Rol del Jefe del Estado y autodisolución de las Cortes

 Justo Gil

 

 Vivimos momentos de anormalidad política. Nadie lo cuestiona. A partir del próximo martes el Monarca inicia las consultas con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria para ver de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno y pasar, así, el tamiz de la investidura y otorgamiento de confianza (art. 62 d) en relación con el 99 CE). Unas palabras inoportunas de Rivera, de C´s han venido a abrir una polémica, quizá fruto de su inmadurez y de la presión política a que se ve sometido. Ha venido a decir que: “Le diré al Rey que nos ayude y convenza a Sánchez de que tendrá que abstenerse”. Poco menos que le va pedir que intervenga activamente en la “acción política”, en la dinámica de mover voluntades en un determinado sentido. Craso error. Desconoce el papel que corresponde a la Jefatura del Estado. El art. 56.1 CE claramente le asigna, entre otras, una función sustantiva como es aquella en la que “arbitra y modera” el funcionamiento regular de las instituciones. Es más cierto que las Constituciones del siglo XIX reforzaban al Rey como cabeza rectora del Poder ejecutivo. Es por ello que en la Constitución de 1812, se decia en su art. 170 que: “La potestad de hacer ejecutar las leyes reside “exclusivamente” en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior..”. Precepto que se fue repitiendo en los textos constitucionales posteriores (CE de 1837 – “reside en el Rey”- reza el art. 45-,  CE de 1845 (art. 43), de 1869 (art.69), de 1876 (art.50).

 

 En la CE de 1978 se evidencia la preocupación por no dejar en manos del Jefe del Estado ningún fondo del poder personal. Se introdujo la idea de una Corona sin responsabilidad (“la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”) y sin poder, compatible con el régimen parlamentario. No obstante – y aquí se observa una contradicción-, puede presidir las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente de Gobierno, en asuntos de Estado que tengan una  relevancia.

 

 De otra parte, como ciudadano de a pié, me preocupa la afirmación del Sr. Rajoy al señalar que “pedirá” disolver las Cortes si no hay Gobierno en septiembre. El art. 99.5 CE sitúa como competencia del Rey el disolver ambas cámaras si transcurrido el plazo de dos meses (desde primera votación) ningún candidato (¿porqué no se puede proponer a otro candidato?) hubiera obtenido la confianza del Congreso. Está claro el medro que tiene el candidato, descarta presentarse ante el Congreso si no tiene amarrada su investidura. “Si no soy yo el Presidente no puede ser nadie más, así que salga el sol por Antequera”- esta  sería, en interpretación autóctona, la afirmación coloquial que barrunta y sermonea internamente el Sr. Rajoy. No se da cuenta – ni nadie en las filas conservadoras es capaz de bajarle a la realidad- que el problema es “él”, que no puede liderar una nueva etapa, creíble, de regeneración democrática en este país, que no es capaz siquiera de concitar la colaboración de las opciones conservadoras más afines (C´s, PNV, etc.). En serio, ¿nadie es capaz de desmenuzar intelectivamente y responder al interrogante de porqué ocurre esto? El mejor servicio podría ser apartarse y dejar a savia nueva, exenta de hediondez. La ciudadanía pide al candidato Rajoy, de persistir en el erre que erre, que se presente en el Congreso y defienda su candidatura a Presidente, arroje el resultado que fuere.  Eso lo hace un político de raza, no aquél que, temeroso, pisa el terreno para saber si está blando o terregoso y se adentra o no en él, en función de.. ¿Será capaz? Al menos para que se active el plazo legal de dos meses a partir de la primera votación de investidura. Y son necesarias unas nuevas cuentas del Estado. Nadie lo está discutiendo. Tampoco es bueno el trágala.

 

                                              JUSTO GIL SANCHEZ

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