CLAUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

 

CLAUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA

 

Justo Gil

 

Estamos observando legislaciones autonómicas que están incluyendo determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. Tal es el caso, por ejemplo, del País Vasco, con su lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza. Es verdad que la legislación estatal de 2011 sobre Contratos del Sector Público venia en introducir condiciones especiales en las predichas relaciones contractuales referidas a consideraciones de tipo social. Esta normativa constituía «legislación básica» del Estado en materia de contratos, correspondiendo a la legislación de las Comunidades Autónomas su pertinente desarrollo. Se trata, al fin y a la postre, que los órganos de contratación de las entidades que integran el sector público autonómico, establezcan unas “previsiones mínimas” de aquél carácter social que deberán de incorporarse obligatoriamente a los procesos de contratación.

 

 Se preguntarán qué tipo de cláusulas sociales son introducidas por mor de esas normativas. En el caso del País Vasco éstas exigencias se circunscriben y delinean en torno a los concretos contratos de «concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y de servicios». Se extiende al sector público vasco, en el que se incluye la propia Comunidad, las diputaciones forales de cada uno de los territorios históricos, así como los entes institucionales y sociedad públicas de ellas dependientes; y, también, claro está, a las entidades locales y entes y sociedades de ellas dependientes.

 

 Se concretan, entre otras, en las siguientes: 1.-obligación de dar trabajo a personas desempleadas de larga duración; 2.-organización a cargo del contratista de actividades formativas para personas jóvenes y desempleadas; 3.-adopción de medidas de promoción de la igualdad de género o de medidas de integración de las personas inmigrantes; 4.-obligación de contratar a un número de personas con discapacidad superior al legalmente establecido. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se podrán incluir estos requerimientos particularizados de carácter social. Los mismos son abiertos a otros plurales requerimientos.

 

 También pueden introducirse en esos pliegos la exigencia de unas «condiciones laborales mínimas» de las contratistas. Así, se exige que los licitadores indiquen el (1) convenio colectivo que es de aplicación a los trabajadores, (2) facilitar información sobre las condiciones de trabajo, (3) que una vez adjudicado el contrato, sea de aplicación efectiva a los empleados. Se contempla la exigencia al adjudicatario que deberá abonar (4) el salario recogido en el convenio colectivo que le corresponda durante toda la ejecución contractual, y (5) que nunca el salario a abonar pueda ser inferior al expresado en esa convención colectiva.

 

 ¿Qué ocurre si los contratistas no cumplen con estas exigencias contenidas en los pliegos? Los órganos de contratación deberán contemplar en aquéllos las consecuencias de su incumplimiento: a) imposición de determinadas penalidades; b) prohibición de contratar a esos empresarios; c) a la resolución contractual en aquéllos incumplimientos que sean tildados como de “infracción grave”.

 

 ¿Qué se colige con lo expresado? La respuesta es sencilla: que hay sensibilidad en determinados poderes públicos, que lo llevan a la práctica y que, de alguna forma y manera, contribuyen a refrendar el modelo de Estado social en que nos hallamos, conforme al art. 1.1 CE 1978. Estas prácticas deben de ir extendiéndose en la mayoría de administraciones públicas autonómicas y locales. ¿A qué esperamos? Esto es lo que está esperando la ciudadania de sus representantes. Y, por favor, déjense de arrogancias. Sean humildes.

 

 JUSTO GIL SANCHEZ

 

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