Síndrome de Down y Tribunal Constitucional

 

Los hechos son simples: un matrimonio gallego solicita la declaración de incapacidad parcial para su hija, pretendiendo, eso sí, que se le respetara sus derechos personales, como el derecho de sufragio activo. Esta solicitud fue planteada antes de alcanzar la mayoría de edad. La muchacha, hoy, con 20 años de edad, estaba afecta a síndrome de Down. Pero el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia declarándola incapaz en grado parcial para gobernarse por si misma y, en consecuencia,  privaba a la misma del expresado derecho de participación política, como genuino derecho fundamental, que recoge el art. 23 CE. Ella deseaba votar, tenia ilusión por ejercer el derecho público subjetivo. La Audiencia provincial competente desestimó el recurso de apelación y el mismo TS - su sala de lo civil- ratificaba la desestimación del pertinente recurso de casación, manteniendo que la resolución judicial era acorde a Derecho, no había arbitrariedad y, por tanto, le seguía privando de aquél derecho político que se engarza con el contrato social que todo ciudadano detenta. No quedaba otra opción a los padres que recurrir al Tribunal Constitucional, en recurso de amparo apoyado por el mismo Ministerio Fiscal (MF).

 

Lo elevan justificando la «especial trascendencia constitucional» del objeto de la litis constitucional. La respuesta es la inadmisión del recurso por la Sección correspondiente, no consigue adentrarse, no pasa el filtro para ser enjuiciado. Es decir, en la práctica ha evitado pronunciarse sobre el fondo del derecho de sufragio de las personas con discapacidad intelectual, y que tantas incertidumbres ha generado cuando han pretendido votar. No queda otra opción a la familia que agotar la via del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo, camino tortuoso y prolongado en el tiempo. Máxime cuando se trata de restablecer derechos fundamentales que, entre otras cosas, son “fundamento del orden político y de la paz social” y que debieran ser repuestos con la celeridad que exige su especial tuición y estatuto. Y todo ellos están penetrados por el valor de la dignidad.

 

En está situación pueden haber muchas personas – desconocemos con exactitud su número, no obstante el MF cifraba en 100.000 este colectivo - a los que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985, y su art. 3, singulariza quienes carecen de derecho sufragio ( que deberá señalarse expresamente en sentencia judicial firme de incapacidad) y les impide tal ejercicio político, en contraposición con la Convención internacional para las personas con discapacidad, New York, 13/12/2006 (BOE 21-04-2008) quien en su art. 3.c), en relación con art. 2, establece “la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”. Recuerda, no obstante, el TC que son los órganos judiciales los que tienen la atribución de resolver sobre la restricción del derecho a sufragio de forma individual, sobre la base de los informes médico forenses.

 

Llama la atención el consiguiente voto particular que hace la magistrada, vicepresidenta del TC y catedrática de Derecho Penal, doña Adela Asúa quien literalmente considera que “la demanda de amparo plantea una cuestión de singular relevancia constitucional, ya que no existe doctrina de este Tribunal en relación con el ejercicio del derecho fundamental al voto, reconocido en el articulo 23 de la Constitución, cuando se trata de personas con discapacidad intelectual” Hubiera sido interesante que el TC se hubiera pronunciado en una materia que afecta a un colectivo importante en situación de especial vulnerabilidad y sobre la que hay muchas imprecisiones. Llama poderosamente la atención sobre el alegato que hace la vicepresidenta planteándose el siguiente interrogante: “¿Qué pasaría si se sometiera a todo el cuerpo electoral a ese examen de conocimiento sobre nuestro sistema político y electoral? La muchacha había sido sometida a un examen sobre conocimiento político que, al entender del MF, había sido satisfactorio.  Las sentencias no dejan de ser contradictorias cuando todos sabemos que en la practica hay personas afectas por el mismo síndrome de Down que están ejerciendo responsabilidades políticas, y por ende, son ediles, que ejercen una función público-política, participando cada vez más en la vida social, cultural, laboral, etc. Se ha de eliminar cualquier atisbo de discriminación por motivos de discapacidad (art. 2 Convención), exigiendo a los poderes públicos la total integración. Mira que si el TEDH tiene que enmendarnos, una vez más, la plana...

JUSTO GIL SANCHEZ

 

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