NOS LLEVAN AL CIERRE

Ángel Luna Gonzalez

De los múltiples aspectos que han rodeado el esperpéntico proceso de cierre de Radiotelevisión Valenciana, algunos siguen ofreciendo margen a la reflexión. El relativo a la tramitación parlamentaria de la ley que lo ha hecho posible es uno de ellos. Esa tramitación concluyó con un inusualmente duro debate. La gravedad de la medida lo auguraba. Todos los días no se cierra un servicio público que había sido declarado de “carácter esencial” y de “interés económico general” apenas hace un año, mediante una ley aprobada por el propio PP. En democracia, las formas son muy importantes y la manera de hacer las cosas dice mucho del talante y de las intenciones del que gobierna. Juzgar las formas usadas en este asunto no es un rollo reglamentista; puede ser útil para saber lo que nos espera en el futuro.

 

 La liquidación de RTVV se ha producido de forma torticera, mediante una Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular y tramitada por el procedimiento de lectura única. La decisión no fue del Grupo Popular sino del President Fabra, como él mismo anunció en rueda de prensa el 6 de noviembre. Cuando un gobierno pretende llevar a efecto una acción que exige una norma legal, debe presentar al Parlamento un Proyecto de Ley, con todos los antecedentes necesarios para que los diputados puedan debatir sobre el tema con conocimiento de causa. Especialmente, se debe aportar una memoria económica que permita valorar las cargas y beneficios de la operación. Es lo razonable, si se cree en las virtudes de los debates democráticos. La vigente Ley del Consell obliga al gobierno valenciano a actuar de esa forma. Sin embargo, para la liquidación de este servicio público, el Consell ha utilizado la treta de la Proposición del Grupo Popular, presentada días después del anuncio de Fabra. Han evadido, así, la obligación de presentar los estudios, informes y documentos que pudieran justificar la medida. Un auténtico fraude de ley para esquivar un debate fundado en datos y con argumentos.

 

Llevando al límite una situación vergonzosa, han justificado el cierre de RTVV acudiendo a razones de índole económica sin que el Consell haya puesto sobre la mesa un triste informe que permita valorar las consecuencias de la medida, no sólo para las arcas públicas, sino para la economía del sector audiovisual valenciano, en su conjunto. Si no han enseñado números es porque no los tienen o porque los que tienen no les gustan y están mintiendo. En cualquier caso, es evidente que la razón ha sido política y tomada en Madrid, lo que les impedía afrontar un debate con fundamentos económicos.

 

 Por si fuera leve el fraude parlamentario, el Grupo Popular impuso la tramitación en lectura única, procedimiento que elimina el debate en Comisión y la posibilidad de presentar enmiendas a la propuesta. Se trata de una fórmula que limita al máximo la capacidad de intervención de los diputados de la oposición, lo que aconseja un uso muy restrictivo de la misma, si se pretende preservar la funcionalidad del parlamento. En este caso se ha utilizado para eliminar un servicio público, nada menos, y para liquidar un ente de la dimensión y complejidad, material y económica, de RTVV. Total: con una propuesta de dos folios y dos horas de debate, liquidado el asunto.

 

 La televisión tiene un papel insustituible en la vertebración de una sociedad. Según las encuestas, más del 80% de los ciudadanos sólo se informa a través de la televisión. Se puede decir, por tanto, que la televisión es un elemento principal para configurar la realidad, porque los ciudadanos actúan en función de lo que conocen. En ese sentido, la televisión autonómica debía cumplir la función de vertebrar la Comunidad Valenciana a base de ofrecer los mismos contenidos, informativos, recreativos o culturales, en Alicante, Castellón y Valencia, además de proteger la lengua propia. Ya nadie hará ese papel y nuestra Comunidad padecerá un déficit de cohesión en comparación con todas aquellas que sí mantienen su televisión pública, que son todas las demás. Esto es tan elemental que ni siquiera los Estados Unidos, que son el ejemplo del liberalismo y de los medios privados, han renunciado a tener su televisión pública, como recordó en el debate el diputado Josep Moreno. El hecho de que una televisión manipulada hasta la saciedad, como ha sido Canal 9, no haya cumplido eficazmente ese papel no significa que debamos renunciar a exigirlo.

 

 Nuestra autonomía pierde fuerza con esta medida. Sólo las sociedades cohesionadas y autoconscientes tienen fortaleza y capacidad para enfrentarse a los retos difíciles. ¿Cómo se defiende un interés colectivo si sus miembros no tienen consciencia de formar ese colectivo? Siempre nos estamos quejando del poco peso que tienen los problemas valencianos, como la financiación autonómica, en la agenda de Madrid. Tal vez hayamos de aceptar que no hemos sido capaces de construir una idea potente de comunidad, con intereses compartidos que exigen respuestas compartidas y una sociedad dispuesta a movilizarse en defensa de esas respuestas. A crear esa idea debería ayudar una televisión pública hecha desde el pluralismo, la tolerancia y la defensa de los intereses públicos.

 

 En les Corts tendríamos que haber hecho el debate sobre los beneficios que podría aportar la existencia de un medio público así configurado, frente a los costes económicos que supondría su funcionamiento. Fabra y el PP no han querido que se hiciera. Han despachado un asunto de ese calado con la ligereza propia de los que tienen miedo, mucho miedo. Nunca hubiera podido imaginar que alguien que pretende ser líder de una comunidad renunciara, de esta forma, a fortalecerla. Lo que han hecho con RTVV es todo un ejemplo: nos llevan a un desastre generalizado. Nos llevan al cierre y quieren que vayamos, además, en silencio.

 

(Autorizado por el Autor)

 


(Licenciado en Derecho, político y articulísta, Ex Conseller Valenciano, Senador

Diputado en el Congreso y en las Cortes Valencianas, Ex.Alcalde de Alicante.)

 

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