EL INDULTO NO PUEDE SEGUIR ASI

JUSTO GIL SÁNCHEZ

Para el común de los mortales indultar significa especie de gracia otorgada a los condenados por sentencia firme, irrevocable, por las que se les remite la pena o se les conmuta por otra menos grave. El derecho de gracia es un acto del Rey, refrendado por el Presidente del Gobierno o por el Ministro de justicia, por el cual se remite total o parcialmente la pena impuesta. Pero su ejercicio efectivo reside, sin embargo, en el Gobierno, de modo que la concesión se hará por Real Decreto que se insertará en el BOE. Fíjense que se anida en el seno de la época del absolutismo monárquico. 

 

Como ciudadanos de a pie hemos tenido oportunidad de visualizar decisiones del Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Justicia, sobre personas con condenas firmes, que nos han hecho avergonzarnos, y que están en la mente de todos, de uno y otro signo. Y, en cambio, en otros casos en que se veía clara la justeza de la decisión, había una actitud renuente o simplemente laxa. Para esa decisión gubernamental no hay razonamiento previo alguno, como sostén de su motivación o explicación del porqué. Así como se exige a los Tribunales motivar sus sentencias y resoluciones para que no vulneren el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), el Gobierno, para indultar, no es preciso que explique nada, que motive nada. Toma su decisión y santas pascuas y alegría. Es evidente que la Constitución española de 1978 no se ha adentrado todavía en ese instituto del derecho de gracia, debiendo ser  verazmente una potestad reglada.

 

¿Es normal que una Ley de 1870 pueda regir un acto tan trascendente como remitir el cumplimiento de una pena que ha sido impuesta por los Tribunales de Justicia, merced a un proceso previo, lento, con todas las garantías, y luego puedan ser “puenteados”, de alguna forma y manera, por otro poder del Estado, como es el Ejecutivo? Pues esto es lo que ha venido sucediendo. ¿No creen que es hora de que amoldemos nuestras normas a la realidad social en que nos ha tocado vivir? En un Estado de Derecho como el que gozamos ¿es bueno que la palabra “discrecionalidad” sea considerada norma por el Ejecutivo de este país? ¿No creen que es llegada la hora que este anacronismo deba pasar al baúl de los recuerdos? ¿No creen que la palabra “transparencia” debe inundar todos y cada uno de los más recónditos confines de la res publica española?. Y esta no es una posibilidad del poder publico, es una exigencia que demanda, pide, la ciudadania de este país que llamamos España

 

¿Dónde están las iniciativas parlamentarias para trocar esta situación? El movimiento se demuestra andando. Se trataría, por tanto, de hacer toda una “actualizacion democrática de nuestras instituciones”, una especie de puesta a punto, para lo que es prioritario – dada la cantidad ingente de indultos que se suceden cotidianamente- la elaboración de una nueva Ley de Indulto, que debe ser considerado como una “excepción” sobre el principio general de la aplicación de la pena impuesta. Es necesario, por tanto, que se concrete y limite los “motivos” por los cuales es factible acceder a ese otorgamiento, a ese beneficio. Que se establezcan los límites, ámbito competencial, tipología delictual, y el cauce procedimental adecuado acorde con el Estado social y democrático de Derecho. Al presente, reiteramos, se halla abierta a la discrecionalidad gubernamental. La única fundamentación de lege ferenda para proveer a ello ha de ser motivos de “justicia material” anudada al sentido de la pena que se establece en el art. 25 CE: la reinserción y la rehabilitación social. Debe estar presente necesariamente el principio constitucional de la “seguridad jurídica”, que implica certeza, previsibilidad, entre otras cosas, para que todos, operadores jurídicos y resto de ciudadanos, tengan asimilado el iter a seguir y que la decisión está fuera de intereses políticos, financieros o de cualesquiera teleología espuria. Naturalmente para evitar esta tentación, la institución competente debiera ser alguien ajeno al Gobierno, por ejemplo, residenciarlo en el Tribunal Supremo. ¿Pero creen que el poder político va a querer “judicializar” la resolución del indulto?. Actualmente se piden informes al Ministerio Fiscal y al propio Tribunal sentenciador, pero esos informe no vinculan al poder político. Es llegada la hora de que el Parlamento se conforme como lo que es: expresión de la voluntad popular, y la ciudadania esta ansiosa porque cambien muchas cosas en este país. Esta, por ejemplo, es una de ellas.

 


JUSTO GIL SÁNCHEZ

Doctor en Derecho

 

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Comentarios: 1
  • #1

    Miguel Gras (domingo, 23 febrero 2014 00:05)

    Estoy completamente de acuerdo compañero, lo que ocurre es que los sucesivos gobiernos que hemos tenido, los de derechas en mayor medida, no han querido modificar leyes que beneficien a los menos favorecidos, teniendo en cuenta que los mas favorecidos se benefician de todo tipo de artimañas, recursos e influencias para lograr beneficiarse de situaciones extraordinarias.

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