OTRO GOLPE A LAS PAREJAS DE HECHO VALENCIANAS

 

Justo Gil:  Otro golpe a las uniones de hecho valencianas

 

Enfrascados en la campaña electoral nadie ha reparado en que, de nuevo, el  Pleno del Tribunal Constitucional –merced a Nota difundida y en espera de publicación de la sentencia- declara inconstitucionales varios preceptos de la Ley 5/2012, de 15 octubre, de la Generalitat, por la que se regulan las Uniones de hecho. Esta norma, con otras, como la de Régimen económico matrimonial, el de las Relaciones familiares de hijos con progenitores que no convivan, o  la ley reguladora de la Mediación familiar iban conformando una especie de  Código de Familia de la Comunitat Valenciana, que debía de ir progresando a paso lento teniendo por base, también, el propio Estatuto de Autonomía (reformado en 2006) al acoger su art. 49.1.2 que “la Generalitat tiene competencia exclusiva para la “conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano”.

 

 Recordemos que el matrimonio y las uniones de hecho, que son instituciones diferentes, obedecen a opciones y planteamientos personales requiriendo el respeto a la diferencia tanto en los planos jurídico como sociológico. Y el legislador autonómico lo tuvo en consideración. La norma debe de adaptarse a la realidad social. Esa es su teleología. La sociedad demanda y los poderes públicos con capacidad normativa y competencia, le insertan en los ordenamientos.  Estamos hablando de la protección de toda convivencia estable y duradera.

 

 El núcleo discrepante- como se está dando en todas las resoluciones del TC, al enjuiciar leyes civiles valencianas de nuevo cuño- se centra en la interpretación del art. 148.1.8 CE que atribuye al Estado la “competencia exclusiva” en materia de “legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”. El TC recuerda que sus planteamientos para la anulación de determinados preceptos de ésta norma son idénticos a los esgrimidos cuando resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Régimen económico matrimonial valenciano (STC 82/2016, de 28 de abril). En este sentido colige que ni la Ley Orgánica de transferencia a la CV de competencias en materia de titularidad estatal, denominada como LOTRAVA (concesión política para sumir competencias de quienes accedían por el art. 151 o vía especial; en la Comunidad canaria con la LOTRACA), ni la propia reforma del Estatuto (reforma en 2006, del Estatuto de 1982) capacitan competencialmente a la Comunidad Valenciana para “alterar el techo competencial establecido por la CE en materia de legislación civil”, como es ésta de la que hablamos.

 

 Y la centralidad discursiva se proyecta en una afirmación tajante: que es necesario acreditar, (i) con carácter previo a la entrada en vigor de la norma constitucional, un «régimen consuetudinario de la institución civil» que regule esta norma que ha sido impugnada constitucionalmente. O que pueda identificar “otra institución consuetudinaria diferente a la regulación (ii) pero «conexa» con ella de manera que pueda servir de base para apreciar un “desarrollo” de su Derecho civil foral o especial”. Señale el TC que la primera exigencia no la cumple porque la misma Ley en su Preámbulo señala que estas formas de convivencia fáctica han aparecido en los últimos años. Y que no hay que buscar en los antiguos fueros. El segundo requisito – señala- no se cumple tampoco. Se argüía por el letrado de Les Corts la vigencia de alguna norma de carácter consuetudinario como la denominada “costumbre testamentaria de l´une per l´altre o el “fidecomiso foral”. Pero el Tribunal Constitucional refiere que no ha sido acreditada la existencia de esa costumbre, ni se aporta prueba en tal sentido. El art. 1.3 del Código Civil es traído a colación para indicar que la “costumbre”, como fuente del Derecho, es aplicable en defecto de ley y – se añade- siempre que aquélla “resulte probada”. Y es lo que cuestiona el Pleno del TC.

 

 Recordemos que la justificación de la meritada  Ley – expresaba el Preámbulo de la misma- se sostenía además de en el art. 2 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana de 1982, como en el art. 14 de la CE al garantizar la igualdad.

 

 Un nuevo “palo” jurídico-constitucional. Y  queda alguno más en ciernes. Es una lástima porque el autogobierno se contrae en éste ámbito regulador. Es por ello que el poder público valenciano tiene que empezar a actualizar el ordenamiento o Código de familia para adaptarlo a los parámetros de constitucionalidad.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

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Comentarios: 1
  • #1

    Miguel Gras (viernes, 01 julio 2016 23:44)

    el PP, trata de eliminar cualquier progreso en los derechos de las personas tanto en lo jurídico como en lo civil, les importa un pepino los ciudadanos.

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