José M. Rodríguez

Es tal la "corrupción política" de este país, es tal el uso del poder público para conseguir ventajas ilegítimas de forma secreta y de espaldas a los ciudadanos, son tales las formas de amiguismo y "compadreo ", que vamos camino de acabar en un Estado de Cleptocracia o "gobierno de los ladrones", que según lo denominan los expertos, es el robo institucionalizado con sus derivados, tales como el "clientelismo político", "el caciquismo" , la impunidad, prevaricación, cohecho y demás familia jurídica.

Sayed Bruce ya decía que la corrupción es el conjunto de actitudes y actividades, por las cuales un político transgrede su compromiso con los ciudadanos, utilizando ciertos privilegios con el objetivo de obtener un beneficio en detrimento del bien común. De esta manera se dedica a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse él mismo, o parientes y amigos o bien a su partido. Todo ello, debido a una falta de cultura de compromiso con el ciudadano y a una efectiva impunidad, practicandose entre ellos un corporativismo partidista.

Los políticos y los partidos en España en general, intentan escabullirse de sus responsabilidades ante la corrupción, engañan, dicen verdades a medias, "ningunean" a los ciudadanos e intentan provocar desconcierto entre la opinión pública, todo es válido con tal de salvarse. Esto produce una gran desafección de los ciudadanos hacia sus instituciones. El discurso está viciado de antemano, nos intentan convencer con argumentos jurídicos tales como "la presunción de inocencia" para marcar las líneas rojas, cayendo en su propia contradicción. ¿Por qué no esperar a la sentencia del corrupto para determinar su inocencia? Incluso ¿Por qué no esperar a que recurra al Tribunal Supremo, al Constitucional, o al Tribunal Europeo de Estrasburgo, y mientras no se resuelva pueda ir en las listas de dos legislaturas? ¿Por qué la presunción finaliza en el juicio oral y no en otra parte del procedimiento?

LA RESPOSABILIDIDAD POLITICA SE DERIME A TRAVES DEL JUICIO POLITICO

A los ciudadanos no les interesa la responsabilidad legal o jurídica, lo que les interesa, y es la base de su cabreo, es la responsabilidad política de personas que representan a las instituciones, la cual se ejercita mediante la renuncia al cargo, por convicción de la necesidad de restaurar una confianza perdida y porque tiene una relación moral con los electores, no una relación jurídica, porque si fuera jurídica podríamos exigir que el incumplimiento del contrato social de unas promesas electorales conllevase una pena.

Si realmente se publicita tanto que se quiere dar a este país unas Leyes de Transparencia serias y que no sean operaciones de marketing, legíslese tal como recomienda la Convención de la ONU contra la corrupción (2003), promoviendo que los delitos no prescriban nunca, promoviendo el embargo preventivo de bienes, exigencia al corrupto de que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito, exigencia de que el Estado inicie acciones para obtener indemnizaciones por daños y perjuicio a las instituciones, y en todo caso que devuelvan lo conseguido. Y por último que disponga de órganos especializados para luchar contra este tipo de delitos, tanto para los corruptos, cómplices, instigadores y colaboradores necesarios. Además de que los políticos tengan el mismo tratamiento jurídico que un funcionario público; a los cuales primero se les abre un expediente, y se van a casa sin empleo y sueldo; y si al final se resuelve a su favor, se le restituye a su puesto de trabajo y se le reintegran los emolumentos que dieran lugar.

Al final los ciudadanos solo perciben que no hay voluntad política y que se cumple el  adagio de que: "El que quiere hacer algo siempre encuentra la manera y el que no quiere hacerlo siempre encuentra una excusa". Y si se esto se cumple por mucho tiempo, la sociedad civil percibirá que la clase política va camino de la cleptocracia o "gobierno de los ladrones".

José Manuel Rodríguez