Supervivencia del Estado autonómico y financiación

 

 

  El estado descentralizado que diseñó la CE 1978 en el art.2, junto al Titulo VIII de la norma suprema, condiciona su existencia a la obtención de recursos y a la prudencia en el gasto. Son las dos caras de una misma moneda. No puede haber disociación. El diseño cambiante de los modelos de financiación, la multiplicidad de factores que han de ser tenidos en cuenta, o la preeminencia de unos sobre otros, ha hecho que, hasta ahora, no haya una satisfacción plena, y algunas Comunidades autónomas, como la valenciana, y con muchísima razón, se hayan sentido claramente discriminadas. Téngase en cuenta la cantidad sustantiva de competencias que diseña la CE y el contenido de sus diferentes Estatutos de Autonomia. La Sociedad del bienestar (el Estado social, en suma) claramente está en juego. Dependiendo de cómo se resuelva el modelo de financiación podremos hablar de viabilidad o no del Estado descentralizado que nos dimos hace casi 40 años. Pero, ¡ojo!, no dejemos de lado a las entidades locales, que son las artífices del apuntalamiento del Estado social (art. 1.1 CE), las que están a pie de obra, sosteniendo las “necesidades” de muchas familias zaheridas por la maldita crisis, que no han generado.

 

  Téngase en cuenta que los gastos en servicios básicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales pueden representar del orden de casi el 75% de los gastos que soportan.  Hace unos días las Comisiones de expertos (financiación autonómica y local), las que fueron creadas en Consejo de Ministros en febrero de 2017 para “actualizar” los Sistemas de Financiación, entregaron sus sendos informes a la señora Vicepresidenta y al Ministro de Hacienda. El sesgo e impronta de los informes es el de la formulación de todo un vasto conjunto de  propuestas, para, acto seguido, ser debatidas por las entidades territoriales afectadas, y por la propia ciudadania, que tiene también algo que decir. Aquellos informes ya están en manos de los consejeros que, en reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pudieron visualizar sus contenidos. También en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Bien es verdad que de esas comisiones de expertos formaban parte representantes de las CC.AA y de las EE.LL. En consecuencia, estaban próximos al conocimiento de sus contenidos. En el ámbito autonómico se pretende ampliar la autonomía y corresponsabilidad fiscal, eterno objetivo, siempre cumplido a medias. Sus grandes nutrientes – como casi  siempre- devienen del IVA, IRPF y los Impuestos Especiales, reforzamiento en los tramos autonómicos, así como afectación del Impuesto sobre Sucesiones-Donaciones y Patrimonio. Mayor capacidad para fijación de copagos. Se contemplan dos tramos en el IVA, uno para Comunidades y otro para el Estado (IVA colegiado en al argot de los expertos). Actualmente obtienen el 50% de la recaudación del impuesto y sin capacidad normativa sobre el mismo. Y se pretende la “armonización” en todo el territorial nacional del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Se atiende, pues, a la actual disfunción de tipos en las distintas CC.AA, que ha generado tratamientos fiscales diferentes, siendo objeto de critica fundada.   

 

   En el ámbito de la financiación local parece que se quiere introducir una tasa turística que venga en gravar las pernoctaciones, reforma de la financiación del transporte público en las ciudades y se pretende sustituir el impuesto sobre las plusvalías inmobiliarias (impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) por un tributo sobre plusvalías que venga en grabar la ganancia patrimonial real, cuando verazmente se haya producido. Se trata, por tanto, de adaptar ese tributo a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional tributar cuando ha habido pérdida en la transmisión, cuando no ha habido ganancia. Y eso no estaba contemplado en la actual normativa hacendística local. Las entidades locales han sido files cumplidoras del objetivo de estabilidad financiera y presupuestaria. ¿Se cumplirá el objetivo que a final de año haya un pacto político que pergeñe el nuevo modelo de financiación para los próximos años? Asi lo deseamos todos.

 

 

  JUSTO GIL SANCHEZ

 

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