Si queremos rizar el rizo, una muestra

Justo Gil

Se ha abierto la veda de la participación, y ni qué decir tiene que esa es la esencia y leit motiv de todo sistema democrático. Y más valdrá pecar por exceso, pero nunca por defecto. Pero si queremos ahondar en la democracia participativa - que no está reñida con la representativa-, podríamos introducir la «acción pública o popular de inconstitucionalidad» frente a la ley o normas con fuerza de ley. Es bien cierto que la Constitución de 1978 no reguló la acción pública de inconstitucionalidad, en virtud de la cual los ciudadanos tienen la posibilidad de argumentar razones y motivos por los cuales una norma trasgrede los mismos postulados constitucionales, y por lo que, de afectarles, debe ser excluida del ordenamiento jurídico. Y esa elevación ante el Tribunal garante de la Constitución –a modo de legislador negativo- no la hacen sólo, y restrictivamente, determinados órganos (Presidente de Gobierno, Defensor del Pueblo, Ejecutivos y Parlamentos autonómicos, y 50 diputados y 50 senadores –caso español), sino que la podrían hacer los propios ciudadanos, individual y colectivamente. ¿Qué es, acaso, la Iniciativa Legislativa Popular? ¿Qué es la accion popular en los procesos penales? ¿Qué es el Jurado popular? ¿Qué son los referéndum?, etcétera. La respuesta es obvia: formas de participación directa de los ciudadanos en determinados ámbitos de la vida. Pues ésta sería una más, en un ámbito muy superior: la defensa colectiva de la Norma de normas. Con lo cual habría mayor legitimación, porque la aprueba la ciudadanía y también la protege la misma ciudadania. Es el propio ciudadano quien ejerce de manera activa y dinámica la defensa del orden constitucional. Qué mejor valedor que la propia ciudadania que da vida y sostén al propio sistema democrático.

 

Todos los poderes del Estado emanan del pueblo, que somos todos y cada uno de nosotros. También el pueblo puede defender la Constitución mediante esa acción popular de inconstitucionalidad. Si queremos llevar la participación ciudadana a todos los rincones de nuestro sistema político-jurídico, éste es un instrumento jurídico-constitucional que sirve a ese objetivo. Se trata de involucrar a todos los actores sociales, incluyendo a las minorías, en el proceso de decisión sobre la inconstitucionalidad de una norma. En Europa, históricamente el control político no es realizado por los ciudadanos sino por sus representantes y otros órganos. Hay que señalar que la ortodoxia del viejo continente no ha aceptado la acción pública de inconstitucionalidad como mecanismo válido para evitar el abuso de poder, con el argumento de que esto sería, poco menos que obturar el Tribunal Constitucional. Pero acótese y se plantee apartir de un número mínimo de ciudadanos, a modo – no digo que el mismo- de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Por ejemplo, en la Constitución peruana de 1993, el art. 203.5 señala como entes legitimados para la acción de inconstitucionalidad, a parte, del Presidente de la República , o el veinticinco por ciento del número legal de congresistas, o Defensor del Pueblo. a cinco mil firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. También aquí la ciudadania detenta la acción de defensa constitucional. Repiénsese, por tanto, las formaciones políticas que van a concurrir a las próximas elecciones esta posibilidad constitucional. 

 

En América Latina esta figura se alza como una herramienta de protección de las minorías e individuos frente a los poderes legislativo y ejecutivo. El ciudadano no debe ser sólo mero receptor de las decisiones del Estado, sino que debe ser actor y protector de que las normas que fluyan sean respetuosas con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico. Colombia es el país impulsor de esta acción popular, recogiéndose de una forma nítida y clara en el art. 103 de la Carta Constitucional de 1991. Permite discutir en el marco de la deliberación jurídica grandes temas de la actualidad del Estado, sin que se presenten discriminaciones frente a quienes participan en tal debate. Se ha extendido a otros países latinoamericanos como El Salvador, Nicaragua, Ecuador (2008), Bolivia (2009), Guatemala, Panamá, etc. En Europa se da una excepción y es el Land de Baviera, situación muy particular en que se consagra una accion de inconstitucionalidad popular( Popularklage bávara) en la que la legitimación y el interes pertenecen al pueblo. Cualquier persona esta facultada para instaurar la acción sin requerir interés concreto, directo, personal o que se le haya causado lesión o perjuicio alguno. Todo ciudadano del land puede impugnar directamente cualquier norma escrita del land que vulnere uno de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución de Baviera. He aquí un material para propiciar un debate con cierta enjundia.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

DOCTOR EN DERECHO

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Comentarios: 1
  • #1

    manuel (lunes, 08 junio 2015)

    Hoy ,meé enterado de que en Almoradi hay varias personas ante un gran dilema,son personas de 40 a 45 años,que an trabajado toda su vida,que an vivido dentro de lo que se denomina ( clase media ) y que por desgracia an contraido alguna enfermedad, lesion , o impedimento que les obliga a no poder trabajar en su oficio ,generalmente de ( albañiles ).No les dan la inutilidad ,por ser actos para otros trabajos, ¿pero que trabajos ?.Por esto me atrevo a instar a los partidos que salgan de los acuerdos,que creen puestos de trabajo para estas personas, en las que el esfuerzo fisico sea el minimo,sin dejar de pensar en los parados de larga duracion,y los jovenes,

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