José M. Rodriguez "Colmenero"

La gran idea del PP, es que vamos a pagar un impuesto según los metros cuadrados de insolación de nuestros tejados, es decir: si Ud. tiene unas paneles solares en su casa para producción de energía eléctrica, aunque la inversión haya salido de su bolsillo, Ud. pagará por producirla, pagará en función de la superficie que ocupen esos paneles (ya que son generalmente proporcionales a la potencia suministrada).

El Estado además rompe unilateralmente el contrato suscrito con los ciudadanos y las empresas, en el sentido de la subvención de la producción del kilovatio era hasta el año 2025, lo cual ha generado una inseguridad jurídica, ya que primero promocionan las inversiones para la "energía verde", y cuando realizas la inversión, te cambian las reglas de juego. Ante esta situación kafkiana, las grandes empresas del país protestan por lo que consideran es una "expropiación encubierta".

Según publica hoy 19 de octubre El País. España tiene abiertos una multitud de pleitos internacionales presentados por las empresas de energía renovables, y pleitos en España presentados por las grandes empresas eléctricas; todo un "chollo" para los abogados que tendrán que presentar una gran cantidad de recursos y demandas contra el Estado.

Los arbitrajes vienen dados por la supuesta vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía. El principal es el presentado por 16 inversores (AES, Solar, GWMLux Energía Solar, Eoxis Energy, Ampere Equity Fund, Element Power, European Energy, entre otros muchos) por el recorte de primas a la energía fotovoltaica aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las indemnizaciones que reclaman, según fuentes del sector cifraban en unos 600 millones.

“Estas empresas alegan que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto sus legítimas expectativas lo que constituye una expropiación en toda regla.

Conclusión: ¿Quienes pagarán las indemnizaciones?, ¿El Estado?, ¿y quién es el Estado? pues los "paganinis" de siempre, es decir los ciudadanos, ya que será lo mismo que se ha hecho con el rescate a la Banca, con la diferencia que en este caso, a mi juicio, las empresas demandantes tienen razón

J. M. Rodríguez