Qué Administración publica queremos

Justo Gil

En el Plan de reformas de la Administración publica española que diseña el gobierno conservador, no se otean medidas de calado. Hay mucha retórica, buenas intenciones y soniquete reductor. Pero nada más, hasta ahora.  Hay unas motivaciones para proveer a esa reforma que, más o menos, podríamos suscribir en parte. Pero pregunto: ¿Se trata de moverlo casi todo para dejarlo casi como está? Probablemente. Lo importante es que la ciudadania oiga ruido de cambio y se le inocule esa sensación al menos. Lo que proyectaría dinamismo y preocupación. Pero, y es lo más sospechoso – y creo que no se atreven a dar ese paso-, el ritmo sobre cuanta Administración queremos, está varado. ¿Acaso no hubiera debido ser la reforma de la Administración pública y territorial la primera reforma en acometer?  ¿No hubiera debido predicarse con el ejemplo? ¿Porqué pretenden que ésta reforma sea de las últimas, si es que alguna vez se llega a materializar en la realidad normativa? Hay muchas comisiones de estudio, mucho sabio adlátere, pero de llegar al fondo de la cuestión, nada de nada. ¿Toda una legislatura para debatir esto? Disyuntiva: O hay pensamientos muy romos o hay mucho miedo político. ¿Qué piensan ustedes?

 

 

Es cierto que muchos países de la OCDE han pergeñado medidas de reforma de la Administración pública. No es menos cierto que en la teleología última de esta transformación subyace la contención del incesante incremento del gasto. Pero debiera ir combinada con principios básicos, asentados en la eficacia real, en la objetividad de su actuación, en la calidad y en la eficiencia para satisfacer las necesidades de sus destinatarios: la ciudadania. Una Administración pública tiene que ser competitiva, competente y ágil; no puede ser lastre o muermo burocrático. Porque, además, se debe de acompasar con la fraterna colaboración para hacer sostenible el Estado del bienestar. Es cierto que el Gobierno conservador aprueba la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; es cierto que aprueba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que, por cierto, no ha contentado al sector público municipal, ni FEMP, al que les viene en considerar poco menos que apéndices administrativos. Como todos saben ésta Ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional y probablemente muerda el polvo de su rectificación, en parte. Sin embargo esta será una decisión jurídico- constitucional a largo plazo, que cuando se adopte ya estará olvidada o amortizada.

 

 

Pero al margen de la disciplina presupuestaria ¿hay algunas medidas para dimensionar las Administraciones territoriales que queremos? ¿está claro y nítido el mapa territorial español?  Porque mucho bla, bla, bla pero en este sentido ni pío.¿Tirar la piedra y esconder la mano? Creo que esto último. En Francia, país centralista donde los haya, el primer Ministro Manuel Valls llevó, para su aprobación, a la Asamblea Nacional francesa, un proyecto de ley de nuevo mapa territorial. Muy polémico y errático, por cierto. Pretende, para enero de 2016, que las actuales 22 regiones metropolitanas se reduzcan a 13 coligiendo en un ahorro de unos 12.000 millones de euros anuales (el peso de las AA.PP en el gasto del PIB es del 55%). En este sentido ha habido tensión dentro del mismo PSF. En la teleología de Hollande-Valls se pretende que Francia tenga regiones con pesos de población parecidos a los lánder en Alemania (unos 5 millones de habitantes) o a las regiones de Italia, con 4,4 millones de media. La media poblacional de las regiones metropolitanas francesas es del orden de unos 2.8 millones, aproximadamente. Si trasladamos estas cifras poblacionales  con las de algunas de nuestras CC.AA, no hay parangón.

 

El Gobierno francés no sólo no se queda en la reforma de las regiones, sino que afecta a bastantes de los 96 departamentos (provincias) y los ayuntamientos (ahora hay más de 36.000 y pretenden que se conformen con al menos 20.000 habitantes), haciendo desaparecer a los órganos de gobierno provincial. Desconocemos si este proyecto vera alguna vez la luz en Francia, por la multiplicidad de intereses en juego, y porque en la Asamblea Nacional hay un grupo de 40 diputados del PSF que no están, ni por asomo, por la labor. Actitud crítica que podría ampliarse.

 

Mi pregunta es bien sencilla: ¿barrunta el Sr. Rajoy algún nuevo mapa territorial? Válame Dios. Como buen gallego aplica las palabras – ¡qué digo!: los silencios- que Sancho dice en el capitulo XXXVII de la segunda parte del Quijote, hablando de la discreción y honradez de las dueñas: “será mejor no menear el arroz, aunque se pegue”, por aquello de “mejor no meneallo”. ¡Cuanta sabiduría!

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

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