POR LA REFORMA DE LA NORMA DE CONVIVENCIA

Justo Gil

Si. Porque la CE 78 es la norma básica de convivencia que tras 36 años de vigencia tiene muchos jirones. Fíjense que es el espejo del resto de normas y de leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico. Hay que restaurar la Constitución; está viejuna, hace aguas por muchos lados; no responde a las expectativas que la ciudadanía, al presente, demanda. Y esta reforma debe emerger desde la propia ciudadanía impulsando tal acción y demandando de nuestros representantes que oigan la calle, que no se aíslen. Que ya está bien de ser medrosos en adaptar la norma básica a la realidad social, al día a día. Que necesita un cambio sustantivo, no un simple lavado de cara.

 

Ni qué decir tiene que la CE 78 tiene partes de calado, de enjundia, como señala el profesor Muñoz Machado: «el Titulo Preliminar relativo a los conceptos generales, a los principios, toda la gama de derechos fundamentales...». La parte de la organización territorial (Titulo VIII referidos a los entes territoriales) e institucional del Estado (Congreso y aforamientos, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, etc.), necesita otra arquitectura más límpida, más sólida). Es evidente que hay principios rectores de la política social y económica que deben de ser considerados como derechos fundamentales y ostentar una superprotección (derecho a la salud, art. 43 CE), y no principios de puro ornato (véase sino a los enfermos de hepatitis CE: pugna entre la rentabilidad económica y la vida). ¿Hay color, acaso?. ¿Esto es aceptable con beatífica actitud? Esto sencillamente clama al cielo.

 

Están surgiendo voces desde la ciudadania, a la par que del mundo académico y jurídico, en general, que consideran urgente la reforma de la Constitución. Creemos que este impulso debe emerger y “nacer” desde el mismo pueblo, y una de estas primeras actuaciones debería ser dar vida a algún tipo de iniciativa, con recogida de firmas suficientes que propicien la toma en consideración, si el Gobierno de España o los principales partidos políticos no fueran capaces de hablar y dialogar para concordar y establecer unas bases mínimas de consenso en la reforma de la ley de leyes. Bien es verdad que la iniciativa de reforma corresponde a Gobierno, Congreso, Senado y en su caso CC.AA (art. 87.1 y 2 CE). No es menos cierto que la iniciativa legislativa popular no es posible sólo en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional ni en prerrogativas de gracia.  No es posible aquí el autismo político. Deben de conformarse plataformas pro reforma constitucional. Pero, repito, la participación de la ciudadanía es fundamental.

 

Las Administraciones locales deben de ser palancas que propicien el debate ciudadano sobre la necesidad de la reforma, y de los aspectos concretos en que acucia aquélla. Debe emerger de bajo hacia arriba y que las bases se vayan extendiendo. Jorge de Esteban, respetado constitucionalista, señala que: «Gran parte de lo que está sucediendo hoy, y especialmente el crecimiento del separatismo catalán y el agotamiento del Estado de las Autonomías, tiene una causa concreta: no haber querido reformar la Constitución en el tiempo debido».

 

 Hace ya unos años el Consejo de Estado elaboró un informe sobre la pretendida reforma constitucional focalizada en determinados temas concretos, que generó el Gobierno Zapatero, siendo presidente de este consejo asesor a la sazón, el constitucionalista Rubio Llorente. Las modificaciones constitucionales que se pretendían eran las siguientes: (i) La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono (afectación del art. 57.1 CE); (ii) La inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas; (iii) La reforma nítida y clara del Senado. La CE ha mantenido la estructura bicameral de las Cortes Generales que, desde 1834, con la excepción del período de la II República, ha marcado la ordenación del poder legislativo en España. (iv) La recepción en la Constitución del proceso de construcción Europea.

Pues bien, aún a pesar de que se hizo un dictamen de enjundia, de calado, todo quedó en aguas de borrajas. Nada de esto se llegó a plasmar y nos encontramos en el momento presente en que ya no caben tibiezas ni niñerías. O nos tomamos muy en serio el tema o sucumbiremos. La reforma es signo de vitalidad, de adaptación a los tiempos, de fortaleza, de ilusión, de que se ha entendido el mensaje social.

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

DOCTOR EN DERECHO

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