Radicalización y papel de los municipios

 

 Estamos viviendo en una sociedad en el que la violencia y el extremismo aparecen por doquier. Las secuelas del terrorismo yihadista, protagonizado por jóvenes, que creíamos «integrados» en nuestra sociedad, es un dato empírico. Asombrados quedaron sus profesores y educadores sociales cuando advirtieron la autoría de los atentados de Barcelona y Cambrils. No daban crédito, porque les habían tratado y no rezumaban el odio y la barbarie que les ha hecho arrebatar la vida de otros congéneres. Hay radicalismos que se estructuran, en muchos casos, bajo la égida de la depresión económico-social, la marginación, la falta de futuro y horizonte, como caldo de cultivo. En otros casos, y en sus mismas tripas, se halla la maliciosa interpretación de determinadas religiones. Para eso está el Observatorio del pluralismo religioso. Existen unas concausas muy plurales. No hay un vademécum.

 

 Sinceramente este escribidor desconocía hasta hace poco que existiera un Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta. Es bien cierto que la seguridad nacional es instrumento nuclear de la garantía del bienestar de todos nuestros conciudadanos a la par que estabilidad de la Nación. En el Preámbulo de la Constitución de 1978 se proclama como aspiración el «garantizar una convivencia democrática» a la par que «proteger a los españoles en el ejercicio de los derechos..»”. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de la seguridad pública, fundamento de nuestra tranquilidad social.

 

 En la lucha contra cualquiera manifestación de radicalización violenta, de individuos o colectivos, debe haber, claro está, una implicación de los poderes públicos (Administraciones, en su conjunto) y de la propia sociedad civil. El violento, o los violentos están en la sociedad, están en las calles, están relacionados, usan las redes, tienen costumbres, en algunos casos se manifiestan ante los demás.

 

 Hemos de señalar que en el Grupo Nacional de lucha contra esa lacra se hallan Ministerios, CNI, Fundación Pluralismo y Convivencia, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con su Presidente, Abel Caballero, a la cabeza. Este Plan parece se halla en la línea preventiva siendo su teleología el detectar focos de radicalización. Fruto de que no ha sido explicado es su nulo conocimiento social. No ha habido ningún debate en la sociedad. Me llama poderosamente la atención que de los 8.000 Ayuntamientos que hay en España, sólo 13 de ellos se hubieran adherido al meritado Plan. Creo que hay mucho desconocimiento por parte de las entidades locales, pero, además, es que deben allegarse con las partidas presupuestarias y hay coto al gasto. Es la pescadilla que se muerde la cola. Pido colaboración que genera gasto pero, “oiga, no se exceda, no se exceda ¿Vale?”. Contradicciones de la cosa publica.

 

.Señalemos que son los Servicios sociales de los Ayuntamientos los que juegan un papel de primeros conocedores de determinadas realidades, como los colectivos de riesgo. Debe implicar, para los Ayuntamientos adscritos, un intercambio de información, designa de representantes con determinados colectivos para la fluidez comunicativa, en definitiva, la firma de un protocolo en el que se marquen los compromisos a asumir. Es claro, por tanto, que los Plenos de los Ayuntamientos deben empezar a adoptar acuerdos para coadyuvar a la seguridad pública.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

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