PARAR LA DESBANDADA

Ángel Luna

Cuentan los que han pisado algún frente de guerra que una de las situaciones más difíciles de gestionar se produce cuando el avance del enemigo hace dudar a los soldados propios sobre su capacidad para resistir el ataque. En esos casos, no son pocos los que consideran seriamente la posibilidad de abandonar su posición para salir huyendo o, lo que es peor, para rendirse al atacante. Llegado ese dramático momento, parece que lo normal es que el oficial al mando se sitúe detrás de su tropa amenazando, abiertamente y pistola en mano, con descerrajar un tiro a aquel que flaquee en el cumplimiento del deber de combatir. Algo así parece estar ocurriendo en la Administración de la Generalitat Valenciana.


El pasado miércoles, este periódico daba cuenta de una Orden del Conseller de Hacienda, publicada en el Diario Oficial el 10 de diciembre, dirigida a evitar filtraciones de documentos “sensibles”, por parte de los funcionarios de la Generalitat. La descripción del amplio catálogo de acciones limitadas o prohibidas, viene acompañada de la correspondiente amenaza de emprender acciones disciplinarias contra todo aquel que incumpla las normas de uso establecidas por la Orden citada. Al parecer, el Consell de Fabra está convencido de que hay muchos funcionarios tratando de salvar la cara o trabajando ya para el enemigo y trata de poner coto al problema, “pistola en mano”. Mal deben estar viendo las cosas cuando se deciden a actuar de esa manera. La Orden es una muestra de nerviosismo y debilidad más que evidente y pone de manifiesto lo difícil que debe estar siendo el día a día en la Administración autonómica.


Hasta hace muy poco, el PP había conseguido mantener la ley de silencio y opacidad imperante en la Generalitat desde los tiempos de Zaplana. Los diputados de la oposición han venido chocando contra un muro, a la hora de recabar información para cumplir con su labor de control del ejecutivo. Eso sólo ha sido posible gracias a la impenetrabilidad del sistema y esa impenetrabilidad sólo se ha podido mantener gracias a la colaboración, de grado o por fuerza, de muchos funcionarios que conocían la factura irregular de numerosos expedientes administrativos y que sabían que la oposición y los medios independientes buscábamos documentar las denuncias de abusos ejercidos desde el poder. La fortaleza del dominio político del PP también se ha cimentado en esa colaboración para mantener ocultos papeles que pasaban por muchas manos, pero no salían nunca del circuito administrativo. Pero, ahora, las cosas están cambiando.


Supongo que esos funcionarios han tomado nota de la actitud de sus jefes a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a los procedimientos judiciales derivados del caso Gürtel. Ninguno ha asumido su responsabilidad y todos han descargado culpas en quienes tramitaban los expedientes. Si hay que creer a los Consellers y demás altos cargos imputados, un ejército de funcionarios de las diferentes consellerías coincidieron casualmente en la práctica de trocear contratos y adjudicárselos a las empresas de la trama Gürtel, siempre mediante procedimientos negociados y sin publicidad a los que sólo se invitaba a empresas pertenecientes o relacionadas con ese grupo. Esta versión resulta inverosímil, pero es la que están manteniendo estos altos cargos ante los jueces instructores, con el mayor desparpajo. Como, además, los que ponían las firmas en los papeles eran los funcionarios que formaban las mesas de contratación y hacían los informes, resulta evidente que éstos, los funcionarios implicados, tienen encima un serio problema. No me extraña que algunos le hayan visto las orejas al lobo y estén intentando aflorar las irregularidades antes de que lleguen a la fase judicial, para buscar una vía de escape.


Pero es que, además, los empleados públicos empiezan a asumir que, dentro de poco, cambiarán de jefes. La información política también circula en el seno de la Administración y sus integrantes están al cabo de la calle sobre lo que van pronosticando las encuestas. ¿Qué sentido tiene guardar fidelidad a aquél que se irá y no podrá protegernos o que, en el peor de los casos y si afloran problemas, acabará aliviando sus responsabilidades sobre nuestras espaldas? La tentación de huir o entregarse al enemigo es muy verosímil y la mejor manera de hacerlo es ofrecer esa jugosa información que los medios califican de “sensible”.


Todas estas reflexiones las han hecho, sin duda, en el Consell de Fabra, antes de aprobar la Orden que pretende evitar la desbandada. Pero hay más. El miércoles también supimos que el Tribunal Superior ha anulado la reforma de la estructura administrativa que aprobó Camps y ejecutó Fabra, reforma que permitió hacer una purga de jefes de servicio en las diferentes consellerías y, así, aumentar el control. La consecuencia es que muchos de los defenestrados entonces van a tener que ser repuestos y, como es lógico, podrán acceder a archivos y documentos, para terror de los obsesos del secreto y la ocultación.


Cuando, en el campo de batalla, el capitán tiene que desenfundar la pistola para amenazar a sus propios soldados, es que la guerra está perdida. Los dirigentes del PP, que manejaban un ejército clientelar en la Administración y en muchos organismos públicos, están abandonando a su suerte a los integrantes de ese ejército (caso de muchos empleados de RTVV) o están descargando en ellos sus propias responsabilidades. No pueden extrañarse si intentan defenderse con todas las armas a su alcance. Después de todo, muchos aprendieron a cometer irregularidades bajo su mando y no creo que las que cometan ahora, desvelando lo que conocen, sean de mayor magnitud que las perpetradas anteriormente, en el ejercicio de su cargo. Es el fin de un régimen y no parece que lo vayan parar con una Orden amenazante.

 

Ángel Luna González

 


(Licenciado en Derecho, político y articulísta, Ex Conseller Valenciano, Senador

Diputado en el Congreso y en las Cortes Valencianas, Ex.Alcalde de Alicante.)



 


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