamente a empresarios españoles a los que promociona en el extranjero sin que ello vaya a suponer una mejora para el empleo porque se llevarán las empresas a ésos países y ya tienen experiencia de lo que sucede en estos casos: que, o bien los puestos de trabajo se ofertan mayoritariamente en aquéllos países o los españoles que quieran acceder a ellos tendrán que hacerlo en condiciones de evidente desventaja o hasta imposibles de abordar.

 

Se ha producido, y no sólo por la crisis, un escenario de país más injusto, más precario y mucho más carente de servicios sociales, sanitarios, de enseñanza y cuantos asuntos son pilares imprescindibles de un Estado democrático y de derecho acorde con nuestro tiempo. El Estado de Bienestar se ha ido al garete.

 

Pero hay muchos problemas más. Uno de los más importantes es el bochornoso espectáculo de la Justicia: lenta, inoperante y para nada “igual para todos”. El abuso desmedido de la representación política en los órganos de Gobernó de los auténticos poderes judiciales raya en lo inaceptable y, desde luego, ha echado por tierra la imprescindible separación de poderes que planteó Montesquieu que es, desde luego, el pilar fundamental de un estado democrático.

 

Resulta ser lo mismo el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, ya que por efecto de las mayorías, se reparten siempre los grupos mayoritarios los cargos  de influencia en todas las Instituciones del Estado. Tras treinta y cinco años de democracia el desgaste es de tal magnitud que, o se abordan cambios estructurales de gran profundidad o todo se va al traste y podría peligrar hasta el propio funcionamiento del Estado.

 

Estas circunstancias han llevado el debate a la cúspide de la discusión de si lo conveniente es mantener la Monarquía Constitucional o, por el contrario, establecer de una vez la III República.

 

Un número importantísimo de ciudadanos piensan que habrían de conocerse las preferencias de los españoles mediante la convocatoria de un referéndum, y ya son miles de personas las que, de improviso, han salido a la calle para exigir dicha convocatoria. Resulta incomprensible cómo el Gobierno mira para otro lado cuando sería muy posible que una mayoría de ciudadanos optara por la Monarquía, al menos de momento, y el resultado de la consulta legitimaría y daría mayor respaldo al nuevo Rey que, de acceder al Trono tan solo con la designación de su padre podría verse en graves problemas y, de cometer algún fallo de importancia, sería causa de que la sociedad toda terminara en una crispación insoslayable y nos viéramos en mucho peores circunstancias que las actuales, que no son –desde luego- muy esperanzadoras.

 

Otro asunto de enorme importancia es la actuación de los Partidos Políticos cuyos aparatos están tan acostumbrados a blindarse hasta los dientes que ni la militancia ni, por supuesto, sus votantes pintan absolutamente nada, siendo los “cuadros” los que manejan el cotarro en base a las imposiciones de los líderes que los encabezan sin más.

 

Si queremos que las cosas vayan bien, todo esto tiene que cambiar radicalmente.

 

La democracia participativa es una reivindicación cada vez más mayoritaria que  si no se aborda realmente, será una exigencia inexcusable a corto plazo de toda la ciudadanía y en forma mucho más contundente que en estos momentos.

 

La suerte está echada, los ciudadanos no pueden hacer nada si los responsables políticos no hacen lo que tienen que hacer y abren la vía de la consulta y de la participación con objeto de que se aborden los asuntos que a todos interesen.

 

Nadie tiene garantías,  desde luego, de que la República garantice el efectivo funcionamiento democrático de todas las Instituciones pero, desde luego, si la Monarquía en los primeros meses del Reinado de Felipe VI no aborda las reformas necesarias para corregir todas las deficiencias existentes, estaría firmando su propia sentencia y, así, llegaríamos al cambio de forma de Estado en circunstancias muchísimo peores,

 

La pelota está en el tejado, veremos si suben a recogerla.

 

Manuel Quesada

0 comentarios

mar

03

jun

2014

Estamos equivocándonos, completamente.

Abelardo Muñoz

Estamos equivocándonos, completamente.

No hemos entendido el clamor de las calles, no sabemos interpretar el mensaje de miles de gargantas que nos impulsan en una única dirección, la de la izquierda.

Nuestros oídos se han acostumbrado tanto a la monotonía del poder alternativo, que nos hemos alejado de la ciudadanía y de aquello que siempre defendimos.

Hemos luchado tanto por ser un partido de gobierno, hemos perseguido tanto el entrar en el sistema, para cambiarlo desde dentro, que hemos dejado de mirar hacia fuera y el sistema nos ha engullido.

Hoy, otros, hacen suyas nuestras proclamas y objetivos de antaño y con ellas por bandera, colman las esperanzas de una ciudadanía que antes veía en nosotros esa vitalidad, ese inconformismo, esa revolución y ese empuje. Se ven reflejados en ellos y a nosotros, por mucho que lo intenten, no nos reconocen.

