Justo Gil

 Que los recursos financieros de la Generalitat Valenciana son ínfimos y se hallan sitos a la altura del mismo subsuelo hacendístico, es un axioma. La ortodoxia financiera se ha cimentado a partir de la reforma constitucional del art. 135 CE y de la Ley orgánica 2/2012, de 27-4, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por exigencia inexcusable en origen de la UE. El despilfarro a manos llenas con la connivencia de actores políticos y algunas Administraciones públicas ha dejado la Hacienda valenciana totalmente esquilmada. Y hay que ser prudente con la política fiscal en la presente coyuntura. A más inri y ante la exigencia de control estadístico del déficit público y deuda, la Generalitat Valenciana, en años de licencioso gasto y boato, vino en manipular tales datos ocultando el gasto sanitario real, dejando por los cajones cantidad ingente de facturas sin contabilizar. Esto impulsó  a adoptar por el Consejo de la UE – a propuesta de la Comisión o ejecutivo comunitario- la decisión de imponer, en julio de 2015, una sanción pecuniaria de 18,93 millones de euros al Reino de España. Podían hacerlo hasta el 0,2% del PIB (entorno a 2.000 millones de euros, toda una bagatela). ¿Hay que dar gracias, pues?

 Al parecer el leit motiv de la sanción – al margen, claro, del respeto escrupuloso a la legalidad comunitaria- se centra en proyectar un mensaje nítido y claro de que las cuentas públicas no se falsean, no pueden ser manipuladas. Y un ejemplo claro sobre emborronamiento doloso de sus cuentas públicas ha sido Grecia, que ha acabado - como es de sobra conocido- siendo rescatada y “tutelada” por la UE, aún a pesar de sus intentos de desasirse del placaje férreo de los “hombres de negro”, que están mirando continuamente de reojo.

 Pero. hete aquí, que, en marzo de 2016, merced a acuerdo del Consejo de Ministros se acordó que la responsabilidad en esa manipulación financiera (mentir sobre el déficit real del ente subestatal), con añagaza incluida, es única y exclusivamente de la Comunitat. Y, por consecuencia – señala el Gobierno estatal- debe  ser la Comunidad autónoma quien tenga que satisfacer, al fin y a la postre, la sanción por el engaño financiero. El Gobierno de España ha anticipado ese dinero más unos intereses compensatorios. ¿Cuál ha sido la actitud de la Generalitat ante ese acuerdo gubernamental de tentativa de repercusión de la multa? Lo que ha hecho es impugnar el acuerdo, interesando ab initio la suspensión cautelar. La competencia, en el recurso interpuesto, es del Tribunal Supremo. Y la decisión de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso –Administrativo, del más alto Tribunal del Poder judicial, ha sido denegar tal suspensión cautelar. Entre otras razones – señala la resolución- porque no acredita, siquiera indiciariamente, perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución del acto impugnado (sic). Una pesada loza más en las escuálidas espaldas financieras de la Generalitat.

 Es cierto que esta decisión primaria no viene en prejuzgar el fondo del asunto: si cabe o no la repercusión en la Comunidad Autónoma. Pero mucho me temo que más tarde que temprano se tendrá que hacer frente, mientras otros se van de rositas. Se ha de decir que la documentación era remitida por el Estado, luego el gobierno conservador autonómico engañó al Gobierno central o se “dejó” en la engañifa. ¿Las elecciones borran cualesquiera otra responsabilidad, al margen de las de tenor político?

 JUSTO GIL SANCHEZ