Alcaldes y prevaricación

Justo Gil

No debemos de obviar que unos de los derechos de los concejales es el de información y acceso a la documentación. Si se cortocircuita este derecho se estaría limitando el derecho de participación del ciudadano y la misma función de servicio que debe sustentar la res pública. El Alcalde es un primus inter pares, no lo olviden nunca. Y que su mandato no le sustrae ni le desconecta de la ciudadania – representados- que le ha puesto ahí, ni de la ley a la que inexorablemente se debe (frontispicio y guía de su actuar).

 

El Alcalde, como autoridad, debe ajustar su actuación – como cualquier  ciudadano y poder público- a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE). No tiene su reducto particular. No es más que nadie, sino que es alguien que tiene un determinado poder ajustado a los contornos del ordenamiento jurídico. La cercenación de este derecho - que se está conculcando con facilidad, sobre todo en Ayuntamientos de municipios pequeños- no sólo puede suponer una vulneración del derecho de participación política (art. 23.2 CE) y, por tanto, ser declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo la decisión u omisión de no propiciar esa exigencia de transparencia – precisamente por la vulneración de derechos fundamentales – tramitándose un procedimiento ad hoc sumario y urgente que dimana de la propia CE, sino que, además, podría orientarse a la comisión de un hecho delictivo: la prevaricación. Y la consecuencia sería clara: la inhabilitación de la máxima autoridad.

 

Existe, claro está, ese derecho a obtener los antecedentes, datos e informaciones que obraran en poder de los servicios de la entidad corporativa siendo, además, necesarios para desarrollar la función edilicia. ¿Cómo ejercer, entonces, la función – entre otras- fiscalizadora de los órganos corporativos si no se les provee de dichos datos y documentación?. La petición debe entenderse concedida por silencio administrativo si en el plazo de cinco días el órgano competente no ha dictado resolución o acuerdo denegatorio. Es más, la denegación exige una motivación, no es algo discrecional. Y tan ello es exigible, que se hace con el fin de evitar cualquier atisbo de nepotismo y ser, en consecuencia,  a posteriori fiscalizable judicialmente.

 

Así, cuando el Alcalde da instrucciones expresas a sus funcionarios a fin de denegar el examen directo a los concejales de la oposición, o a alguno de ellos, en particular; cuando establece unas instrucciones verbales, muy particulares ( limitación a 5 minutos para verificar documentación, postergación a meses después de dicha petición, etc.) sobre cómo proceder para solicitar y conceder información, supeditada a órdenes expresas del mismo, aún omitiendo la previsión legal del silencio administrativo positivo, está abonando el terreno a que algún grupo opositor o concejal formule, con fundamento, denuncia o querella, o lleve la documentación a Fiscalia para instar a Juzgado de Instrucción a abrir las pertinentes diligencias previas en averiguación de los presuntos hechos delictuales. Hay una reciente sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 2ª, de Cáceres, de 31 de marzo de 2014. La Audiencia viene en recordar que el delito de prevaricación no requiere que la resolución prevaricadora adopte una determinada forma o formalismo, hasta el punto de que se admite su comisión por omisión, lo relevante a efectos penales, es que se constate en la causa que se trata de una decisión, y que esa decisión es contraria a la legalidad, y que la misma ha sido adoptada por autoridad o funcionario público. Que, por otra parte, ya lo había reiterado el TS, al admitir la existencia de actos verbales, sin perjuicio de su constancia escrita cuando ello resulte necesario.

 

 ¿Cuál es la filosofía correctora que subyace? En el fondo de lo expuesto, se halla el límpido ejercicio de la función pública, de acuerdo con las exigencias constitucionales que se anudan en su entorno. Entre estas, se halla la de evitar la arbitrariedad, máxime cuando es producto de determinada voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Es imprescindible, pues, que todos los Ayuntamientos dispongan de un Reglamento orgánico que venga en regular el acceso a la información y a la documentación municipal. Cuidado con gestionar servicios municipales sin relación contractual previa ajustada a la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, sin procedimiento de adjudicación; cuidado con realizar pagos sin consignaciones presupuestarias, sin autorización legal del gasto, en contra de las advertencias de la Intervención Municipal; cuidado con limitar irrazonablemente los derechos de participación porque podrían cometerse tipos penales contra los derechos constitucionales; cuidado con.... Quiero creer que hemos entrado en una nueva etapa y que se ha aprendido – pues si, soy un ingenuo y moriré así- la lección del ya y para siempre “nunca, jamás”. Ese es el camino.

 

 

 

JUSTO GIL SANCHEZ

LA PRENSA




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