Iniciativa legislativa popular valenciana

 

 

El Diari Oficial de la Comunitat Valencia ha publicado en pasado 23 de mayo la Ley por la que se regula la iniciativa legislativa popular ante Les Corts. El objetivo es claro: reforzar la democracia participativa e inclusiva. Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de su destino. Así, el sistema de legalidad valenciano procura instrumentos para propiciar esa participación en la construcción autonómica. Se hace participe del parlamentarismo valenciano al pueblo. El legislador valenciano debe tener muy presente la opinión pública musculando el sentimiento de ciudadanía valenciana. El objetivo que establece el preámbulo es loable: “Por ello, es necesario abordar la presente ley con la finalidad de motivar, impulsar y facilitar la participación de la ciudadanía como impulsora del proceso legislativo”.

 

        Uno de los aspectos más novedosos de la norma es que la iniciativa legislativa la podrán activar, o poner en marcha, las personas que tengan la vecindad administrativa valenciana y sean mayores de dieciséis años (implicación de nuestros jóvenes). Pero, además, detentan esa legitimación activa las asociaciones, agentes económicos y sociales, ONG y otras entidades con personalidad jurídica, pero sin animo de lucro. En consecuencia, la ciudadanía valenciana estaría legitimada para – a través del elemental derecho de participación política en los asuntos públicos (art. 23 CE)- presentar proposiciones de ley sobre aquéllas materias o cuestiones que sean “de su interés”.

 

No especifica la ley las materias sobre las que es posible proyectar esa iniciativa legislativa, sino que señala tan sólo las materias sobre las que hay exclusión, sobre las que hay obturación propositiva. A saber: a) sobre legislación  presupuestaria anual; b) y sobre aquéllas que Les Corts no tenga competencia. A contrario sensu, en todo aquello que sea competente, es posible elevar una iniciativa legislativa por parte de la ciudadanía valenciana.

 

            El procedimiento se simplifica, puesto que en el registro de Les Corts se presenta escrito dirigido a la Mesa esgrimiendo los motivos por los que se solicita la admisión de la iniciativa para su tramitación como proposición de ley. La iniciativa debe especificar la comisión promotora de la misma, con un mínimo de tres miembros, debiendo - aparte de designar a un representante concreto - adjuntar el texto articulado que se pretende. Si la Mesa de Les Corts no se pronuncia en el plazo de quince días jugará el silencio administrativo positivo. Es muy llamativo que la desestimación del recurso de reposición, elevado por la desestimación de la iniciativa, pueda impugnarse, en recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.

 

            Sólo cuando es admitida la proposición de ley por la Mesa procede la recogida de firmas que habrá de ascender a un mínimo de 10.000, autenticadas (con fe de notario, secretario judicial o de ayuntamiento, e incluso la ley habla también de “fedatarios especiales (sic)”) cuando la normativa anterior exigía 50.000 firmas. La Mesa remite el expediente a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (JECV), en conjunción con la oficina del censo electoral ( por cuanto hay que aportar certificado de inscripción para propiciar el apoyo a la iniciativa), para que todo el proceso de firmas se lleve a efecto con las garantías precisas. Quiero ello decir, que hay dos fases: 1) admisión  de la iniciativa legislativa en el ámbito parlamentario; 2) a partir de aquélla aprobación, la JECV comunica el inicio del proceso de recogida de firmas en un plazo máximo de ocho meses, pudiéndose prorrogar por dos meses más, y  debiéndose de entregar a la propia Junta Electoral. Una vez que han sido verificadas todas las firmas, la JECV remite a la Mesa para su publicación en el Bulletí Oficial de les Corts. Esta iniciativa legislativa debe remitirse inexcusablemente al Consell para entrever si implica un aumento de gasto o una disminución de ingresos. Pasados quince días desde su publicación se insertará en el orden del día del próximo pleno ordinario para su toma en consideración. Lo novedoso es que la comisión proponente nombrará a un representante para que defienda la proposición de ley, al igual que los portavoces del resto de grupos parlamentarios. Pueden ser compensados los gastos hasta un máximo de 18.000 € e interesar un anticipo de 3.000 €. Vamos a ver poco a poco el rodaje de este instrumento participativo.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

 

 

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