La ultima puntilla nos la damos nosotros mismos, primero con la ceremonia de la confusión al respecto de las elecciones primarias y después con la sumisión a la monarquía, abalando su sucesión, en vez de exigir un referéndum democrático, para que el pueblo escoja la forma de gobierno que desee y nosotros en ese proceso, abogar por la república.

Siempre he sido socialista, porque entiendo que el socialismo encarna todas las virtudes de la izquierda obrera y trabajadora y porque el socialismo tiene vocación por cambiar a mejor la vida de las gentes y lucha por un futuro para todos y todas, garantizando nuestros derechos y libertades frente a los mercados y sus esbirros, pero estos últimos tiempos, con estos dirigentes que nos ha tocado sufrir, estamos tirando por tierra lo que muchos construyeron.

Hoy debemos parar, reflexionar y decidir, decidir que somos y a donde vamos, que queremos ser en el futuro y que es por lo que luchamos y para ello lo mejor es volver a las raíces, girar la vista a las bases, porque las bases están muy alejadas de la dirección del partido, las bases quieren pelear como siempre lo han hecho, defendiendo lo justo e identificándose con los valores de la izquierda.

Debemos escuchar la voz del pueblo, nos harán olvidar tantos y tantos errores y volveremos a ser lo que nunca debimos dejar de ser, el mejor representante de la izquierda en este país, el Partido Socialista Obrero Español.

 

Abelardo Muñoz

3 comentarios

mar

27

may

2014

EN LA CUERDA FLOJA

Manuel Quesada

De chico me enseñaron en la escuela que “el hombre es un animal político”, creo que lo dijo Sócrates o Platón, o quizá Aristóteles; pero ahora que ya peino canas y se está agotando mi capacidad de asombro, tras lo que he visto, estoy en condiciones de afirmar que hay políticos que son unos animales.

 

Son tan torpes que con sus actitudes, con sus declaraciones, con sus acciones y con su planificación perfectamente estudiada, meditada y puesta en práctica, están consiguiendo que los ciudadanos hayan alcanzado tal desafección de la política que ya no confían en ninguno de los que ocupan cargos de responsabilidad ni les ilusionan los candidatos que se presentan a las elecciones porque ya han sufrido tal cantidad de desengaños que no confían en ninguno de ellos.

 

Sin embargo, cualquiera que tenga dos dedos de frente convendrá conmigo que la política es una de las necesidades básicas de la sociedad para poder alcanzar un bienestar social e individual en medio del entorno en que convivimos.

 

Algo es bueno si con su uso se pueden obtener buenos resultados y es malo si con dicho uso no se alcanzan más que perjuicios y desgracias y lo que estamos sufriendo los españoles en los últimos tiempos no son más que desgracias.

 

Tras haber luchado con firmeza e ilusión muchos años para conseguir una auténtica democracia y una posición económico-social más que aceptable, nos arrasan de pronto y nos hunden en un abismo cuya duración y final son imprevisibles.

 

En tanto que seis millones de parados no tienen trabajo y dos millones de familias no tienen ningún ingreso, las grandes empresas siguen obteniendo buenos beneficios y los cargos públicos se han subido el sueldo descaradamente. La pobreza se ha instalado entre nosotros como era impensable que fuera a suceder, la clase media ha desaparecido y los ricos son más ricos que nunca.

 

Entiendo la política como una ilusión, como un servicio público para ayudar a los demás, nunca como una profesión y mucho menos algo en lo que pueda uno ganarse la vida. Sólo debe tener plena dedicación el limitadísimo número de altos cargos imprescindibles, y los demás deben simultanear su acción política con su trabajo o profesión con la que se mantienen. Sin embargo, son innumerables los cargos y puestos políticos que se expanden por todo el territorio, desde las ciudades hasta los pueblos y desde las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de tdos los pueblos, por pequeños que sean.

 

Se puede y debe gestionar todo lo público como si de una empresa se tratara, con funcionarios y trabajadores profesionalizados, independientes de las organizaciones y partidos políticos, mientras los cargos políticos deben limitarse  exclusivamente a dar instrucciones y conectar con los ciudadanos y para sólo eso, naturalmente, no se precisa dedicación y, por ende, no han de percibir sueldo alguno. Solamente debería sufragárseles los gastos de representación que abonaría, directamente, la administración pública de que se tratara, previa intervención para clarificar la oportunidad y necesidad del gasto.

 

De este modo se daría un importantísimo carpetazo a tanta corrupción como estamos soportando y sufriendo.

