Reforzamiento del Sindic/ a de Greuges

 

 

 El Consell aprobó el pasado 3 de agosto el Proyecto de Ley de la Sindicatura de Greuges, institución autonómica regulada, hasta ahora, por una Ley del año 1988. En diciembre hará 30 años (Arturo Lizón, primer Sindic). La Consellería de Transparencia ha sido la impulsora de este proyecto normativo que cuenta con 96 artículos. La institución estatutaria pretende englobar el conjunto de derechos incorporados en nuestro Estatuto (Titulo II), con la reforma de abril del año 2006, anudándoles a los del Titulo I de la CE. En la exposición de motivos se proyecta la lucha contra la desigualdad social, y la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia. Hay en el nuevo texto pretendido una lucha en pos de la participación ciudadana, en pos de una ética pública, de la transparencia y el buen gobierno. En el seno del texto aprobado como proyecto de ley por el Consell se conjugan armoniosamente aquellos conceptos entorno a la cohesión social, esqueleto vertebrador. El poder público tiene el deber de rendir cuentas a la ciudadania.

 

 

 El proyecto de ley se nos presenta como un instrumento jurídico ex novo, acomodado a la nueva realidad social, para que a la Sindicatura de Greuges se le de un revulsivo y un dinamismo en su trabajo cotidiano. Ya está bien que se le identifique sólo como una magistratura moral o de persuasión. Cumple un papel trascendente en el ámbito territorial valenciano y en el modelo de Estado social y democrático de Derecho, vigente en la Comunitat.

 

 

 Es difícil encorsetar en un articulo las ideas-fuerza que se contienen en el texto. Pero hemos de reseñar algunos aspectos de interes. Para elegir al Sindic o Sindica la mayoría necesaria pasa de 2/3 a 3/5 partes del pleno de Les Corts. Se troca numéricamente de titular de la Sindicatura y dos adjuntos, a tres adjuntos /as, priorizando la igualdad de género, al punto de que debe de haber una presencial mínima del 50% de mujeres entre la persona titular y las sindicaturas adjuntas (en total, 4). Hay una mayor concreción y detalles del conjunto de instituciones y administraciones públicas valencianas sometidas a investigación. Llama la atención la posibilidad – iniciativa de la misma Sindicatura- de utilización de formulas de conciliación /mediación cuando se entrevea la posibilidad de acordar entre quejoso y administración investigada. Sabido es que nuestra institución autonómica no es entidad legitimada para acudir directamente ante el Tribunal Constitucional para impetrar justicia en este orden jurisdiccional. No obstante lo cual, el proyecto de ley contiene la posibilidad de instar la (i)) interposición de recursos de amparo (interesándoselo al Defensor del Pueblo y al Ministerio fiscal). Contiene también la facultad de instar (ii) recursos de inconstitucionalidad ante el TC (interesándoselo a Les Corts, al Consell y al Defensor del Pueblo); igualmente la posibilidad de interponer (iii) conflictos de competencia ante el TC (interesándole, entre otros, al mismo Consell). Naturalmente, que cuando se aprecien razones fundadas para instarlo.

 

 

 Llama la atención el compromiso que asume la nueva normativa de la Sindicatura en su labor de promoción, difusión y divulgación de la actividad cotidiana. Esta labor inmensa no puede permanecer oculta, debe salir a flote. A las instituciones se las quiere y se las ama cuando se las conoce, y cuando sabemos de la loable labor que despliegan en su contribución al Estado Social. Es muy importante el “procedimiento”, para que éste no se eternice, y así la norma establece que la conclusión de las quejas a instancia de persona interesada concluirá en 3 meses, con “resolución motivada”, indicando si ha sido vulnerado el derecho o libertad de la persona. De cara a la seriedad y debida atención a la institución, es importante señalar que si se apreciase indicios racionales de la “presunta comisión de ilícitos penales” en las conductas obstaculizadoras, en los comportamientos hostiles, o cuando se produzca un sistemático entorpecimiento de las autoridades o personas cuyas actuaciones o inactividades investigue, se dará cuenta al Ministerio Fiscal o incluso comunicar a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

 

 

Este texto apunta maneras. Vamos a ver si en la tramitación parlamentaria incluso se mejora.

 

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

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Comentarios: 1
  • #1

    Antonio Peñalver (domingo, 09 septiembre 2018 11:47)

    Me parece muy bien lo de los 3 meses con "resolución motivada", pero que el Sindic te archive un expediente con la contestación de la Conselleria correspondiente con la frase de que "como tienen muchos casos contestaremos lo antes posible".
    1) ¿Esto se puede considerar "resolución motivada"?
    2) ¿Para esto hace falta pagar a un Sindic?
    Sólo me resta pedir para el indefenso pueblo SALUD que no cansa.

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