EL GOBIERNO, LOS TRABAJADORES Y EL TRIBUNAL SUPREMO

José M. Rodriguez

Se cumplen tres años desde que la reforma laboral entró en vigor, y en ese período el Tribunal Constitucional dio a conocer mediante un auto (no con una sentencia) el visto bueno para que el Gobierno la implantara mediante un decreto-ley (potestad del gobierno). Lo curioso es que el Tribunal Constitucional ha hecho lo contrario en el 2007 en la etapa socialista respecto a la reforma laboral del 2007, donde consideró que no estaba justificado el decreto-ley para la reforma, con lo cual la anulo (curioso, muy curioso).

 

El Gobierno del PP se quiso cargar el empleo público como fuese y facilitar los despidos de la Administración. Se inventó lo de “insuficiencia presupuestaria” durante 3 meses consecutivos para poder realizar los EREs públicos, y posteriormente dio un paso más al definir  esa "insuficiencia" como la reducción en un 10% respecto al año anterior en las transferencias que se hacen a comunidades y Ayuntamientos, con lo ya todo estaba en bandeja.

 

A la hora de reducir el gasto público, el PP dirigió los recortes a la partida de personal, reduciéndolo por dos vías: supresión de la paga extra de diciembre (en torno al 7% del salario anual); y reduciendo las plantillas del sector público. Con esto comenzó el debate si el Gobierno del PP podía promover despidos colectivos en la Administración. El decreto de febrero zanjó la discusión: se podía hacer aduciendo “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos para pagar la una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. De esta manera es la propia Administración la que puede provocar la causa que aduce para despedir. Son los gobernantes quienes elaboran los presupuestos y asignan las transferencias de capital y quienes adoptan acuerdos de no disponibilidad, con lo cual ellos son los que van en última instancia a "echar el cerrojo" a muchos puestos de trabajo, sobre todo a los que más afecta: El Personal Laboral (unos 700.000 empleados) y los trabajadores de Empresas Públicas (142.000). Cerrando al sector público la posibilidad de hacer ajustes de plantilla a través de reducciones de jornada o suspensiones de contrato (tal es el caso de Radio Televisión Valenciana, que ha despedido a 1.247 trabajadores).

 

Todo esto también ha sucedido en Portugal, pero su Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la retirada de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas, y las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad. Las razones en las que se apoya son claras: -violaba el principio de igualdad a la hora de afrontar sacrificios-. De la misma manera que no se puede concebir que unos ciudadanos paguen un IVA diferente de otros; además el texto violaba el “principio constitucional de confianza”, esto es, el que ampara los hechos “jurídicamente definidos en el pasado”. El tribunal también añade que estos pensionistas “que pertenecen a una franja de población vulnerable, crearon sus expectativas de vida basándose en el montante de estas pensiones”.

 

A finales de mayo del 2013. El Constitucional Español admite a trámite la inconstitucionalidad de la supresión de la paga extra del personal laboral decidida por el Gobierno del PP, que fue recurrida por el carácter retroactiva de la misma. Ante esta situación Mariano Rajoy manifestaba: "Lo hicimos porque no había más remedio", a lo que los sindicatos replicaban diciendo que había sido una medida confiscatoria, injusta y de dudosa aplicación, nunca debió suprimir la paga extra de manera retroactiva.

 

Lo curioso de este es que haya funcionarios que todavía voten al PP............cosas veredes Don Sancho que harán fablar las piedras.

 

 

                 José M. Rodriguez

Secretario de organización PSOE de  Almoradí

      Concejal Ayuntamiento de Almoradí

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