 

Como soy socialista, y demócrata, me sorprende el montaje que tiene instalado la clase política para el desarrollo de su acción y observo cada vez con mayor indignación que se sirven de sus cargos para vivir, y de qué modo; para comprar voluntades repartiendo empleo público, concediendo favores a empresas y servicios y dedicándose a alimentar en lo posible la situación para que no les falte nada de nada.

 

No es mi intención señalar a nadie, ni tampoco me quiero referir a la clase política en sí, mucho menos en general. Estoy planteando que el sistema no es correcto, que hay unas sobre participación de la política en demérito de la profesionalidad y la organización natural de los servicios públicos y que las estructuras están permitiendo a los responsables de ellos tomar decisiones y efectuar actos administrativos de toda importancia, sin la supervisión de nadie y sin la participación de la ciudadanía, que es, en definitiva la que soporta todos los gastos con sus impuestos.

 

Digo que la actividad política debe ser más altruista porque sería la forma eficaz en que no se produjera la desafección que sufrimos de la clase política de los ciudadanos en general.

 

Si no se cambia, si el sistema no se adapta a las necesidades y no se produce una reforma política de gran calado, los ciudadanos no volverán a ilusionarse y a confiar en sus representantes, que cada vez serán elegidos por menor número de participantes a causa del incremento cada vez mayor de la abstención y, en estas condiciones, lo que se pondrá en peligro será todo el sistema democrático que tanto esfuerzo, entrega y hasta lucha nos ha costado.

 

Y si dejásemos caer la democracia, no quiero ni pensar lo que nos vendría.

 

Manuel Quesada

0 comentarios

mar

27

may

2014

¿LES TRAICIONA EL SUBCONSCIENTE?

Miguel Gras

Si analizamos solamente con un poco de detalle las últimas intervenciones en debates, entrevistas, publicidad e intervenciones en mítines etc..de los líderes del PP, nos damos cuenta de cómo piensan en realidad de los ciudadanos españoles e intentan encubrir el desprecio que nos tienen actuando con una prepotencia que raya en lo inaudito.

Hace unos días una tal señora Oriol, presidenta de una patronal de Madrid,con imagen de “progre” se despachaba con que los gobiernos anteriores les obligaban a pagar unos salarios mínimos a unos trabajadores sin formación que no sirven (paná)tal y como lo dijo. Se habrá planteado por ejemplo en la construcción, si los peones suministrando material al oficial, y otras cosas no se gana este salario mínimo, esta mujer no tiene ni zorra idea y el desprecio que tiene al obrero es lo que le hace manifestarse así.

La publicidad del PP dice “vota nos Jugamos el futuro “ ¿qué futuro ¿ el de ellos, que pueden perder todos esos privilegios que les permite seguir viviendo en la corrupción y llenando sus bolsillos ilegalmente.

La semana pasada el señor Fabra, presidente no electo de la CV en un mítin en el cual no anunció nada de propuestas del PP basando su fracaso en la herencia recibida, no se le ocurre otra cosa que decir que el PP “seguirá siendo el mismo de siempre”. Pues vamos “apañaos” más corrupción, más sobres, más sobres, más tráfico de influencias etc.

En el debate de esta semana, “monseñor” D Esteban González Pons, después de volver a la herencia recibida, nos suelta de pronto, que en España actualmente cada día encuentran trabajo 7.000,- personas. ¡joder! Y perdonen la expresión, en tres años eliminamos el desempleo y damos trabajo a toda Europa.

Por último entre la ministra Báñez con sus oraciones y la vicepresidenta del gobierno nos dicen que hay alegría en las calles porque estamos creciendo, posiblemente nos salgamos del mapa, esto ya es de risa y serían incontables las anécdotas, disparates y dislates de esta “chiquillada del PP”

 

Miguel Gras

0 comentarios

mar

27

may

2014

EL GOBIERNO, LOS TRABAJADORES Y EL TRIBUNAL SUPREMO

José M. Rodriguez

Se cumplen tres años desde que la reforma laboral entró en vigor, y en ese período el Tribunal Constitucional dio a conocer mediante un auto (no con una sentencia) el visto bueno para que el Gobierno la implantara mediante un decreto-ley (potestad del gobierno). Lo curioso es que el Tribunal Constitucional ha hecho lo contrario en el 2007 en la etapa socialista respecto a la reforma laboral del 2007, donde consideró que no estaba justificado el decreto-ley para la reforma, con lo cual la anulo (curioso, muy curioso).

 

El Gobierno del PP se quiso cargar el empleo público como fuese y facilitar los despidos de la Administración. Se inventó lo de “insuficiencia presupuestaria” durante 3 meses consecutivos para poder realizar los EREs públicos, y posteriormente dio un paso más al definir  esa "insuficiencia" como la reducción en un 10% respecto al año anterior en las transferencias que se hacen a comunidades y Ayuntamientos, con lo ya todo estaba en bandeja.

