LA CRIMINALIZACIÓN DE GALLARDON DE LA PROTESTA SOCIAL

José M. Rodriguez "Colmenero"

20-09-13

Todos los demócratas y la ciudadanía estamos con el corazón metido en un puño por el desvarío y antidemocrática del Gobierno del PP, con el su ángel exterminador al frente, perseguidor de toda criatura viviente y "no -nacida", señor Alberto Ruíz Gallardón, a la sazón Ministro de Justicia, y que trae entre sus manos el anteproyecto de Reforma del Código Penal, cosa muy sucia y execrable, de la cual todos los ciudadanos, moradores, habitantes, lugareños, naciones y pueblos, así como hombres de bien con sentido común, expresamos nuestro rotundo rechazo y la exigencia de la retirada de dichos textos.

Porque además lo hace con alevosía y nocturnidad, ya que no lo ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPPJ) ni al Consejo Fiscal, como es preceptivo. Pero este presunto "adalid de la libertad", se lo pasa "por el forro" y puentea la Ley Orgánica del Poder Judicial, violando flagrantemente las bases en las que se asienta un Estado democrático y de Derecho (que de esto no sabe mucho, aunque es jurista).

Si esto comienza así, no queremos saber cómo será cuando finalice la Reforma del Código Penal con el interés que tiene de seguir ninguneando a la ciudadanía, para dejarnos en una posición de indefensión legal ante las situaciones de "protesta social" y criminalizarnos lo más que pueda.

Este cabeza pensante de las Facio del PP desea transferir a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado un aumento de autoridad y control desproporcionado, injusto y arbitrario con el objeto de "criminalizar" la movilización social de la ciudadanía contra sus políticas antisociales; intentado equiparar las prácticas pacíficas de las que no las son.

Este "iluminado", intentando apoyarse en la ley del miedo y de la seguridad de un grupo de ciudadanos no-demócratas pretende considerar delito de atentado contra la autoridad la "resistencia pasiva", confundiendo esto con un comportamiento violento.

Y para rematar, y como actitud totalitarista, el Señor Gallardón aspira a que "la ocupación en grupo de domicilios jurídicos o privados, despachos, oficinas o establecimientos comerciales, aunque se encuentre abierto al público” (será por las sedes del PP) sean punibles.

Esto es tan descabellado como transformar en delito una manifestación porque afecta al tráfico rodado en algunas calles de una gran ciudad. Todo esto parece pensado para impedir el derecho a movilizaciones en lugares tales como: sucursales bancarias, empresas, oficinas de empleo, parlamentos, etc. Esto es despótico y gravísimo porque tipifica como agravante que la ocupación sea consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión, a los que pone antidemocráticamente límites, algo incompatible con el Derecho Internacional.

Todo lo anterior supondrá penas de seis meses a tres años de prisión

El "innombrable", pretende transformar el 559 para que penalice “la distribución o difusión por cualquier medio de mensajes que inciten a la comisión de la alteración del orden público. La vaguead de la expresión “mensajes o consignas que inciten” permite una interpretación demasiado amplia contrarias a la previsibilidad y precisión exigibles a la ley. En realidad lo que subyace es que este artículo sirva de comodín para penalizar la crítica política y la opinión, algo absolutamente contrario al Derecho Internacional, y al ejercicio de los derechos cívicos.

Da la sensación que estuviera protegiendo actuaciones de provocación policial, documentadas mediante vídeos, para justificar cargas posteriores de las UIPs contra manifestantes. Recordando de paso esas mismas protestas sociales, en un pasado reciente cuando se llevaron a cabo no eran delito y que en ningún momento produjeron riesgos personales ni materiales.

El Código Penal de un Estado democrático no puede verse sometido a la imprecisión de su redactado, que vulneran el principio de legalidad, algo incompatible con la seguridad jurídica que exige el Estado de Derecho democrático, sin que se resienta su legitimidad.

En consecuencia el puenteo del CGPJ y la arbitrariedad de castigar el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación, pretendiendo disuadir a quienes participan en la protesta social de seguir haciéndolo, el nuevo Anteproyecto de Código Penal supone una regresión hacia formas prodemocráticas por lo que exigimos la retirada del mismo.

 

J.M. Rodríguez "Colemenero"

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 1
  • #1

    Miguel Gras (viernes, 04 octubre 2013 23:34)

    La criminalización de a libertad de expresión es tal con este gobierno que puede ser que se llegue a juzgar por lo criminal a cualquier manifestante.

LA PRENSA




SERVICIO PUBLICO

TELEFONOS DE INTERES

Ayuntamiento

96 570 01 01

96 570 03 26

Centro de Salud

96 570 01 28

Cruz Roja

96 678 12 22

Telefono del Mayor 

900 10 00 11

Policia Local

96 678 33 86

96 678 16 26

Guardia Civil

96 570 01 28

Bomberos

96 678 22 85

Urgencias

112

Farmacias de guardia en Almoradí


Cita previa Seguridad Social


D.N.I. y Pasaporte

Selecciona tu idioma en el icono siguiente

You can read "Almoradi Socialists" in your language.
 

Si estas afectad@ por la ley hipotecaria clika en el logo y te informaremos.
Si estas afectad@ por la ley hipotecaria clika en el logo y te informaremos.