El Consell y la transparencia

Justo Gil

Como simple observador de la realidad político-social que me circunda, no puedo, por más, que hallarme cariacontecido, como la mayoría de valencianos, por todo lo que está pasando en nuestra Comunitat. Aparte el grado de putrefacción que emerge con hedor nauseabundo, en lo concerniente a los políticos que van a ingresar en centros carcelarios, en breve, la opacidad choca con la transparencia en la función pública valenciana. Y eso que dicen que somos “sobresaliente”.

 

La cantidad ingente del número de procesos judiciales que se avecinan – respecto de otra hornada de políticos valencianos que  van a verse apeados de sus cargos- y que van a situar a otros muchos en el disparadero del juicio oral y la eventual condena, deja a esta comunidad exhausta y exangüe, sin fuerzas, convirtiéndonos en la comidilla de todos. Vergüenza: esa es la palabra que mejor define la acción política en la Comunidad autónoma. Además de la nota vergonzante se instala el caradurismo como estilo singular. Es de imaginar que se dará cumplida información(sic) sobre la investigación abierta por la UE para tratar de esclarecer si la Comunitat Valenciana manipuló sus cuentas públicas hasta 2011 para maquillar su déficit en más de 1.800 millones. De momento aquí nadie ha dicho esta boca es mía. La ciudadanía valenciana simplemente espera.

 

 

 Se habla de diafanidad y se hace lo contrario a esa cualidad. Viene a cuento de las doce o trece sentencias dictadas ya por la sala de lo Contencioso del TSJCV en contra de la Administración autonómica (en distintas Consellerías) por vulnerar la Constitución española,  al ser conculcado el derecho de participación política dimanante del art. 23 CE. En palabras entendibles, y sin academicismos: no entrego documentación ni doy información sobre determinados expedientes, aún a pesar  de que se halla enhiesto el interés público, el interes general, en cada uno de ellos. ¿Razón o fundamento de esa omisión?: no la explico- parece decir la Consellería concernida; no obstante prima lo obvio: hurtar información para el ejercicio de la labor de control que la representación política de oposición debe inexcusablemente ejercer. Y ahí está, con gran bochorno y escarnio para la democracia valenciana, la suspensión del cargo de diputada en Les Corts Valencianes, durante un mes, de Mónica Oltra, de Compromis. Sencillamente infumable, pero la ciudadania tiene memoria y “ya no escampa”.

 

 

Cuando esto se repite, una y otra vez, no podemos estar hablando de una acción puntual o negligente; estamos hablando de una conducta política preordenada mediante un planning para segar cualesquiera información a los representantes políticos y al resto de ciudadania. Y por ahí, no. No deja de ser llamativo que con gran aparato publicitario se proyecte la apertura del portal de la Transparencia (GVA Oberta) que es puro refrito de lo ya existente y que en modo alguno cubre ninguna de la expectativas que se habían señalado. En algunos apartados se halla incluso en construcción. De otra parte, se compadece con las exigencias legales dimanantes de la Ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013. Uno es preso de sus propias palabras y máxime cuando intenta ser grandilocuentes. El Molt Honorable, hace unos días, pronunciaba en Elche, ante la plana mayor del empresariado alicantino, una frase que barrunto como lapidaria políticamente, tal como: ” Nadie puede ponernos la cara colorada por ser transparentes y generar más información”- fin de la cita. Sólo cabe mirar al tendido ciudadano y preguntarles “¿qué me dicen?” Y seguro que el President encontrará una respuesta esclarecedora, por si tenía dudas.

 

Añadir tan sólo que la norma punitiva tiene respuesta cuando de vulnerar derechos fundamentales se trata, dado que la vía contencioso – administrativa no consigue otra cosa que pura publicidad, sin resultados prácticos. En cuanto se descuiden se vuelve a reproducir la conculcación constitucional. ¿Cómo cortar de raiz dichas transgresiones y que la respetabilidad de la norma constitucional sea un hecho?

 

 

Justo Gil Sánchez

LA PRENSA




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