 

A la hora de reducir el gasto público, el PP dirigió los recortes a la partida de personal, reduciéndolo por dos vías: supresión de la paga extra de diciembre (en torno al 7% del salario anual); y reduciendo las plantillas del sector público. Con esto comenzó el debate si el Gobierno del PP podía promover despidos colectivos en la Administración. El decreto de febrero zanjó la discusión: se podía hacer aduciendo “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos para pagar la una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. De esta manera es la propia Administración la que puede provocar la causa que aduce para despedir. Son los gobernantes quienes elaboran los presupuestos y asignan las transferencias de capital y quienes adoptan acuerdos de no disponibilidad, con lo cual ellos son los que van en última instancia a "echar el cerrojo" a muchos puestos de trabajo, sobre todo a los que más afecta: El Personal Laboral (unos 700.000 empleados) y los trabajadores de Empresas Públicas (142.000). Cerrando al sector público la posibilidad de hacer ajustes de plantilla a través de reducciones de jornada o suspensiones de contrato (tal es el caso de Radio Televisión Valenciana, que ha despedido a 1.247 trabajadores).

 

Todo esto también ha sucedido en Portugal, pero su Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la retirada de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas, y las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad. Las razones en las que se apoya son claras: -violaba el principio de igualdad a la hora de afrontar sacrificios-. De la misma manera que no se puede concebir que unos ciudadanos paguen un IVA diferente de otros; además el texto violaba el “principio constitucional de confianza”, esto es, el que ampara los hechos “jurídicamente definidos en el pasado”. El tribunal también añade que estos pensionistas “que pertenecen a una franja de población vulnerable, crearon sus expectativas de vida basándose en el montante de estas pensiones”.

 

A finales de mayo del 2013. El Constitucional Español admite a trámite la inconstitucionalidad de la supresión de la paga extra del personal laboral decidida por el Gobierno del PP, que fue recurrida por el carácter retroactiva de la misma. Ante esta situación Mariano Rajoy manifestaba: "Lo hicimos porque no había más remedio", a lo que los sindicatos replicaban diciendo que había sido una medida confiscatoria, injusta y de dudosa aplicación, nunca debió suprimir la paga extra de manera retroactiva.

 

Lo curioso de este es que haya funcionarios que todavía voten al PP............cosas veredes Don Sancho que harán fablar las piedras.

 

 

                 José M. Rodriguez

Secretario de organización PSOE de  Almoradí

      Concejal Ayuntamiento de Almoradí

0 comentarios

sáb

24

may

2014

¿Pobre y humilde?

Jaime Pérez Pacheco

Estos son los calificativos que nuestro Alcalde, Antonio Ángel Hurtado, usó para calificarse a sí mismo, en un articulo de opinión que él escribió, el pasado día 9 de Abril y que tituló “Arrogantes totalitarios”.

La incongruencia de los calificativos ya queda reflejada en la elección del titulo, puesto que “Arrogante” y “Humilde” difícilmente tienen cabida en la misma frase, pero conociendo al personaje, la definición se cae por su propio peso.

En política se puede ver de todo, pero lo de este Alcalde supera todo lo inimaginable, alumno aventajado y de “Matricula de Honor” en cuanto a  “formas del P.P.”, prestigiador de la mentira, comprador de voluntades y alentador de la amenaza y la grosería.

Sin embargo, donde realmente se convierte en maestro es en la manipulación y la propaganda, enseña a sus compañeros a  usar una máxima infalible: repite la mentira hasta que se convierta en verdad y acusa a los demás de tus culpabilidades.

Acusa de que manipulamos, ¡acabáramos! “El mago de la manipulación”.

Para ello esgrime que solo hablamos en los plenos de asuntos sobre los que él, pobre, no tiene competencias, del pueblo no decimos nada.

Permítame una pregunta… ¿Los discapacitados no son de Almoradí? Esas madres que fueron a pedir su apoyo y usted se comportó con ellas como lo hace con el resto de personas que no le importan nada. Abrazos, besos, algún puchero, promesas falsas y a la hora de votar la moción… el abandono más cobarde, ¿no son de Almoradí?

Cuando las madres de los discapacitados se ven ahogadas por el “repago”, usted las acusa de ser manipuladas, dice que no tiene competencias y acusa a la oposición de hablar de cosas en las que usted no puede intervenir.

¿No son sus vecinas? ¿Usted no gobierna para ellas? ¿Esa moción no va con su pueblo y con sus ciudadanos/as?

Mire señor Alcalde, espero que algún día pueda usted dormir con su conciencia tranquila, por su forma de actuar con esas madres, lo que no espero es que cambie, lo único que deseo es que termine su legislatura y deje de hacer daño al pueblo y a sus ciudadanos/as.