Justicia y lenguaje

 

Es muy cierto que el mundo del Derecho, o de la Justicia, se halla alejado de la ciudadanía. Es un axioma. Es un arcano indescifrable, sobre el que el común de los mortales,  piensa si no se hará de forma intencionada para relegarles al absoluto desconocimiento, sobre este servicio público esencial en el Estado social y democrático de Derecho en que nos hallamos. Amen que muchos escritos jurídicos no son precisamente un dechado de virtudes expresivas ni lingüísticas. Vamos, que la Gramática (arte de hablar y de escribir) le damos golpes por doquier.  Hete aquí, que sorpresivamente el gobierno de los jueces (CGPJ) y la Real Academia de la Lengua española(RAE) suscribieron en 2014 un convenio para – aparte de elaborar un Diccionario de términos jurídicos- dar vida al denominado Libro de Estilo de la Justicia, el que ha sido presentado en la sede el Tribunal Supremo el pasado 25 de enero. Se trata, claro está, del primer libro de esta naturaleza y que no viene nada mal para respetar nuestra lengua y sus trazos.

 

La democracia se asocia inequívocamente al vocablo “participación”, configurándose, algo así, como su ADN identificador. Los poderes públicos – y los juzgados y tribunales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, lo son- tiene que manifestar su voluntad en un lenguaje accesible a la colectividad. Señala Lesmes, presidente del TS, que “un lenguaje que no entienda la ciudadanía difícilmente podrá ser calificado como un lenguaje democrático”. Se pretende hacer claros y sencillos los escritos judiciales, las resoluciones de los tribunales, indicaciones sobre normas de escritura, cómo manejar los nombres, las abreviaturas y los signos; en definitiva, coadyuvando al buen uso del español. Como señala, Villanueva, director de la RAE, “no puede gozar de prestigio una justicia que no se comprende”.

 

En lo expresado también tiene culpa el legislador y la técnica legislativa utilizada. Elabora unas normas abigarradas, excesivamente burócratas, debiendo de ser pulidas previamente para la comprensión de sus destinatarios: los ciudadanos. O se benefician de ellas, si son buenas normas, o soportan sus agravios. Además, porque éstos tienen la obligación de cumplirlas, y de no hacerlo hay punición. Y difícilmente pueden ser cumplidas  si desconocemos sus intríngulis, por mor de la utilización de un lenguaje  enrevesado.

 

Estas exigencias tiene por destinatarios a jueces, letrados, procuradores, administraciones, y en general, a cualquier operador jurídico. Todos tenemos la obligación de hacer del lenguaje jurídico algo asequible, dotado de calidad, con rigor conceptual. Entiendo que un buen escrito de alegaciones, espaciado, con claridad, con concisión, generará a las primeras de cambio un incentivo a su lectura por el juez a quien le toque estudiar el “conflicto” . Si no es así, decaerá su interés por el contenido del mismo. El rigor expositivo incentiva. También su extensión es importante. No cabe hacer ninguna “tesis doctoral”, no procede. Y de ahí, que el propio TS, por ejemplo, haya impuesto que la extensión de los recursos de casación en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y sus contestaciones no excedan de un número determinado de folios (25), incluyendo notas a pie de página, etc. 

 

La Justicia resuelve con orden el previo desorden, el conflicto. Y el receptor de la resolución debe entender, con claridad, el sentido de la resolución dictada, con todas sus derivadas. Y en esa misión todos los operadores jurídicos tenemos una corresponsabilidad.

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

 

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Comentarios: 1
  • #1

    ASSOCIACIO DE JURISTES VALENCIANS (domingo, 12 marzo 2017 21:46)

    Solicitamos al Alcalde de Almoradí que presente moción a favor del Derecho Civil Valenciano aprobada por 175 ayuntamientos valencianos, que representan a 4 millones de valencianos. Ya se han aprobado en todos los municipios grandes de la provincia, ver en www.ajv-val.org.Muchas gracias.
    http://alicanteplaza.es/todos-los-grandes-municipios-de-alicante-piden-cambiar-la-constitucion-para-tener-derecho-civil

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