Excesos y libertad de opinión

 Justo Gil

 

 Viene a cuento de la sentencia (14/06/2016) que ha emitido el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) estimando la demanda interpuesta por el periodista Jiménez Losantos contra España por violación del art. 10 del Convenio (libertad de expresión y de opinión). El Juzgado de Penal nº 6 de Madrid, merced a querella, había condenado al periodista por injurias graves con publicidad por cuanto durante varios días de junio del año 2006 (difamación persistente en el tiempo), en las mañanas de la COPE el periodista vertió graves acusaciones contra el otrora Alcalde Madrid, Ruiz Gallardón (sí, el de las “Tasas judiciales”, que han sido anuladas por el TC). Se desencadena – como es habitual en el meritado- toda suerte de epítetos e invectivas (“traidor”, “lacayo de la oposición”, “bandido”, “farsante”, “alcaldin”, “200 muertos, 1.500 heridos y un golpe brutal para echar a tu partido del Gobierno.Te da igual, Gallardón, con tal de llegar tú al poder”, y otros) al hilo de inquirir a su partido una posición no radical sobre el macabro atentado del 11-M en que fueron asesinados 190 personas, y hubo más de 1.500 heridos. La línea de investigación del Juez instructor y de la Fiscalia (atentado yihadista) no convencían a un nutrido grupo de presión mediática – con dirigismo político del partido conservador, en el gobierno de España cuando los hechos- que señalaban a ETA como inspiradora de la masacre.

 

 Los Tribunales españoles (Juzgado de lo Penal, Audiencia provincial de Madrid), con inadmisión de recurso de amparo del Tribunal Constitucional, entendieron que estos insultos graves contra la reputación de una persona, aunque pública, venían en traspasar con creces los límites de la libertad de expresión. De ahí la sanción pecuniaria de 36.000 € impuesta frente a los 72.000 € que pedía el Ministerio Público. Y Losantos, en ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su manifestación del derecho al recurso, accedió ante la jurisdicción del TEDH (Estrasburgo), pues consideraba que se le había violentado el art. 10 CEDH. ¿A qué conclusiones llega el Tribunal europeo?.Simplificando, a las siguientes:

 

 1º.-Que lo que estaba ejerciendo el periodista era una critica política, en una sociedad democrática y plural. 2º.-Que esa critica ácida se hacía sobre un ámbito de “interés general”, que afectaba a toda la ciudadania. 3º.-Que las manifestaciones vertidas por el periodista podrían ser criticables desde el punto de vista de la deontología profesional, pero no se hallaban sitas fuera del contorno o límites de la libertad de expresión. 4º.-Que la misma libertad de expresión ampara – y es lo más sustantivo- una cierta exageración o incluso provocación (sic).5º.-Que en el caso concreto no se daban  circunstancias excepcionales y que, de sancionar pecuniariamente, podría tener un efecto disuasorio en el ámbito de la profesión periodística de crear antecedente penal.

 

 De los siete magistrados que componían la Sala, hubo seis votos a favor de la estimación de la demanda frente a uno en contra, una magistrada española. Señala en su voto particular la necesidad de proteger el derecho a reputación de toda persona, que integra su derecho a la vida privada, en este caso con una protección en el art. 8 del Convenio Europeo. Consideraba que se habían dado informaciones inexactas imputando al primer edil de Madrid, a la sazón, el entorpecimiento de la investigación del luctuoso y execrable crimen así como un supuesto deseo de impunidad para la autoría. Señalaba que las afirmaciones era falsarias, excediendo esa dosis de exageración o provocación que contiene la doctrina sentada en el presente caso. Concluye que “mentir no es debatir”. Conclusión: la libertad de expresión y opinión se hallan en la cima.

 

JUSTO GIL SANCHEZ

 

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