SIN EXPLICACIONES SOBRE FABRA

Ángel Luna González

Embarcados, como estamos, en cuestionar de arriba abajo nuestro sistema político con la intención de hacerlo perfecto y sin mácula, solemos pasar por alto el cumplimiento de las más elementales obligaciones propias de un régimen democrático. Nos obsesiona encontrar el método perfecto para seleccionar candidatos y ordenar listas mientras, en el día a día de la acción de gobierno, se permite a los gobernantes esconder las vergüenzas más groseras, producto de sus actos. Esto viene al hilo de la reciente condena a Carlos Fabra, dictada por un Tribunal de Castellón y de las diferentes reacciones que la misma ha suscitado.

Para algunos, empezando por el propio condenado, la sentencia ha sido un alivio. Hemos oído a representantes del PP hablar de condena por delito fiscal, calificando el hecho de una cuestión de carácter privado ajena a la actividad política, al tiempo que resaltaban la ausencia de condena por los delitos de tráfico de influencias o cohecho. Una elemental manera de asimilar el asunto a una declaración de limpieza en materia de corrupción y de sacar pecho por ello. Como lo oyen. No importa que el Tribunal declare que la versión de Fabra sobre el origen de sus escandalosos ingresos es “ilógica”, “absurda” o “inverosímil”. Como no se han podido probar fehacientemente, según el Tribunal, todos los elementos constitutivos de los dos delitos citados, no hay corrupción… y todos tan contentos.

Hay mucho que objetar, desde el punto de vista del derecho penal a la sentencia dictada, pero de ello se encargará el Tribunal Supremo, cuando resuelva los recursos anunciados. Sin embargo y dado que nos encontramos ante unos hechos que afectan a un destacado dirigente político, que lo ha sido durante muchos años y que ha mantenido esa condición cuando ya se conocían muchos de los hechos valorados en la sentencia, cabe analizar el asunto desde la óptica de la política democrática para alcanzar la verdadera dimensión del fenómeno que nos ocupa. El PP sigue exprimiendo, a conveniencia, la doctrina que asimila las responsabilidades políticas a las penales, dando un paso más en el despropósito. Ahora resulta que los delitos que denominan “privados” tampoco exigen asumir responsabilidades políticas, lo que les permite seguir como si nada hubiera pasado y mantener al condenado Fabra como Secretario General de la Cámara de Comercio de Castellón y como miembro del Consejo de Administración del puerto de esa Ciudad. Es lo que hace, por ejemplo, el otro Fabra, el President.

Más allá del delito fiscal y de su grotesca calificación como delito “privado”, lo cierto, y declarado probado por la sentencia, es que alguien que ha dispuesto de mucho poder y mucha influencia ha acumulado unos ingresos absolutamente desorbitados, ingresos que no puede justificar de ninguna forma, según las percepciones que ha declarado oficialmente. Y la cuestión es: ¿nadie en el PP se siente en la obligación de exigirle que explique, en público y de una manera verosímil, de dónde salen esos ingresos? Parece que no y esto es lo grave porque anuncia que, en el futuro, un manto de impunidad va a seguir protegiendo a más que presuntos corruptos.

Si se quiere acabar, de verdad, con la corrupción, no hay más que un camino: llevar al límite la exigencia de transparencia en todo aquello que rodea las acciones y decisiones de los que desempeñan funciones públicas. Esto incluye la obligación de los gobernantes de ofrecer explicaciones, razonables y verosímiles, sobre sus actividades, aunque las califiquen de privadas, cuando estas actividades les proporcionan ingresos o beneficios de cualquier clase. No hay mejor medida que esa y el resto son parches que actúan a toro pasado. La corrupción pone de acuerdo al corrupto y al corruptor y no suele haber documentos ni testigos que puedan acreditar los entresijos de los negocios realizados. Coinciden las ambiciones de uno y de otro y ambos están muy interesados en que las cosas no salgan del secreto.

 

Por eso es tan difícil que la acción de la justicia tenga éxito en la persecución de este tipo de delitos. Sólo cuando se producen enfrentamientos entre delincuentes o algún error o filtración llegan a buen final los sumarios judiciales. Pero eso no quiere decir que haya que aceptar, pasivamente, la existencia de la corrupción. Se pueden hacer muchas cosas y ahí entra la acción de la política y el papel de los políticos, pero también y fundamentalmente, el de los ciudadanos.

 

Hay que ser radical, con estos temas. Donde hay opacidad, ocultamiento o secreto debe haber sospecha. Quien se esconda debe ser tratado como presunto corrupto, aunque no haya procedimiento judicial abierto o éste se haya archivado por falta de pruebas. No es posible aceptar que siga desempeñando su papel, como si nada, cualquier cargo público que, interrogado por sus actividades o sus ingresos, no sea capaz de dar las explicaciones adecuadas, las veces que haga falta. Da igual que las explicaciones las pida un ciudadano, un periodista o un diputado de la oposición. Tiene que haber una reacción ciudadana que incluya desde asociaciones o medios de comunicación hasta partidos políticos, que fuerce a un ejercicio de transparencia permanente, que haga sentir el rechazo social a aquellos que buscan el secreto y la sombra. A los partidos políticos no les puede salir gratis tolerar, entre sus filas, la falta de explicaciones. Sólo si los ciudadanos castigan a aquellos que, amparando la opacidad facilitan la corrupción, podremos salir airosos de esta pelea. Si los ciudadanos se refugian en el manido “todos son iguales”, ante situaciones como la protagonizada por Carlos Fabra y el PP, el problema de la corrupción no tendrá arreglo, por muchos jueces, policías o fiscales que se dediquen a ello.

 

Ángel Luna González


(Licenciado en Derecho, político y articulísta, Ex Conseller Valenciano, Senador

Diputado en el Congreso y en las Cortes Valencianas, Ex.Alcalde de Alicante.)

 


Autorizado por el autor

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

LA PRENSA




SERVICIO PUBLICO

TELEFONOS DE INTERES

Ayuntamiento

96 570 01 01

96 570 03 26

Centro de Salud

96 570 01 28

Cruz Roja

96 678 12 22

Telefono del Mayor 

900 10 00 11

Policia Local

96 678 33 86

96 678 16 26

Guardia Civil

96 570 01 28

Bomberos

96 678 22 85

Urgencias

112

Farmacias de guardia en Almoradí


Cita previa Seguridad Social


D.N.I. y Pasaporte

Selecciona tu idioma en el icono siguiente

You can read "Almoradi Socialists" in your language.
 

Si estas afectad@ por la ley hipotecaria clika en el logo y te informaremos.
Si estas afectad@ por la ley hipotecaria clika en el logo y te informaremos.